Los legisladores de Arizona podrían enfrentarse a retos difíciles mientras los grupos de derechos civiles emprenden acciones legales tras la promulgación de tres medidas legislativas que tienen como objetivo el ámbito del voto para los ciudadanos estadounidenses naturalizados. 

La carta de MALDEF a la secretaria del Departamento de Estado, Katie Hobbs, es el último intento de combatir los esfuerzos del estado por abrumar a los votantes registrados. 

Este año, el estado ha sido objeto de seis demandas por un notable aumento de la legislación relacionada con el voto. Las medidas ponen una serie de obstáculos burocráticos en el proceso de votación, afectando desproporcionadamente a las minorías, los estudiantes, los ciudadanos naturalizados, los ancianos y los electores transeúntes. 

La legislatura de Arizona aprobó recientemente el proyecto de ley 2243 de la Cámara de Representantes, que pretende enmendar la ley de voto y facultar a los registradores locales del condado para anular la inscripción de personas en el registro de votantes si no cumplen los criterios específicos de ciudadanía.

La HB 2243 exige a los registradores locales de los condados que cancelen la inscripción de los votantes si "tienen razones para creer" que un ciudadano naturalizado no cumple los requisitos de ciudadanía. La medida se basa en registros de ciudadanía "verificables" que someten a los votantes a procedimientos onerosos y largos a través de las agencias estatales. 

Uno de los requisitos incluye el cotejo de los registros de votación del condado con la base de datos de la Administración de la Seguridad Social, que, según MALDEF, está sujeta a errores administrativos, ya que muchos votantes latinos tienen apellidos con guiones o acentos. 

Otra enmienda obliga al Secretario de Estado a proporcionar a los condados los registros mensuales del Departamento de Transporte y a identificar a los votantes registrados a los que se les expidieron licencias de otros estados o identificaciones no federales. Aquellos que se muden a Arizona podrían enfrentarse a la privación del derecho al voto si los condados no proporcionan una notificación adecuada. 

Dichos requisitos se aplican con una precisión quirúrgica irregular a través de agencias a nivel estatal que pueden asumir que un individuo no es un ciudadano por discrepancias administrativas. 

El enfoque sistemático para purgar los registros de votación, dicen los grupos, es probable que se dirija a los votantes latinos y de las minorías y "ha dado [Arizona] el tiempo suficiente para llevar a cabo una purga sistemática de votantes naturalizados y votantes de color a pocos días de las elecciones generales de mitad de período el 8 de noviembre de 2022", dice una demanda. 

Además, los grupos de derechos civiles han señalado que estas medidas violan la Ley Nacional de Derecho al Voto, que dice que "ningún estado puede instalar un programa que elimine sistemáticamente a los votantes dentro de los 90 días de una elección primaria o general".

MALDEF no sería la primera organización que se moviliza contra la oficina de Hobb, ya que muchos grupos están recurriendo a recursos legales contra la legislatura del estado. 

El martes 16 de agosto, la Coalición de Nativos Americanos de Hawái e Islas del Pacífico por la Equidad de Arizona también presentó una demanda contra Hobbs y el Fiscal General Mark Brnovich por las leyes HB 2492 y HB 2243, citando preocupaciones de supresión de votantes. 

Un hilo común entre las demandas es la preocupación por los requisitos satisfactorios de verificación de la ciudadanía, que, según los grupos, tendrán un "efecto escalofriante" en el registro de los ciudadanos naturalizados que deseen emitir su voto legalmente.

Aunque las medidas legislativas se plantean con el pretexto de promover la integridad de las elecciones, los grupos de defensa dicen que podrían tener el efecto contrario. 

"Los políticos de Arizona han apilado obstáculos frente a la cabina de votación simplemente porque no les gusta el tipo de votantes que quieren participar en nuestras elecciones. Eso no es sólo una afrenta a la democracia; es un ataque a las comunidades que merecen que sus voces sean escuchadas el día de las elecciones y que los políticos respondan a sus necesidades", dijo María Teresa Kumar, Presidenta y CEO de Voto Latino, en un comunicado.