El martes 9 de marzo la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la mayor y más antigua organización de derechos civiles de los latinos del país, presentó una demanda contra un ataque masivo al derecho de voto de los latinos en Iowa.

Acaba de aprobarse una legislación en el estado que acorta el tiempo disponible para votar, tanto a través del voto anticipado como el propio día de las elecciones. La nueva disposición reduce el periodo de votación anticipada de 29 a 20 días, y las urnas para las elecciones estatales y federales cerrarán a las 8 de la tarde en lugar de a las 9.

Otro cambio importante es que las papeletas de voto anticipado sólo se aceptarán si las lleva el votante, un familiar directo, un miembro del hogar o un cuidador.

Si las papeletas son llevadas por cualquier otra persona, incluso si es designada por el votante, esa persona estaría infringiendo la ley. Cada condado dispondrá ahora de una sola urna para depositar las papeletas de voto anticipado y estará vigilada. 

Si los funcionarios electorales y los auditores de voto no cumplen estas nuevas leyes o se desvían de sus órdenes, serán objeto de un delito grave.

Estas "infracciones técnicas" también pueden dar lugar a multas de hasta 10.000 dólares.

La gobernadora republicana Kim Reynolds firmó la ley el lunes 8 de marzo, alegando que crearía transparencia y responsabilidad, y ofrecería a los residentes de Iowa más confianza en sus elecciones.

Pero la demanda de LULAC argumenta que la ley viola las protecciones de la Constitución de Iowa para el derecho al voto, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la igualdad de protección.

"No van a tener la misma cantidad de tiempo para presentar sus boletas", dijo Nick Salazar, director estatal del capítulo de LULAC en Iowa. "Y el día de las elecciones, están acortando el tiempo. Y así estamos siempre en el trabajo, estamos ocupados, y limitar el acceso a las urnas realmente impactará a la gente de la clase trabajadora en general, especialmente a la gente de las comunidades morenas y negras en Iowa". 

Salazar también señaló el hecho de que Iowa tuvo una participación histórica de votantes en 2020 y que no hubo pruebas sustanciales de ningún fraude o irregularidades, por lo que crear más barreras para votar es dar un paso atrás.

"Deberíamos estar construyendo sobre esos éxitos, no restringiendo el acceso a la cabina de votación. Estamos luchando por todos los habitantes de Iowa con esta demanda", dijo. 

Marc Elias, un abogado que representa a los demócratas en las batallas judiciales sobre las leyes electorales, anunció a través de Twitter que está representando a LULAC de Iowa en la demanda.

La demanda aún no aparecía en el sistema judicial en línea de Iowa el martes por la tarde pero Elias compartió una copia del documento en línea. Los demandados son el Secretario de Estado Paul Pate y el Fiscal General Tom Miller. 

Los demandantes solicitan que un juez del condado de Polk dictamine que algunas partes de la nueva ley violan la Constitución del estado y que bloquee su aplicación. 

La demanda afirma que la legislación "impondrá cargas indebidas e injustificadas a una amplia gama de votantes legítimos", incluidos los votantes de minorías, los ancianos, los discapacitados y los que padecen enfermedades crónicas, los votantes que tienen varios empleos y los que no tienen acceso a un transporte fiable o a un servicio de correo constante.

Pate, un republicano, defendió su decisión en un comunicado insistiendo en que su trabajo y el de otros funcionarios electorales es seguir las leyes establecidas por la Legislatura de Iowa. 

"Nuestro objetivo siempre ha sido hacer que sea fácil votar, pero difícil hacer trampa", explicó Pate.  

La LULAC no es la única que se opone a esta ley. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Iowa y la NAACP de Iowa-Nebraska se hicieron eco de sentimientos similares en cuanto a los efectos que tendrá sobre las poblaciones vulnerables. 

Mark Stringer, director ejecutivo de la ACLU de Iowa, declaró que la ley es "supresión de votantes, pura y dura", también que sus patrocinadores no han aportado ninguna prueba del fraude electoral que la ley pretende evitar. 

"Dada la historia de este país de idear formas de negar el voto a los afroamericanos y a otras personas de color, no es ciencia espacial saber que estos cambios tendrán un impacto adverso en los votantes de color", dijo Betty Andrews, presidenta de la NAACP de Iowa-Nebraska. 

El retroceso en Iowa también se produce cuando la Cámara de Representantes acaba de aprobar una ley histórica sobre el derecho al voto. 

La Ley para el Pueblo no sólo ampliará el acceso al voto anticipado y revocará muchas de las barreras puestas por las legislaturas estatales (como la de Iowa) para frenar la participación, sino que también tomará medidas para eliminar el gerrymandering y el dinero oscuro de las empresas en las campañas.