No es primera vez que escritores y periodistas destinan su labor a la deconstrucción de personajes políticos.

Tampoco es la primera vez que alguien sugiere que Donald Trump no tiene la cabeza muy bien puesta sobre los hombros.

Pero la publicación del libro de Michael Wolff Fire and Fury: Inside the Trump White House, dista mucho de ser una recopilación de recuerdos (como fue el caso del secretario de prensa de Bush, Scott McClellan) o una compilación de diagnósticos psiquiátricos como The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President.

Primero que nada, el libro de Wolff fue ampliamente mediatizado por la intervención del ex estratega jefe del gabinete presidencial, Stephen Bannon como personaje y vocero de la colusión entre la campaña Trump y funcionarios Rusos, y en segundo lugar, Donald Trump ha sido el primer presidente en iniciar un proceso legal para evitar la publicación de un texto que podría o no decir verdades comprometedoras sobre su gobierno.

No hace falta leer los textos para saber que el comportamiento del actual presidente estadounidense es todo menos presidencial: impulsividad, agresividad verbal, instigación a la violencia y comentarios de megalomanía (en especial cuando se trata de “botones nucleares”) han dado parcialmente la razón a quienes consideran que la poca conexión con la realidad y la paranoia de la que sufre Donald Trump, podrían ser indicativos de su inhabilidad para mantener el puesto.

Allen Frances, antiguo director del departamento de psiquiatría en la Duke University School of Medicine – y quien ayudó a desarrollar los estándares de diagnóstico en la profesión – aseguró al New York Times que el presidente “es definitivamente inestable e impulsivo. Es un narcisista de primera clase no sólo ahora sino desde hace años. No se puede especificar su incompetencia e inhabilidad para ser el líder del mundo libre, pero eso no le hace un enfermo mental”.

Y es que diagnosticar a un individuo – en especial al presidente de Estados Unidos – desde afuera, sin haber hecho un examen de rigor al respecto (es decir, sin evaluarle como paciente sino desde su actitud como personaje público) no sólo es subjetivo sino que también podría violar la ley federal.

Así lo explicó el Dr. Jeffrey Lieberman de la Universidad de Columbia en Nueva York a través de la plataforma de investigación Medscape, para quien proclamar de manera pública los diagnósticos y las opiniones clínicas sobre el presidente, “viola el principio fundamental de la psiquiatría y nuestra ética profesional. Más aún, pone en riesgo la reputación de nuestra disciplina”.

Lieberman, quien fuera asesor de la campaña de Hillary Clinton en salud mental – y quien se considera en desacuerdo con las políticas de la presidencia actual – advierte sobre la tendencia de algunos de sus colegas de ceder en “el impulso de hablar e inclinarse hacia el activismo”.

Siendo partidario de la Primera Enmienda y consciente del derecho de cada ciudadano a expresar su opinión, Lieberman explica que no se trata aquí de la Guerra de Vietnam, del Movimiento de los Derechos Civiles o de los derechos al aborto, sino que se trata del delicado tema de la salud mental de un presidente.

“La psiquiatría posee una capacidad más grande de abuso que otras especialidades médicas porque puede ser utilizada para evitar los procesos legales y gubernamentales estandarizados para establecer culpa, inocencia o competencia”, explica el especialista.

Esto nos lleva a recordar la famosa regla Glodwater, una convención de la American Psychoanalytic Association (APA) que establece que “ningún psicólogo debe dar una opinión sobre el estado mental de una persona que no ha examinado”. Barry Goldwater fue candidato republicano a la presidencia en 1964 quien vio su carrera frustrada por un artículo publicado en una revista nacional en la que 1.189 psiquiatras aseguraban que estaba psicológicamente inhabilitado para ser presidente.

La regla que se transformó en bandera dentro de la profesión en Estados Unidos, ahora vuelve a hacer acto de presencia versus el presidente Trump a quien varios especialistas consideran como una “personalidad narcisista”.

Y es esta especulación la que ha dado falsas ilusiones a quienes creen que esta podría ser la primera vez en que la Enmienda 25 pueda ser utilizada para remover a un presidente de su puesto por incapacidad. Pero al leer las disposiciones de este artículo constitucional, es el vicepresidente y el gabinete presidencial quienes tienen el poder de poner al presidente a disposición del Congreso, y eso es altamente improbable hoy día.

De una u otra manera, la estigmatización del presidente y el ataque continuo a su incapacidad mental no soluciona el problema que tenemos enfrente: hay decisiones que están siendo tomadas en contra de la voluntad mayoritaria del país y en detrimento de la misma. Antes de hablar de un impeachment o de una enmienda constitucional, debemos enfocarnos en la medida democrática fundamental: el ejercicio del voto, y dejar de lado falsos patriotismos que disfrazan medidas desesperadas.