Frankie Guzmán, abogado, defensor y mentor, se convirtió en uno de los tres ganadores del prestigioso premio al Liderazgo otorgado por el Juvenile Law Center. 

Guzmán es actualmente abogado de justicia juvenil del National Center for Youth Law. A lo largo de toda su carrera ha trabajado para lograr que California ponga fin a condenas de cadena perpetua sin libertad condicional para menores de edad, asegurar la protección de los derechos de Miranda para jóvenes de 15 años de edad o menos, y para la introducción y posible aprobación de una iniciativa de voto para abolir la apertura de expedientes directos a adolescentes, un vacío legal que permite que sean  procesados como adultos sin la intervención de un juez. 

Según Guzmán, no obstante, su vocación profesional ha estado condicionada por su experiencia como delincuente juvenil y el hecho de haber pasado seis años en la cárcel. 

“Valoro mucho haber sido reconocido por el trabajo que he hecho hasta ahora en el terreno de la justicia juvenil, pero que el reconocimiento venga del Juvenile Law Center lo hace aún más especial”, dijo Guzmán, destacando cuán significativo es para él que este premio sea “un reconocimiento de todas las contribuciones realizadas no solo por un latino como yo, sino por alguien que es también un expresidiario”. 

Criado en Oxnard, un pueblo de inmigrantes de bajos recursos en California, Guzmán fue testigo de cómo funcionaba el sistema de justicia criminal para menores desde muy pequeño. Cuando tenía cinco años, su hermano de 16 años fue condenado a cadena perpetua. Más adelante, el propio Guzmán fue condenado a 15 años de cárcel por la Autoridad de Menores de California después de haber sido arrestado un año antes por robo con armas. Seis años después, Guzmán fue puesto en libertad condicional y empezó a estudiar en la universidad pública. De allí se fue a la Universidad de California hasta llegar a la Escuela de Derecho de UCLA, donde empezó a especializarse en derecho y políticas de menores. Desde entonces, ha trabajado como abogado en temas de justicia juvenil, luchando por cambiar las leyes que permiten que los adolescentes sean procesados como adultos y por mejorar los procesos judiciales y servicios de apoyo a los condenados. 

Susan Mangold, directora ejecutiva del Juvenile Law Center, explicó que el trabajo de Guzmán está estrechamente alineado con la misión del centro, que es “luchar por los derechos, la dignidad, la equidad y las oportunidades de los menores en el sistema judicial y de bienestar juvenil.” 

“Su trayectoria vital aporta información real y es un claro motivador en su trabajo, y creo que también informa y motiva a todos los que trabajamos con él”, comentó Mangold. Y añadió que el trabajo de Guzmán también va en sintonía con el objetivo del Juvenile Law Center de “aportar nuevos avances en los juzgados y en la política, para influir e informar a los que están en el poder sobre cómo diseñar políticas y tomar decisiones legales destinadas a los adolescentes”. 

“Tengo que creer que el sistema no está roto, que el sistema está funcionando como se supone que tiene que funcionar, pero de momento eso significa sacar provecho de nuestra miseria y nuestro sufrimiento”, dijo Guzmán, tratando de explicar las distintas formas de trabajar que tiene el sistema judicial juvenil. Y añadió que “los jóvenes de color no solemos disponer de muchos recursos, y nuestros padres suelen estar en posición desaventajada”. 

Dijo además que el proceso de confrontar las desigualdades del sistema empieza con “asegurar que los menores no sean juzgados como adultos o encarcelados bajo el sistema de adultos”, una práctica que, según él, equivale al “maltrato infantil”. 

El abogado cree que la siguiente prioridad de la reforma de la justicia juvenil debería ser la inclusión de “principios científicos y el desarrollo adolescente” en los procesos judiciales para que jueces y juristas puedan tomar decisiones bien informadas sobre si una orden de encarcelamiento será beneficiosa o no en cada caso particular. 

Guzmán dijo también que para cambiar el sistema es esencial llevar a cabo una inversión significativa en programas de apoyo a la comunidad y de educación, con el fin de reducir el número de jóvenes que terminan en el sistema judicial juvenil. Con este objetivo, Guzmán está trabajando para que el presupuesto de California incluya una partida de $100 millones para desarrollar este tipo de programas dirigidos a fortalecer la comunidad y la gente joven a través de actividades de mentorías, educación, salud y salud mental. 

Guzmán dijo que otro aspecto muy importante de su trabajo, además de involucrar a quienes están más directamente afectados por el sistema de justicia penal en la redacción, aprobación y aplicación de la legislación, así como la sustancia de todos los cambios que ha logrado llevar a cabo en California, es el hecho de poder contar su propia historia. 

Asociarse con organizaciones civiles que trabajan con “niños en extremo  riesgo”, incluidos aquellos involucrados en pandillas o bajo tutelaje y programas de acogida, es una prioridad para Guzmán. 

“Parte de lo que hago es compartir mi historia con ellos, para ayudarles a entender que si alguien como yo pudo salir del agujero para convertirse no solo en un abogado que trabaja con las más altas esferas del gobierno, sino también en un líder de verdad”, comentó. 

“Una de las experiencias más potentes que he vivido fue simplemente ver como después de seis años en el sistema de prisiones juveniles de California, me empezaba a adaptar al campus de una universidad pública y podía ver por primera vez a un hombre latino en traje y corbata”, dijo Guzmán. “Sacudió mi mundo”. 

Este punto de inflexión al ver alguien parecido a él enfundado en traje y corbata –“un símbolo de poder e importancia”– ejemplificaba la importancia de ser un modelo a seguir. 

“Para mí, ser ese hombre en traje que se dirige a los jóvenes en sus barrios, y les habla en palabras corrientes, de la vida real, para decirles ‘he pasado por todo esto y podría ser uno de ustedes’”, es algo muy poderoso”, dijo. 

Guzmán recibió el pasado miércoles el premio al Liderazgo del Juvenile Law Center en Filadelfia junto al juez Steven Teske y a Allison Maloney, editora de política y actualidad de Teen Vogue.