Los representantes de la Cámara de Representantes de EE.UU. Nydia Velázquez y Raúl Grijalva, dos altos cargos del Congreso que siguen de cerca la reestructuración financiera de Puerto Rico, remitieron el jueves 23 de febrero a McKinsey & Company al Departamento de Justicia por posibles conflictos de intereses en Puerto Rico. 

La inminente investigación del Congreso se produce tras la promulgación de la Ley de Exactitud en la Divulgación de la Recuperación de Puerto Rico -que exige a los consultores implicados en los procedimientos de quiebra y energía de Puerto Rico que divulguen declaraciones y pagos-, que reveló una serie de conflictos potenciales entre el gigante de la consultoría, sus clientes y la Junta de Gestión Financiera y de Supervisión. 

"A raíz de las divulgaciones realizadas de conformidad con PRRADA, los medios de comunicación revelaron que algunos asesores, entre ellos O'Neill & Borges y McKinsey & Co., podrían tener graves conflictos de intereses", dice la carta, dirigida a la directora interina del Departamento de Justicia, Ramona Elliot. 

En el centro de la investigación se encuentran empresas con contratos millonarios para abordar la energía en Puerto Rico.

El contexto

McKinsey comenzó a asesorar al FOMB en 2017, después de que el Congreso impusiera drásticas medidas de austeridad para frenar las finanzas de Puerto Rico y desarrollara "planes de privatización/corporatización", según el Wall Street Journal, para descentralizar la red energética, que entonces estaba en manos públicas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, en quiebra.

La transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, que sufrió graves efectos tras el huracán María, pasó a manos de Luma en 2021. Luma es un consorcio privado de Canadá que se ha embarcado en un esfuerzo de dos años para "revitalizar" la red energética de la isla, que se está debilitando rápidamente, aunque sin éxito. 

El gobierno de Luma sobre la red eléctrica se ha visto envuelto en duras críticas por parte de los residentes puertorriqueños que experimentan apagones fortuitos e inesperados, que comenzarán en 2021 y empeorarán en 2022.

Pero a pesar del pobre desempeño desde la toma de posesión, el contrato de Luma fue extendido indefinidamente, y su privatización les permite contratar proveedores con poca o ninguna supervisión gubernamental. 

Por ejemplo, en agosto, Luma celebró una rueda de prensa para informar al público sobre una iniciativa para reducir la frecuencia de los apagones, buscando corregir la gestión interna, pero el ejecutivo de Luma Wayne Stensby no estuvo presente. 

En su lugar, representantes de Quanta Services, la empresa matriz de Luma, pronunciaron el comunicado en inglés, en una región predominantemente hispanohablante y donde el español se enseña como principal modo de comunicación. 

Quanta Services, que posee la mitad de Luma y se beneficia del lucrativo contrato adjudicado al consorcio en 2022, es cliente de McKinsey. 

"... The Wall Street Journal informó de que la consultora McKinsey & Co, que se estima que ha ganado al menos 120 millones de dólares en honorarios de asesoramiento al FOMB, también tenía a Quanta Services entre sus clientes", decía la carta. 

A raíz de numerosos informes de los medios de comunicación -incluidos un artículo de Bloomberg y un informe del WSJ-, el Congreso desvió su atención hacia numerosas empresas incluidas en la lista de clientes de McKinsey que también recibieron lucrativos contratos del Gobierno.

Las empresas

En el esquema contractual están implicadas EcoEléctrica LP y su empresa matriz, Naturgy Energy Group SA, a las que el FOMB adjudicó 9.000 millones de dólares para el suministro de gas natural, según documentos públicos citados en la carta. 

Puma Energy Caribe LLC, una compañía energética propiedad de Softbank Group, ganó un contrato de 1.500 millones de dólares para "convertir dos instalaciones de generación eléctrica de propiedad pública en San Juan para que funcionen con gas natural". 

Genera PR, filial de New Fortress Energy, "firmó un acuerdo con la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (...) para operar 12 de las unidades de generación de energía de la AEE durante 10 años con una cuota fija anual si 22,5 millones de dólares." 

Todas las empresas de la lista son clientes de McKinsey. 

Todos los ojos puestos en Luma

Los posibles conflictos y la continua avalancha de apagones no son el primer paso en falso de Luma. 

En septiembre, tras una serie de apagones en toda la isla, el Fiscal General de Nueva York instó a la FEMA a evaluar la actuación de Luma ante la falta de fiabilidad del servicio. 

"No sólo es problemática la frecuencia de los apagones, sino que la duración es también motivo de creciente preocupación", afirmó James en una carta dirigida a la Secretaria del Departamento de Energía de EE.UU., Jennifer Granholm, a la Administradora de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, Deanne Criswell, y al Presidente de la Comisión Federal Reguladora de la Energía, Richard Glick.

Luma disipa cualquier crítica sobre un rendimiento mediocre.

"Desde que LUMA asumió la responsabilidad de la red eléctrica, nos hemos centrado en sustituir, y no sólo reparar, los componentes deteriorados del sistema. Este enfoque en la gestión exhaustiva de estos problemas ha provocado interrupciones del servicio de mayor duración, pero redundará en un servicio más fiable y resistente", declaró a la prensa en septiembre un portavoz de Luma.