Seguramente son pocos los ciudadanos de Filadelfia que no hayan viajado a Barcelona o deseen hacerlo después de oir en boca de algun amigo las maravillas de la bonita capital catalana, a orillas del Mediterráneo. En las últimas décadas, Barcelona se ha convertido en la ciudad de moda, la meca del turismo occidental, y en el punto de referencia cuando alguien piensa en viajar a España. “Barcelona, Spain”. Esta conexión, sin embargo, no es la que desean oír miles de ciudadanos catalanes que desean que Catalunya se independice de España y que llevan reclamando desde hace seis años un referéndum para poder decidir si es viable o no la autodeterminación.

A pesar de las manifestaciones multitudinarias que tienen lugar cada 11 de setiembre, Día Nacional de Catalunya, en pro de la independencia y del derecho a un referendum, Madrid ha optado siempre por dar la espalda y se ha aferrado a la idea de que un referéndum de autodeterminación es “inconstitucional",  a pesar de haber sido aprobado por el Parlamento catalán, y sin contemplar la posibilidad de reformar la Constitución para que la consulta popular pueda ser legal. 

Ante la resistencia de Madrid, la Generalitat – el gobierno catalán, controlado por las fuerzas independentistas con la ayuda de un grupo antisistema llamado CUP-  decidió emprender este año la cruzada por su cuenta y convocar a los catalanes a las urnas el próximo 1 de octubre, a sabiendas de que se trata de un referéndum ilegal y sin el reconocimiento de las instituciones internacionales.

El  gobierno central, controlado por el conservador Partido Popular, PP,  se ha mantenido intransigente. En lugar de adoptar una posición dialogante y ofrecer alguna contrapropuesta a las peticiones de los catalanes (mayor autonomía fiscal, que se les reconozca como nación, competencia sobre educación, entre otras), el PP ha optado "por el sistema de la vieja escuela," que hace tufo de franquismo: querellándose contra el gobierno catalán y enviando a la Guardia Civil (la fuerza paramilitar española) a registrar oficinas del gobierno central, confiscar urnas, papeletas y posters de propaganda electoral. Por si fuera poco, el pasado miércoles 20 de setiembre, la Guardia Civil detuvo a 12 miembros de la Generalitat , acusados por la Fiscalía del estado de participar en la organización del referéndum ilegal.

A estas 12 detenciones, se han añadido multas de miles euros para los miembros de la Junta Electoral organizadora del referéndum, más una denuncia por sedición por los altercados que se produjeron el miércoles en Barcelona, cuando miles de personas salieron a la calle para protestar por la detención de los políticos catalanes. Los manifestantes, convocados por organizaciones independentistas de caracter civil -  bloquearon la entrada al Departamento de Economía catalán, impidiendo la salida de algunos agentes de guardias civiles que seguían en el interior. "Hoy dormís aquí", "Esto es un atraco", "No pasarán", clamaban los manifestantes, equipados con esteladas, la bandera independentista catalana, alternando con el himno nacional.  Los agentes tuvieron que ser evacuados de madrugada, bajo la protección de los Mossos, la policía catalana.

El estado de crispación en Catalunya está rozando extremos que podría haberse evitado mucho antes.  La actitud represiva del gobierno central solo ha conseguido que miles de ciudadanos catalanes indecisos ante la independencia salgan también ahora a la calle para protestar por la actitud del gobierno central, que el presidente independentista catalán ha calificado de “golpe de estado.”

Desde el miércoles, los vecinos de todos los municipios y ciudades de Catalunya se asoman a los balcones a las 10 de la noche para golpear sus cacerolas en protesta por las detenciones y los registros relacionados con la organización del referéndum previsto para el 1-O. A las caceroladas, se suman las manifestaciones en universidades y frente al tribunal de Justicia de Catalunya, en Barcelona, para reclamar la liberación de los detenidos. Incluso en el resto de España los ciudadanos han salido a protestar en contra de la política represiva del Partido Popular con Catalunya. Convocadas por los partidos de izquierdas, los manifestantes salieron a a la calle en Madrid, Valencia, Sevilla o Vigo para mostrar su apoyo al derecho a votar de los catalanes.  

Y entre exaltados de un lado y otro, los filósofos y editoriales de algunos diarios de cabecera como "La Vanguardia," en Barcelona, exigen a los políticos que se sienten a dialogar. Exigen un llamamiento a la serenidad antes de que la fractura social sea demasiado grande. 

Los catalanes hacen cosas. #Oct1 from raul gallego abellan on Vimeo.