Trump, año dos: la política de mano dura ontra la inmigración continúa.

Mientras el país se entretiene con la polémica despertada por el libro Fire and Fury, donde varios colaboradores del presidente le atacan y cuestionan su capacidad para ejercer el poder, Donald Trump anunció el lunes la posible deportación de 263,000 refugiados salvadoreños. Todos ellos se acogían al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que da permiso legal para residir en EE.UU a aquellos inmigrantes que huyen de una guerra, desastre natural o epidemia en su país.  En el caso de los refugiados salvadoreños, la mayoría llegaron en los ochenta y en los noventa, y estan hoy bien integrados en el país. Una nueva oleada de refugiados haitianos entró amparada por el TPS en 2001, huyendo de los terremotos que asolaron el país, dejando más de 3,000 muertos.

"Después del terremoto causado por el libro Fire and fury – que ha supuesto un fuerte atentado contra su imagen – Trump necesitaba reencontrarse con la base más fiel de su electorado y nada mejor que anunciar la expulsión de inmigrantes ilegales”, observa el diario La Vanguardia.

Según el diario El País, “el TPS se ha convertido en un blanco fácil para la política de mano dura en inmigración de Trump”. Los críticos con el TPS defienden que sirve para ofrecer protecciones migratorias temporales y no permanentes, mientras que los defensores critican que es inseguro para los inmigrantes volver a sus países”, observa el diario español.

El próximo 30 de enero, el presidente Trump pronunciará en el Congreso su discurso sobre el estado de la Unión, y es allí donde dará a conocer su agenda política detallada para el segundo año de su presidencia.

La comunidad salvadoreña en EE.UU se concentra principalmente en California y en el área metropolitana de Washington D.C. Según el Centro de Estudios sobre Migración, muchos llevan más de 20 años viviendo en EE.UU, tienen empleo y han tenido hijos. Se calcula que un total de 190,000 ciudadanos estadounidenses son hijos de estos inmigrantes

Consciente de los peligros de disgregación familiar, Trump ha dado plazo hasta setiembre de 2019 para regularizar su situación, o serán deportados.

Según apuntan los analistas políticos, este año y medio de plazo da margen a Trump para negociar con los demócratas en el Congreso. Trump necesitará apoyo para que se apruebe un presupuesto de 18,000 millones de dólares para la construcción del muro.

A cambio de este dinero, Trump también ha prometido que pondrá una solución a los “Dreamers”, los jóvenes indocumentados amparados por el programa DACA. Este programa fue implementado por el expresidente Barack Obama en 2012 y daba permiso legal temporal para vivir y trabajar en EE.UU a todos aquellos indocumentados que entraron en el país con menos de 16 años.

En EE.UU, residen más de 700,000 “Dreamers”, en su mayoría de origen mexicano, a pesar de muchos abandonaron su país de origen en pañales y han crecido en Estados Unidos.

El pasado septiembre, el presidente Trump decretó el fin del programa DACA – poniendo en riesgo de deportación a más de 200,000 "Dreamers" que debían renovar su permiso DACA este año – y ha dado plazo al Congreso hasta marzo para que encuentre una solución para los afectados.

En EE.UU. hay otras comunidades que han visto como se esfumaba su protección TPS bajo Trump, como los haitianos (más de 60.000), nicaragüenses (5,000) y sudaneses. Los hondureños – más de 57,000 – son los únicos que han tenido la suerte de ver prolongado su estatus hasta el próximo mes de julio.

El diario El Mundo recoge las declaraciones del presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, tras reunirse el pasado viernes con la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU.,  Kirstjen Nielsen, a la que intentó convencer de que extendiese el plazo a los inmigrantes de su país. Según Sánchez Seren, “la economía de su país, con 6,2 millones de personas, depende de los trabajadores que residen en Estados Unidos”.