Las presiones de opinión pública devenidas del movimiento de Black Lives Matter y los brotes de coronavirus en las cárceles han dejado claro que tiene que haber una reforma al sistema de justicia criminal en Estados Unidos.

Y esta reforma tiene que empezar pronto, ya sea por convicción real de los políticos o por temor a la reacción de los votantes en época de elecciones.

Pero, así como un cambio en las regulaciones a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres debe contar con voces femeninas para ser hecha con coherencia y razón, así como debe contar con las recomendaciones de médicos y juristas, la reforma al sistema judicial debe contar necesariamente con las personas que se van a ver más directamente afectadas por él: los presos.

Y aún a pesar de que Estados Unidos sea el país que más personas pone tras las rejas cada año –tanto en números absolutos como en relación con el porcentaje de la población–, la población encarcelada es uno de los grupos menos escuchados del país.

Algunas iniciativas, como el exitoso podcast Ear Hustle, grabado desde el interior de la Prisión Estatal de San Quentin en California por Nigel Poor y Earlonne Woods, han ayudado a ampliar las perspectivas sobre quienes han cometido delitos que han tenido que expurgar con tiempo en la cárcel, pero es necesario traer más voces a la discusión.