Estimar qué le espera a América Latina durante los próximos cuatro años, mientras Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, es como querer leer una bola de cristal. 

Trump es una cantidad desconocida. Su cáustico discurso a principios de su campaña respecto a los migrantes y Latinoamérica dista de su relativa moderación como candidato republicano en el sprint final por la Casa Blanca. 

Por ejemplo, Trump dijo que a EE.UU. llegaba lo peor de México: los violadores, el tráfico de drogas, y luego de su reunión con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto aseguró que tenían una fantástica relación y que le encantaban los mexicanos. ¿Cuál de los dos Trump es el verdadero?

También hay señales de cautela: la drástica caída del peso mexicano frente al dólar estadounidense tras la confirmación del triunfo de Trump. ¿Qué sucedería si logra revertir el NAFTA, que ha descrito como el peor tratado que su país ha firmado? No poco. 

El 80% de los productos que México exporta tienen como destino a EE.UU., según el Colegio de México. Además, algunos analistas afirman que el tratado generó suficiente crecimiento económico y empleo para disminuir la migración de mexicanos a EE.UU. en años recientes. 

Sin embargo, Trump se queja de la exportación de empleos de empresas estadounidenses a México (tecnología, fabricación de automóviles), aunque también los hay en Guatemala o Nicaragua (maquilas, call centers, entre otros), donde los costos de operación son menores. 

Si el presidente electo prometió en campaña devolver esos empleos a su país, ¿cuál será el impacto para México si miles de mexicanos que emigraban antes a EE.UU. tienen esos empleos que Trump quiere devolver a EE.UU.?

México ya está sumido en una crisis desencadenada por ejecuciones extrajudiciales (el caso de Ayotzinapa), acusaciones de corrupción gubernamental, y la pobreza (en marzo pasado, la Cepal afirmó que México es uno de los tres países latinoamericanos, junto a Guatemala y Venezuela, donde aumentó la pobreza). Una reversión al NAFTA podría detonar otra vez la migración indocumentada desde México.

En Centroamérica y luego de diez años de su creación, el CAFTA deja promesas incumplidas. 

Según un congresista demócrata que apoyaba el tratado en 2005, Henry Cuéllar, este permitiría vivir “el sueño americano” afuera de EE.UU., lo cual hubiera sido factible si en la región existiera el “trickle-down effect”. 

Los grandes empresarios capaces de generar empleos, en un volumen que influya socioeconómicamente, se inclinan más por retener ganancias a nivel ejecutivo que por proveer condiciones de trabajo justas para todos sus empleados. 

Basta recordar que en los grandes ingenios de azúcar en Guatemala, los trabajadores peor pagados padecen a menudo de enfermedades renales porque no tienen permiso de ir al baño durante horas de trabajo. 

Por otro lado, en Guatemala, la mayoría de migrantes sale de las provincias más pobres, donde la inversión privada o estatal es escasa o nula. La empresa privada no quiere invertir en sitios donde no hay infraestructura. 

El CAFTA no sirvió para generar el tipo de empleos y la calidad de vida que detendría la migración indocumentada en el triángulo norte centroamericano, una migración multi-causal por reunificación familiar, pobreza y violencia. 

También influyen la corrupción y la impunidad, que impiden que los recursos públicos se traduzcan en seguridad ciudadana, salud y educación. Un retroceso en el CAFTA no tendría un impacto fuerte en la población que emigra, una mayoría contrastada con la que se beneficia.

La perspectiva de una revisión de los tratados regionales obliga a pensar en el Plan de la Alianza para la Prosperidad, que contempla el aporte estadounidense de US$750 millones de dólares para el triángulo norte centroamericano, para reducir el número de migrantes indocumentados que llegan a EE.UU.  (con una plataforma de proyectos socioeconómicos y de seguridad).

La Alianza para la Prosperidad también contempla atacar la impunidad y corrupción, una lucha que en Guatemala encabeza la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), generado por un acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Estado de Guatemala. 

En Honduras ha tomado forma por medio de la Organización de Estados Americanos (OEA), y en El Salvador ha salido del mismo sistema de justicia (no sin presiones externas). El resultado ha sido un desfile de ex funcionarios rumbo a la cárcel y/o a una corte, incluidos ex presidentes, como Otto Pérez de Guatemala y Antonio Saca de El Salvador. 

Es tamaña tarea: no sólo extirpar a ciertos personajes de la arena política, sino regenerar sistemas políticos corrompidos durante casi medio siglo. No se logra en cuatro años ni en ocho. No ha sucedido en 18 años después de firmados los Acuerdos de Paz en Guatemala, ni en 24 años después de firmados en El Salvador.

No obstante, el encarcelamiento de tantos ex funcionarios por corrupción, en su propio país, no tiene precedentes. Pero es un primer paso en peligro si la administración Trump decide comenzar a cerrar el grifo de fondos (una parte de la cual sale de los contribuyentes estadounidenses) hacia Centroamérica, con el apoyo de la mayoría republicana en el Congreso y el Senado.

El Plan para la Prosperidad también empleará fondos de los países beneficiarios, pero sin el apoyo político y económico de EE.UU., difícilmente funcionará. 

En Guatemala, el principal país donante de fondos para la CICIG es EE.UU. Por ahora, Guatemala se redime en aspectos como la reducción en la tasa de homicidios desde 41 por cada 100 mil habitantes, hace ocho años, a 29 (aunque la Organización Panamericana de la Salud considera una tasa de ocho como un nivel epidémico). 

Honduras, el país más violento del mundo en 2012, también redujo su tasa. Pero estas mejoras son relativas. Lo demuestra El Salvador, que superó a Honduras en violencia homicida. Esos países, junto a Jamaica y Venezuela, tienen las tasas de homicidios más altas del continente. 

En 2014, cuando estalló la “crisis de los menores (migrantes) no acompañados” (aunque sí les acompañaban familiares o encargados que los dejaban en la frontera para que se entregaran a la Patrulla Fronteriza), la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton (ahora ex candidata presidencial demócrata) dijo que EE.UU. debía combatir a los violentos narcotraficantes que generaban la migración desde Centroamérica. 

Pero la suya era una visión miope: los migrantes huían de la pobreza y la violencia que generan las pandillas (Mara Salvatrucha, Pandilla Barrio 18). 

En papel, la Alianza para la Prosperidad contribuiría a reducir la pobreza y trabajaría con comunidades vulnerables al reclutamiento o vandalismo de las pandillas. Pero tampoco hay garantía de que una vez gastados los US$750 millones (desembolsados supuestamente contra resultados), los problemas socioeconómicos y de inseguridad ciudadana se resuelvan de forma sostenida.

Entonces, ¿Trump sólo sugiere una muralla para evitar la migración? 

No. Todavía no menciona a los empleadores de los migrantes que mantienen la oferta de empleo, que atrae a los migrantes a EE.UU. ¿Es esa una misión Trump emprenderá? Lo dudo. 

Trump tampoco reconoce que los migrantes indocumentados y las drogas no pasan por sí solos por la frontera México-EE.UU. Hay complicidad de miembros de las agencias federales estadounidenses. 

En junio de 2014, el Departamento de Justicia anunció que investigaría a dos mil agentes de las diferentes agencias que resguardan la frontera por posibles vínculos con el crimen organizado, especialmente narcotráfico. 

Que Trump no mencione la corrupción del lado estadounidense de la frontera es señal de que desconoce el problema, o prefiere negarlo. No es una señal de que hará algo al respecto. 

Tampoco ha mencionado sus planes para la guerra contra el narcotráfico y la promoción de la seguridad ciudadana en Centroamérica, que EE.UU. co-financia por medio del CARSI (Central American Regional Security Initiative). 

Si su lógica será de aportes por resultados, las perspectivas no son halagüeñas. Las capturas de alto perfil por narcotráfico sólo ocurren cuando EE.UU. solicita la extradición del narco, pero el trasiego no se detiene. 

Los extraditables pronto son reemplazables. Además, Guatemala no alcanza el nivel anual de decomiso de cocaína de 1999, el más alto de su historia, cuando se incautaron 10 mil kilos de cocaína—el 5% de cuanto se estimaba se trasegaba anualmente por el país. 

En 2003, y según un cable diplomático, EE.UU. sólo interceptó el 12% de las drogas ingresadas al país de contrabando por la frontera con México. 

Un nuevo muro no detendría un contrabando, aceitado por la corrupción, para ingresar desde migrantes indocumentados hasta kilos de droga, aun si cubre las 1,200 millas fronterizas cuyo muro actual todavía no alcanza. 

De esa zona, la mayor parte es el Río Grande (o Río Bravo), terreno escarpado o propiedad privada. El muro actual ya se extiende por 700 millas donde ocurría la mayoría de pasos ilegales, como una iniciativa bipartidista de 2006 en cuya aprobación participó Hillary Clinton. 

Aunque Trump ha prometido el uso de mejor tecnología “arriba y abajo, en los túneles”, basta recordar los diversos narco túneles que agentes de la DEA reconocieron que sólo lograron ubicar por medio de informantes.

Para 2011, la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) dijo que la frontera sur todavía era vulnerable ante el crimen organizado. Entre 1990 y 2014, se halló un centenar de narco túneles sólo en Nogales, Arizona. 

Otros traficantes más osados escalan el muro a plena luz del día con paquetes de droga sobre sus espaldas, según un reportaje de Univisión en septiembre pasado. 

Así, mientras haya tráfico ilegal de personas o droga hacia EE.UU., el resto de la región servirá de puente.

Recortar ayuda a la región podría tener un efecto boomerang para EE.UU. si necesita la ayuda de la región para combatir el narcotráfico y la inmigración indocumentada. 

En el último año y medio, importantes narcotraficantes extraditables fueron detenidos (uno de ellos asociado con un supuesto cómplice de Hezbolá), y Guatemala y Honduras repentinamente se volvieron muy efectivos para detener a cientos de migrantes africanos indocumentados que intentaban llegar a México y EE.UU. 

México hace lo mismo con el incremento en la detención de migrantes centroamericanos. Pero una vez sin incentivos económicos, ¿servirían estos países de bardas de contención para migrantes o drogas que, de otra forma, acabarían en EE.UU.? Es poco probable, menos si a la vez reciben tantas deportaciones masivas de sus ciudadanos que les dificultan absorber la población retornada.

Una posición cerrada (resultados a cambio de ayuda económica) no convendría al gobierno estadounidense si espera combatir la migración indocumentada y el narcotráfico con más que un muro. 

Es un baile delicado que el presidente electo de EE.UU. necesitaría destreza para bailar. 

En otro caso, dado que Trump criticó el reinicio de relaciones con Cuba pese a que el régimen no ha cesado la violación de los derechos humanos de la población, un enfriamiento en las relaciones no es descartable si no se ve como una pérdida a largo plazo. 

Más lejos, en geografía e intereses, están Venezuela y Argentina. La primera, varios analistas coinciden, podría generar un inesperado interés de la misma forma sorpresiva en que Trump encontró atractivo en Rusia (pese a la precaria situación de los derechos humanos). 

Pero políticamente hablando, Cuba y Venezuela no son Rusia, y Trump tendría que encontrar en ellas algún valor (el petróleo de Venezuela, por ejemplo, o cuanto quede de él) para negociar una nueva relación. 

Argentina, que se sentía rescatada de la lista de parias (a la que entró por sus crisis económicas y la cuestionable era Kirchner), quizá padezca un nuevo rezago si el socio estadounidense percibe que es otro país que podría ser más una carga que un aliado en sus relaciones con el Cono Sur. 

Pero en medio de la incertidumbre en el continente en el post-mortem de las elecciones presidenciales estadounidenses, una cosa sí es segura: habrá sorpresas para todos.