Más de 7.000 empleados públicos
puertorriqueños terminarán su vínculo laboral con el Gobierno a
partir del próximo mes de julio, anunció el miércoles María Sánchez Brás,
directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Sánchez Brás justificó la medida por el escaso éxito en la
implantación de la Fase I y III de la Ley de Despidos Masivos (ley
7) del 9 de marzo de 2009, que incentiva a los empleados públicos a
acogerse, a través de ayudas públicas, de forma voluntaria al plan
del Ejecutivo.

La responsable gubernamental señaló que el ahorro generado hasta
el momento con la implantación de la Fase I y III del plan asciende
a 236 millones de dólares, muy lejos de la meta marcada por el
Ejecutivo del anexionista Luis Fortuño de 2.000 millones de dólares.

Sánchez Brás resaltó, además, que en la actualidad el 70 por
ciento de los gastos gubernamentales corresponden a nóminas de
empleados estatales.

Por su parte, el secretario del Departamento de Trabajo y
Recursos Humanos, Miguel Romero, recordó que hasta el momento se
hicieron efectivas un total de 2.480 renuncias voluntarias
incentivadas.

Romero explicó que los despidos comenzarán por los empleados
públicos de menor antigüedad y por los que fueron contratados por la
pasada administración durante el último periodo, "de veda",
electoral.

El último informe del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
señaló que la tasa de desempleo en Puerto Rico alcanza ya al 14,7
por ciento de la población activa.

Fortuño reiteró que la única manera de reducir el déficit
estructural de más de 3.200 millones de dólares del país es por
medio de un plan de despido de funcionarios, que podría afectar a
más de 30.000 empleados públicos, y con la privatización de las
principales corporaciones de la isla.