Tiene dos décadas de experiencia en juicios, principalmente como propietaria y socia gerente de The Thomas-Smith Firm P.C. en Newtown, que fundó en 2009. 

Su bufete se centra en el derecho de familia y se ocupa de casos de divorcio, manutención, custodia, distribución equitativa y protección contra el abuso en los condados de Bucks, Filadelfia y Montgomery.

Thomas-Smith obtuvo una licenciatura en historia de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte y un doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Howard en Washington, D.C. 

Es la presidenta del Comité de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados, y es la abogada del Comité Democrático del Condado de Bucks. 

Además, es la presidenta del Grupo de Derecho Colaborativo del Condado de Bucks (Bucks County Collaborative Law Group, BCCLG) y está capacitada en mediación y proceso de coordinación de la crianza de los hijos a través del Instituto del Colegio de Abogados de Pensilvania y la Asociación Psicológica de Pensilvania. 

Es una ávida defensora de varias organizaciones benéficas, entre ellas la Healing Consciousness Foundation, que apoya a las supervivientes del cáncer de mama, y la escuela WISER, que capacita a las jóvenes de Kenya para trascender la pobreza, la violencia y el VIH/SIDA. 

Thomas-Smith se toma en serio la idea de la "justicia compasiva". 

No sólo es una de las actuales partidarias de estas dos organizaciones, sino que ha dado los pasos adicionales para participar activamente en ellas. 

Fue miembro de la Junta Directiva de la Fundación Conciencia Curativa y, en marzo de 2019, viajó hasta la Bahía de Muhuru (Kenya) para trabajar con niñas y mujeres en la Escuela WISER. 

Si es elegida, Thomas-Smith promete que será una jueza "para nuestra comunidad". 

Ella siente que sus antecedentes profesionales como abogada de familia y defensora pública, así como sus experiencias personales, le proporcionarán "una visión única" a la hora de decidir los casos. 

 Thomas-Smith planea liderar con altos estándares éticos y trabajar para expandir los modelos alternativos de resolución de disputas, para que la Corte pueda abordar el efecto dominó del atraso provocado por los cierres de la COVID-19.