El martes 16 de junio, los regentes de la Universidad de California (UC) votaron para restaurar la acción afirmativa con la esperanza de diversificar su población estudiantil.

La Junta de Regentes de la escuela llegó a la decisión unánime de ilegalizar la Proposición 209, también conocida como la Iniciativa de Derechos Civiles de California. La ley aprobada por los votantes prohíbe a las instituciones gubernamentales estatales considerar la raza, el sexo o el origen étnico cuando se trata de procesos de empleo y admisión.

La acción afirmativa fue prohibida en California en 1996. Después de casi 24 años de creciente disparidad de representación en las instituciones estatales, una enmienda está cerca de hacer el cambio.

La Enmienda Constitucional de la Asamblea 5 (ACA 5) espera remediar los años que pusieron a la gente de color en desventaja. Los defensores del proyecto de ley dicen que para tener una admisión justa o consideración en el lugar de trabajo, los antecedentes de los solicitantes deben ser tenidos en cuenta.

Aunque pueda parecer contradictorio para algunos, los números cuentan una historia clara.

Los que se oponen a la derogación de la Proposición 209 argumentan que restablecer la acción afirmativa pone en desventaja a los solicitantes de empleo y universitarios calificados. 

La verdad es que hace exactamente lo contrario.

California es uno de los ocho estados que han prohibido la acción afirmativa.

Aunque la acción pretendía inculcar un conjunto de políticas y leyes para combatir la discriminación y promover la diversidad en las escuelas y los lugares de trabajo, en realidad ha dado lugar a una forma de racismo sistémico que ha perjudicado y limitado el potencial del POC en los estados que permiten la acción afirmativa.

En el sistema de la Universidad de California, los asiáticos representan el 33% del cuerpo estudiantil de grado y posgrado, seguidos por los blancos con el 21%, los latinos con el 22% y los negros con el 4%.

Estas cifras no reflejan la población de California, donde los latinos representan el 39% - el grupo étnico más grande - los asiáticos representan el 15%, el 37% son blancos y el 6% son afroamericanos, informa Market Watch.

Desde el momento en que fue promulgada en 1996, la prop. 209 ha cambiado dramáticamente la política de admisiones de la Universidad de California. En UC Berkeley y UCLA, los estudiantes de color vieron una disminución del 60% en la matrícula. En todo el sistema, la inscripción de grupos subrepresentados cayó al menos un 12%.

"La Propuesta 209 ha desafiado los ardientes esfuerzos de la Universidad por ser equitativa e inclusiva, ya que busca atraer a los mejores y más brillantes estudiantes de todos los orígenes", dijo la Oficina del Presidente de la UC en una declaración.

"No tiene mucho sentido excluir cualquier consideración de raza en las admisiones cuando el objetivo del proceso holístico de la Universidad es comprender y evaluar plenamente a cada solicitante a través de múltiples dimensiones", dijo la Presidenta de la UC Janet Napolitano. 

La ACA 5 sostiene que la Propuesta 209 invalidó una serie de leyes que exigían que los organismos estatales eliminaran las pautas tradicionales de segregación y exclusión en la fuerza de trabajo. Ahora, las mujeres y las minorías están subrepresentadas en el servicio estatal. 

La senadora estatal Lena A. González es una de las políticas que más ha hablado en la promoción de ACA 5. 

"La Proposición 209 ha obstaculizado el continuo interés de California en apoyar la participación equitativa de la mujer en la fuerza de trabajo y en los proyectos de obras públicas, en abordar las manifestaciones históricas y actuales de los prejuicios de género y en promulgar políticas para hacer cumplir la antidiscriminación en el lugar de trabajo y en los proyectos públicos", dice el proyecto de ley.

La idea errónea más importante que tendrá que navegar la acción afirmativa es que los defensores están tratando de dar una ventaja injusta a los candidatos no cualificados. Los votantes deben darse cuenta de que no es así.

ACA 5 se trasladará al suelo del Senado estatal antes de la fecha límite de la medida legislativa, el 25 de junio, para aparecer en la boleta electoral el 3 de noviembre.