Ya sea porque los gobiernos latinoamericanos están aprendiendo de los errores de los europeos e intentan anticipar el nivel de catástrofe que se está viviendo actualmente en los hospitales italianos o porque el miedo los ha llevado a hacerlo, cinco países suramericanos han declarado la cuarentena: Venezuela, Perú, Argentina, Colombia y Bolivia.

El gobierno de Nicolás Maduro fue el primero en el continente en imponer la cuarentena en todo el territorio. El primer caso de COVID–19 en el país fue diagnosticado el 13 de marzo y la medida fue radicalmente impuesta cuatro días más tarde, el 17. La medida fue tomada con mucha más premura vista la deteriorada infraestructura del país. Aún así, a la fecha se reportan 70 casos diagnosticados. Si bien el autoritarismo del gobierno puede ser un factor que contribuya a la imposición de la medida en la población y la consecuente contención de la epidemia, el gobierno venezolano va a tener serias dificultades para acceder a financiación internacional para la lucha contra el virus dado que la mayoría de los países reconocen como legítimo mandatario a Juan Guaidó. 

El presidente peruano, Martín Vizcarra, fue el siguiente en decretar la cuarentena, que empezó dos días después que la de Venezuela, el 15 de marzo, y se extenderá hasta el 30 de este mes, aunque ya anunció que es probable que la medida deba prolongarse debido a que miles de personas han incumplido el confinamiento. Por lo menos 8.000 personas (entre nacionales y extranjeros) han sido detenidos.

El caso peruano tiene una singularidad con relación a su Constitución y es que esta contempla que la restricción de derechos fundamentales como la libertad de reunión y tránsito por el país sólo puede darse durante un máximo de 60 días, de modo tal que de tener que extenderse más la cuarentena tendrían que hacer una reforma a la Carta Magna, lo que podría poner en riesgo la capacidad del Estado peruano para garantizar la aplicación de la medida.

Argentina entró en cuarentena el 20 de marzo y se extenderá hasta el 31. El presidente de este país, Alberto Fernández, ya había decretado el cierre de colegios desde el 15 y recomendado el distanciamiento social a todos desde el 19, mas ante el incumplimiento de miles de personas, fue necesaria la imposición de la cuarentena total. En una economía ya fuertemente golpeada, donde aproximadamente el 40% de la población depende del trabajo informal, la imposición de no salir a la calle también es una condena de hambre para miles de personas. Esta es una circunstancia a la que no se enfrenta solamente Argentina, sino que aqueja al continente entero.

El presidente de Colombia, Iván Duque, decretó que la cuarentena empezará formalmente el 24 de marzo y se extenderá hasta el 13 de abril. Sin embargo, más de una tercera parte de la población se encuentra en simulacro de cuarentena desde el 20 de marzo. Inicialmente el simulacro iría del 20 al 23 y Duque decretó que la cuarentena iniciaría el 25, lo que dejaría un día intermedio. Para evitar la estampida de personas a los comercios, el gobierno nacional coordinó con los gobiernos locales para extender el simulacro hasta el 24, momento en que empatará con el inicio de la cuarentena oficial.

La presidente boliviana, Jeanine Áñez, decretó el inicio de la cuarentena a partir del 22 de marzo y hasta el 4 de abril. Así mismo, anunció que las elecciones presidenciales serían aplazadas indefinidamente.  Si bien esto es comprensible en el estado de emergencia sanitara en que se encuentra el país, también puede ir en detrimento de su gobernabilidad en la medida en que alimente la idea de que se trata de una persona que se niega a entregar el poder a alguien más, como prometió que haría en el momento de posesionarse.

En Bolivia, los directores de la mayor red de hospitales públicos de la capital dieron la voz de alarma sobre la absoluta carencia de los insumos mínimos necesarios para enfrentar el virus "gorras, barbijos, botas, lentes, batas, y menos aún con insumos de alta gama como son los medicamentos de terapia intensiva. Nos mandan a la guerra sin armas, nos condenan a luchar en condiciones desfavorables”.

De momento, los otros países podrían agruparse en dos categorías: los que han impuesto medidas de toque de queda y cuarentena solamente a los casos sospechosos o confirmados (El Salvador, Guatemala, Ecuador y Paraguay) y aquellos que no han impuesto ninguna medida para controlar la circulación de la población por temor a lastimar la economía, pese a que a mediano y largo plazo el impacto en la economía va a ser directamente proporcional a la expansión del virus. En este segundo grupo, que depende del distanciamiento social autoimpuesto por sus ciudadanos, se cuentan México, Urugay, Brasil y Chile. El caso chileno tiene el agravante adicional de que el referendo constitucional por el que los chilenos dieron los ojos –literalmente–  ha sido postergado hasta el 25 de octubre y en la medida en que no se tomen medidas drásticas de contención, la expansión de la epidemia seguirá, lo que a su vez seguirá imposibilitando el proceso democrático.