La semana pasada se conoció que el juez federal que llevaba el caso de la demanda de Filadelfia contra el Departamento de Justicia por el súbito cambio de condiciones para que la ciudad acceda a fondos del programa Edward Byrne Justice Assistance Grant, se inclinaba a favor de la ciudad.

Pues bien, este miércoles la decisión se oficializó y el juez Baylson de la Corte Federal del Distrito de Pensilvania en una providencia de 127 páginas en las que el jurisconsulto hace un recuento del caso, resume los argumentos presentados por las partes y compara la jurisprudencia dictada en otros casos similares para llegar a la conclusión.

De acuerdo con el documento judicial, el Departamento de Justicia no puede bloquear el acceso de la ciudad a los fondos del programa Byrne JAG para el año fiscal 2017 basado en que las políticas locales de protección de la población inmigrante van en contravía de las leyes migratorias del país.

El Departamento de Justicia cambió los requisitos para solicitar la subvención del programa un mes antes de que se cumpliera el plazo para la radicación de las aplicaciones.

Las tres nuevas condiciones eran: que la ciudad cumpliera al pie de la letra las disposiciones de la sección 1373 del título 8 del Código de Estados Unidos; informarle a ICE con 48 horas de anticipación sobre la liberación de individuos bajo custodia de su interés, y permitirle acceso total a las cárceles de Filadelfia. 

Según el juez Baylson, mientras que Filadelfia cumple a cabalidad con la primera condición, no hay razón para negarle los fondos puesto que las otras dos condiciones no tienen relación alguna con el marco normativo del programa Byrne JAG.

En la conclusión de la providencia firmada por el juez se lee “Los principios del federalismo le permiten a una ciudad manejar sus asuntos locales de la manera que le parezca conveniente. La estipulación superior de la Constitución le da al gobierno federal el poder de decidir cuandoquiera exista un conflicto.

”En este caso, dada la manera como Filadelfia ha conjugado las necesidades legítimas del gobierno federal de remover delincuentes extranjeros y su política de promoción de la salud y la seguridad, no existe conflicto significativo. 

”Por estos motivos, la Corte halla que Filadelfia puede certificar con suficiencia que reúne los requisitos del programa Byrne JAG y le ordena al fiscal general abstenerse de negarle a la ciudad la subvención para el año fiscal 2017”.

Tras conocerse el fallo, el procurador de la ciudad Pedro Sozi Tulante expresó su satisfacción con la decisión del juez. Me alegra que el juez haya reconocido lo que la ciudad ha mantenido en todo este tiempo. Nosotros cumplimos con la ley federal y que imponer condiciones migratorias al subsidio no tiene nada que ver con la seguridad de los filadelfianos”.