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Foto: David Diaz/Four Two Photography.
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Una batalla campal en Puerto Rico

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Cuando decimos que Puerto Rico se cansó, es porque se cansó en serio.

Lo que empezó como una manifestación común y corriente en las zonas aledañas a La Fortaleza (sede del ejecutivo en San Juan), se transformó en una batalla campal, plena de enfrentamientos y daños materiales.

Las protestas pedían la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló después de que una publicación del Centro de Periodismo de Investigación sacará a la luz más de 900 páginas de textos de un chat privado, donde Rosselló alimentaba la retórica racista, misógina y homofóbica que mina la sociedad puertorriqueña.

De cánticos y panfletos, los manifestantes procedieron a bloquear el paso hacia la Isleta de San Juan durante las horas de la mañana del día lunes, según informaban las autoridades, y el descontento se diseminó como pólvora caliente.

Los disturbios detonaron durante las horas de la tarde, mientras una multitud marchaba a través de las calles del Viejo San Juan hacia La Fortaleza y se enfrentaba a las fuerzas del orden público que abrió fuego entre gases lacrimógenos y gas pimienta.

El comisionado de policía, Henry Escalera, dijo a los medios que algunos manifestantes “habían arrojado adoquines, botellas y devuelto el gas lacrimógeno a los oficiales durante un enfrentamiento de más de dos horas”, según explicó el New York Times.

La inestabilidad de la isla obligó al gobernador a declarar su arrepentimiento por los comentarios publicados y a despedir a gran parte de los funcionarios públicos involucrados, pero el pueblo no dio marcha atrás en su descontento exigiendo nada menos que su renuncia.

Y es que la publicación del chat fue sólo la gota que derramó el vaso.

Horas antes, la ex secretaria de educación de Rosselló, Julia Keleher, y cinco personas más fueron arrestadas por cargos de corrupción y malversación de fondos.

Según explicó Al Jazeera, el Departamento de Justicia acusó a Keleher y a la ex directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Angela Ávila Marrero, por “desviar ilegalmente cerca de 15.5 millones de dólares en contratos federales a consultores con conexiones políticas”.

En un país que lucha por recuperarse de la destrucción absoluta después del paso del Huracán María hace un año, y que se halla completamente abandonado por el gobierno estadounidense, el cinismo es sencillamente intolerable.

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