El duelo entre Catalunya y el gobierno español se acerca al día final. Este domingo, 1 de octubre, el gobierno catalán ha convocado a las urnas a 5.5 millones de catalanes para que voten en referéndum si desean o no la autodeterminación de la región, a pesar de que la Justicia española ha dictaminado que la votación es inconstitucional y que no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional.

Catalunya, región del noreste de España, con una cultura y lengua propias, lleva arrastrando sus ansias separatistas desde hace más de 100 años. La región perdió parte de sus derechos autonómicos y culturales bajo la dictadura de Franco (que prohibió hablar catalán y enseñarlo en las escuelas, entre otras medidas represivas), pero con la llegada de la democracia, Catalunya recuperó su estatus autonómico y sus dirigentes han ido pactando con los partidos en el gobierno central. No obstante, las ansias separatistas resurgieron con fuerza hace seis años, cuando el gobierno central, liderado por el conservador Partido Popular - el mismo que ahora - rebatió una propuesta de nuevo Estatuto autonómico aprobado por el parlamento catalán. Dicho Estatuto proponía más autonomía fiscal para Catalunya (Que es una de las regiones más ricas de España y de las que más contribuye a las arcas estatales), así como el reconocimiento del territorio como una “nación.”

El hecho de que el gobierno central, apoyado por el dictamen del Tribunal Constitucional, rechazara el Estatuto impulsó al gobierno catalán a tomar la vía del independentismo como “única salida” para mejorar la situación de Catalunya. Los argumentos más repetidos por los partidos independentistas catalanes es que la injusticia fiscal de la que es víctima Catalunya hace imposible el progreso económico y social del país. Otro de los argumentos que más se repiten es que la inversión del Estado central en infraestructuras en Catalunya es muy inferior a la de otras regiones de España, teniendo en cuenta la elevada contribución fiscal de los catalanes a Madrid.

Ambas partes han presentado datos económicos y financieros para contradecirse entre ellos y han sido incapaces de llegar a una solución política dialogada. El gobierno central de Madrid se ha negado durante todos estos años a ceder a las peticiones de los nacionalistas catalanes, alegando que no están dispuestos a negociar nada, y ni muchos menos a conceder el derecho a un referéndum por la independencio, como hizo Londres con Escocia. Madrid ha dado la espalda a los miles de Catalanes que cada año han salido a las calles para reclamar el derecho a votar y a reclamar la independencia.

A los políticos catalanes, por su parte, el movimiento independentista les ha ido bien para rebajar las protestas sociales que brotaron al estallar la crisis económica, en 2010, y empezar la política de recortes en educación y sanidad. Siete años después, en Catalunya los jóvenes parecen haber olvidado las manifestaciones del “15M” en Barcelona, el movimiento social anti-globalización que se convirtió en referencia en otros países desarrollados.

El gobierno catalán se ha empeñado en que el referéndum del 1 de octubre se llevará a cabo mañana, ignorando las medidas -excesivamente- represivas tomadas por Madrid en las últimas semanas para tratar de impedirlo. El gobierno central ha enviado a miles de policías y guardias civiles a Catalunya para realizar registros de oficinas gubernamentales, confiscar urnas y papeletas, así como llevar a cabo la detención de 12 funcionarios del gobierno regional por su implicación en la organización del referéndum. MAdrid también ha ordenado el cierre de webs vinculadas con el referéndum, en medidas que rozan la violación del derecho a la libertad de expresión.

Por su parte, la policía catalana -los “Mossos”- ha anunciado que acatará las órdenes de la Fiscalía de Madrid y asegurará el desalojo de los colegios electorales antes de este domingo a las seis de la mañana. Entre ayer y hoy, decenas de ciudadanos catalanes han decidido ocupar los colegios para evitar que sean cerrados el domingo. La policía ha asegurado que no utilizará la violencia para proceder al desalojo. Los voluntarios - la mayoría padres de alumnos y gente joven - han recibido instrucciones de mostrar “resistencia pacífica.”

Nadie sabe muy bien qué ocurrirá mañana, pero está claro que el lunes día 2 de octubre se abrirá un nuevo capítulo en la historia de la democracia española. ¿Quizás el inicio de una España más federal?