El Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez,
ha intervenido un total de 3 millones de hectáreas de tierras, lo que
representa el 10% de los terrenos con potencial productivo del país,
afirmó hoy el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo.

El ministro explicó que en Venezuela existen "450.000 pequeñas,
medianas y grandes fincas" que suman "cerca de 30 millones de hectáreas"
con vocación agrícola, pecuaria y forestal.

"De esta
cantidad, el Estado ha recuperado 3 millones, lo que representa el 10%.
Esto significa que la mayoría de las tierras están en manos de
productores y campesinos" privados, declaró Loyo, según la estatal
Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

El ministro precisó la cifra de tierras intervenidas por el Gobierno revolucionario liderado por Chávez desde 1999, para rebatir la afirmación opositora de que el Estado
venezolano es el gran latifundista del país, según la agencia estatal de
información.

Loyo aseveró que el 72% de los terrenos
expropiados están manos de campesinos y se encuentran plenamente
productivos, y que su rendimiento crecerá un 19% (ganadería) y un 30%
(vegetales) en los próximos años.

Chávez declaró en 2004 la guerra al latifundio y desde entonces ha expropiado
tierras por estar improductivos, subutilizadas o con títulos de
propiedad dudosos, con la promesa de entregarlos a campesinos pobres
para que las trabajen.

Gremios empresariales y la oposición política rechazan las expropiaciones por considerarlas ilegales.

También critican la política agrícola del Gobierno, que califican de
destructiva, con el argumento de que la alimentación de los venezolanos
depende en más de un 60% de las importaciones.

Un estudio
privado divulgado en mayo pasado por la prensa local señaló que entre
2005 y 2009 el Gobierno venezolano ejecutó 762 expropiaciones en zonas
rurales y urbanas del país.

Según el informe, elaborado por el
Observatorio del Derecho de Propiedad, promovido por la Asociación
Civil Liderazgo y Visión, la mayoría de esas tomas forzosas se
realizaron "por vía de hecho", con la "presencia activa o pasiva de la
Fuerza Armada, en una actuación estatal violenta, sin base jurídica e
injustificada".