En septiembre de 2015, Filadelfia tuvo el honor de recibir la visita del Papa Francisco, una visita que despertó el entusiasmo de la comunidad inmigrante latina, en su mayoría católica. Pero la visita del Papa coincidió con otro tema que entonces también era de gran interés para la comunidad hispana, especialmente la mexicana: el primer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en manos de policías corruptos mientras viajaban en un autocar en la ciudad de Iguala, a 120 millas al sur de Ciudad de México.

Los crímenes de Iguala conmocionaron a la comunidad internacional, hasta entonces poco consciente de los niveles de violencia y corrupción en el país centroamericano. Aprovechando la visita del Papa a Filadelfia, una coalición de grupos mexicanos inició una campaña para que el Pontífice se reuniera con una delegación de padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Finalmente, la reunión no tuvo lugar, pero las protestas de estos activistas se hicieron escuchar por toda la ciudad:  “No somos todos, nos faltan 43,” gritaron, mientras el Papa oficiaba misa.

Tres años después, el problema de los desaparecidos en México continúa. El gobierno mexicano reconoce oficialmente más de 30.000 personas desaparecidas: hombres, mujeres y niños atrapados en un limbo, ni muertos ni vivos, víctimas silenciosas de la guerra contra el narcotráfico.

Ante la falta de actuación por parte de las autoridades, familias y comunidades se ven obligadas a salir a buscar a los suyos por campos, montañas y carreteras, a veces topando con fosas comunes inesperadas. La mayoría de los desaparecidos difícilmente son encontrados con vida.

Pero las dificultades no han detenido el espíritu luchador de activistas como Grace Fernández, miembro del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), que el pasado enero visitó Barcelona para denunciar la tragedia de los desaparecidos ante la comunidad internacional.

Grace vio por última vez a su hermano Dan Jeremeel Fernandez Morán el 19 de diciembre de 2008, cerca de su municipio, en Coahuila, “estado fronterizo con EE.UU y un paso de drogas e inmigrantes”, explicó la activista. Grace cree que en la desaparición de su hermano están implicados elementos de un batallón militar de Torreón, en Coahuila, que presuntamente formaban parte de una banda delincuencial de la zona.

“Su desaparición ocurrió dos años después de que el presidente Calderón declarase la guerra al crimen organizado. Empezó una política de terror entre los dos bandos por demostrar quien tiene el poder y la sociedad civil ha ido quedando lentamente atrapada en el medio”, explicó Fernández, convencida de que la falta de voluntad de las fuerzas del orden por investigar las desapariciones pone en evidencia la corrupción.  

“Hemos denunciado casos de la policía federal, militares y hasta de agentes de tránsito. Muchas personas nos dicen que su último contacto con sus familiares desaparecidos fue una llamada de éstos desde su celular, diciendo “me están deteniendo en el auto, pero no sé por qué motivo”, explicó.

Estas llamadas sirven a los agentes para realizar sobornos, “aunque las videocámaras de seguridad en las carreteras podrían servir para evitarlo”, comentó.

Los sobornos serían el caso “más suave” de extorsión. Según Fernández, los últimos años han dado paso a otras prácticas criminales, como la trata de personas. “Hasta 2012 muchos secuestrados eran hombres, forzados a fabricar drogas en condiciones inhumanas”, comentó.

A partir de 2011-12, según reportó Fernández, empezaron a aumentar las desapariciones “de jovencitas entre 14 y 25 años”, para trata. “Cuando superan determinada edad, las obligan a ser mulas, a esconder drogas dentro de sus cuerpos… si se quedan embarazadas, retienen a sus hijos y las presionan para seguir traficando con drogas o a prostituirse”, añadió.  

Desde su colectivo, intentan prestar apoyo a los familiares de los desaparecidos y llevar a cabo las actividades de búsqueda. “En México, si caminas solo, nadie te hace caso”, dijo. De momento, el crimen organizado sigue ganando la batalla. Pero ella repite su lema: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Otra activista que no ha perdido la esperanza es Araceli Salcedo, del Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, en el estado de Veracruz. Su hija Fernanda desapareció el 7 de septiembre de 2012. “Tenía 21 años”, dijo Salcedo, en Barcelona. A partir de ese momento, decidió crear una asociación de familias campesinas que salen a buscar por su cuenta a sus seres queridos desaparecidos, “poniendo en evidencia la falta de actuación del gobierno mexicano”, dijo Salcedo.  “El estado de Veracruz está sumido en la peor ola de violencia en mucho tiempo”, añadió.

Citando cifras de Naciones Unidas, la activista alertó que en los últimos 15 años han desparecido cerca de 75,000 personas en México, pero la cifra puede ser mucho mayor. “Y eso que no somos un país en guerra”, dice.

Según el último Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), con fecha octubre de 2017, en el país hay cerca de 34.000 desaparecidos con base a denuncias presentadas tanto en el fuero federal como en el común. Esta cifra situaría a México solo por debajo de Siria, aunque en este país la mayoría de desparecidos son debidos al conflicto armado.

“Solo queremos saber dónde están. ¿Quiénes se los llevaron?”, dijo Salcedo.

En octubre de 2017, el parlamento mexicano aprobó la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, pero para que funcione, es fundamental tener un registro de víctimas certero, según los activistas.

“Pocas organizaciones pueden decir que han visto a un desparecido regresar con vida”, dijo Salcedo. “En nuestro país no hay justicia”.