El 15 de noviembre, tras tres días y medio de deliberaciones, el jurado dictó sentencia en los juicios federales por soborno contra el jefe del sindicato IBEW Local 98, John Dougherty, y el concejal de Filadelfia, Bobby Henon, declarando a ambos culpables de la mayoría de los cargos que se les imputaban, y provocando una gran conmoción en el mundo sindical y político de la ciudad.

Dougherty ha prometido apelar la decisión, pero la condena les costará a él y a Henon sus puestos de trabajo, y podría enviarlos a la cárcel hasta 20 años por el delito más grave. Henon

En resumen, los fiscales convencieron a los miembros del jurado de que Dougherty, que mantenía a Henon con un sueldo de 70.000 dólares al año en el sindicato, había comprado los poderes de su cargo en el Ayuntamiento.

A lo largo del juicio, los fiscales reprodujeron una serie de llamadas telefónicas intervenidas entre el concejal y el jefe del sindicato, en las que este último imploraba a Henon que introdujera legislación o frenara las negociaciones en función de sus planes en el sindicato y obtuviera ventajas.

Antes de entrar en el Ayuntamiento, Henon había ascendido en las filas del sindicato IBEW Local 98 primero como electricista, luego delegado, subcapataz y capataz antes de ser nombrado por Dougherty director político del sindicato. 

En 2011, se postuló para sustituir a la concejala Joan Krajewski, que se jubila, para representar al Distrito 6.

A pesar de la tensa naturaleza ética de las interacciones de Dougherty y Henon, sus abogados defensores argumentaron que eran el curso normal de cómo se hacen los negocios en el Ayuntamiento. 

Filadelfia tiene una larga historia de acuerdos por la puerta trasera y de corrupción flagrante que ha sido una mancha en el órgano de gobierno de la ciudad durante toda su existencia. El capítulo Dougherty-Henon es sólo la última versión.

Tras los veredictos, el Philadelphia Inquirer encontró muy pocos concejales dispuestos a hablar de los efectos de las condenas y de cómo será el futuro del órgano de gobierno.

El presidente del Consejo, Darrell Clarke, emitió un breve comunicado en el que afirmaba que "el Consejo de la Ciudad no se ha distraído con el juicio, y sigue centrado en los asuntos urgentes a los que se enfrenta nuestra ciudad."

"Aunque siempre es difícil conocer un veredicto de culpabilidad por cargos de conspiración de un miembro de este órgano legislativo, el jurado ha hablado y respetamos su veredicto", dijo también.

La voz más fuerte que surgió del Ayuntamiento tras las condenas de Henon y Dougherty fue la concejala María Quiñones-Sánchez.

Ella ha sido durante mucho tiempo una de las principales críticas del IBEW Local 98, y ha criticado a Henon por seguir formando parte del Ayuntamiento mientras se enfrenta a cargos federales. 

Su principal queja ha sido siempre el salario sindical de 70.000 dólares al año de Henon, además de su sueldo de 140.000 dólares al año en el Ayuntamiento.

Tras la condena de Henon, Quiñones-Sánchez hizo una declaración en la que pedía que se prohibiera el empleo externo de los concejales. También pidió la dimisión inmediata de Henon.

"La posibilidad de que aparezca un conflicto de intereses es simplemente demasiado fuerte y erosiona la confianza pública", dijo. "No se puede discutir que un empleo externo tiene el potencial de comprometer la integridad de nuestros miembros".

Quiñones-Sánchez continuó señalando que el Ayuntamiento tiene un "generoso salario" en "la gran ciudad más pobre de América".

"Ciertamente, nuestros deberes legislativos merecen toda nuestra atención", dijo.

La oficina de Henon emitió un comunicado en el que garantizaba que los servicios seguirían estando disponibles para la comunidad en el futuro. No tiene que renunciar a su cargo en el Ayuntamiento hasta su sentencia, que llegará en febrero de 2022.