A última hora de la tarde del martes 14 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó una orden judicial inmediata para prohibir a Texas la aplicación de su nueva y restrictiva ley, que prohíbe de hecho la mayoría de los abortos. 

Además de prohibir el aborto a partir de la sexta semana de embarazo -antes de que la mayoría de las personas sepan que están embarazadas-, la medida, la S.B. 8, también permite a los ciudadanos particulares interponer demandas civiles contra los proveedores de abortos, o contra cualquiera que ayude a una persona a acceder al procedimiento.

Quienes infrinjan la ley deberán pagar al menos 10.000 dólares a la persona que haya presentado la demanda. 

El gobernador republicano Greg Abbott firmó la medida en mayo, y Texas se unió a docenas de otros estados que han aprobado leyes que prohíben los abortos en las primeras etapas del embarazo. Estas medidas se conocen como "proyectos de ley sobre el latido del corazón", ya que pretenden prohibir los procedimientos en cuanto se detecta el latido del corazón del feto.

Después de que la prohibición entrara en vigor a principios de este mes, el fiscal general Merrick Garland emitió un comunicado en el que prometía que el Departamento de Justicia "seguiría protegiendo" la seguridad de las personas que buscan abortar en Texas.

El presidente Biden se refirió a la ley como "extrema" en un comunicado y dijo que viola el caso Roe v. Wade, que protege los derechos de libertad y autonomía reproductiva. 

El martes, el Departamento de Justicia dijo que, si se concede la orden, la ley no sólo no debe aplicarse mientras esté vigente, sino que también debe informarse a quienes intenten aplicarla de que ya no tienen autoridad para hacerlo. 

La solicitud se presentó en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas y en ella se afirma que la ley es inconstitucional y constituye un "plan sin precedentes" que pretende negar a las mujeres y a los proveedores de atención sanitaria la posibilidad de impugnar la ley en los tribunales federales. 

El departamento solicita una orden de restricción o un mandato judicial preliminar para "proteger los derechos constitucionales de las mujeres de Texas", los intereses de EE.UU. en cuanto a la adhesión a la Constitución, y las agencias y empleados federales cuyas acciones legales estarían prohibidas por la ley. 

El departamento presentó una demanda contra la prohibición estatal de todos los abortos después de que se detecte actividad cardíaca en el feto, lo que ocurre antes de que la mayoría de las mujeres descubran que están embarazadas. No hace excepciones para los casos de agresión sexual o incesto. 

El Tribunal Supremo de EE.UU. se negó a bloquear la ley y ésta entró en vigor el 1 de septiembre. 

El lunes 13 de septiembre, la jueza Karin Crump del Tribunal del Distrito 250 emitió una orden que bloqueaba temporalmente al grupo antiabortista Texas Right to Life para que no pudiera demandar a Planned Parenthood de Texas y a sus proveedores de abortos en virtud de la ley S.B. 8. 

Crump dictaminó que el grupo no puede presentar una demanda contra Planned Parenthood hasta que se haya dictado una sentencia definitiva en la demanda del Departamento de Justicia.

También consideró que Planned Parenthood podría sufrir un daño duradero sin la orden judicial y que el Departamento de Justicia probablemente triunfará en su demanda, lo que podría bloquear la ley de forma permanente. El juez Crump fijó la fecha del juicio para el 4 de abril de 2022. 

Oregón y otros 23 estados, entre ellos Hawai, Maine, Illinois, Massachusetts y Nuevo México, se han unido al Departamento de Justicia en sus esfuerzos por impugnar la prohibición del aborto.

La fiscal general de Oregón, Elen Rosenblum, presentó el miércoles 15 de septiembre un escrito de amicus curiae, en el que respalda la petición del Departamento de Justicia de una orden judicial que detenga la nueva ley inmediatamente.

"Esta ley antiaborto es inequívocamente inconstitucional. Al convertir a los ciudadanos privados en 'cazadores de recompensas' que apuntan a cualquiera, incluidos los profesionales médicos, que ayudan a alguien a obtener un aborto, Texas está ignorando derechos legales bien establecidos y la ley federal", dijo Rosenblum en un comunicado.

Según Jodi Hicks, presidenta y consejera delegada de Planned Parenthood California, cada vez son más los residentes de Texas que viajan a California para concertar citas para abortar.

"Ya hay personas que se despertaron esta semana y descubrieron que tienen más de seis semanas de embarazo y necesitan encontrar servicios, y están teniendo que viajar aquí a California para conseguirlos", dijo Hicks a KPIX 5. 

Las leyes restrictivas como la S.B. 8 no impedirán que se produzcan abortos, simplemente harán que el procedimiento sea más caro, más molesto y posiblemente más peligroso.