Desde que tomó posesión de poder, en enero, el presidente Donald Trump ha asegurado que los ‘Dreamers’ no serán un objetivo primordial de sus políticas de mano dura contra la inmigración ilegal.

En Estados Unidos viven más de 750,000 “dreamers”, como se conoce popularmente a los beneficiarios del DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), un programa instaurado por Barack Obama en 2012 para intentar la regularizar la situación de miles de jóvenes indocumentados en el país.  El programa DACA garantiza el derecho a residir y a trabajar en EEUU a todos aquellos inmigrantes ilegales que entraron en el país con menos de 16 años con la condición de haber terminado los estudios de Secundaria o estar matriculados en un centro de estudios, así como de no haber cometido ningún crimen o infracción penal.  

A pesar del mensaje tranquilizador de Trump – el Presidente ha prometido “mostrar un gran corazón” a la hora de tratar con estos “increíbles chavales” – , los casos recientes de detención y amenazas de deportación sufridos por algunos ‘dreamers” en diversos estados han despertado la alarma entre esta comunidad, formada en su mayoría por inmigrantes latinos.  

Durante las últimas semanas, AL DIA ha recogido algunos de estos casos. En Febrero salió a la luz el caso de Daniel Ramírez Medina, un  joven mexicano de 23 años que fue detenido en una redada llevada a cabo por agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) cerca de su casa, en Seattle, con el pretexto de pertenecer a una banda criminal. Ramirez, padre de un hijo, fue detenido durante seis semanas hasta que sus abogados lograron liberarle. Las autoridades de inmigración tuvieron que admitir la falta de motivos justificables.

“Me trajeron a este país desde Mexico con 7 años. He pasado prácticamente toda mi vida en EEUU- como niño, como adolescente y ahora como adulto y padre de un niño. Este país es mi hogar,” escribió Ramirez en una editorial publicada por el Washington Post poco después de su puesta en libertad.

Casos parecidos ocurrieron en Mississipi el pasado marzo con una Dreamer de 22 años que criticó abiertamente al gobierno de Trump. Daniela Vargas fue detenida por agentes del ICE después de dar una conferencia sobre los derechos de los inmigrantes, en Jackson (Missisipi), y mencionar su deseo de convertirse en profesora de matemáticas.

Vargas emigró a los Estados Unidos desde Córdoba, en Argentina, cuando tenía siete años. Sus padres trabajan en una planta de producción de carne de pollo en Mississipi.

La semana pasada, Juan Manuel Martínez, un Dreamer de 19 años residente en Salinas, California, fue detenido por agentes del ICE y encarcelado durante casi dos meses en un centro de detención en el Norte de California, acusado injustamente de pertenecer a una “banda criminal”.

Para llevar a cabo estas detenciones, los agentes del ICE se han aferrado a la excusa de que los arrestados habrían cometido alguna infracción penal menor- como por ejemplo una multa de tráfico o estar estacionado en un sitio no permitido. En el caso de que los acusados admitan una infracción criminal, las autoridades pueden obtener un motivo oficial para no renovarles la licencia al programa DACA.  

“La detención y arresto de Ramírez representa una violación de los derechos de un beneficiario del DACA”, escribe en el Jewish  Journal Jesse Gabriel, abogado senior de la firma Gibson Dunn & Crutcher LLP, que llevó el caso del Dreamer de Seattle. Ramirez fue acusado de estar relacionado con una banda criminal, un cargo que el acusado negó. Finalmente, gracias a la presión de los abogados – amparados por la legislación vigente - Ramirez ha sido liberado. Además, el gobierno fue forzado a admitir que el joven inmigrante no representa ningún peligro para la seguridad pública.  

“Respetar los derechos de los Dreamers tiene una alta implicación para nuestra sociedad. Además de sus beneficios humanitarios, el DACA ha ayudado a desatar el potencial de casi 800,000 jóvenes que han llegado a nuestra patria. Les ha permitido atender a universidades, abrir cuentas en el banco, empezar negocios, comprar casas y autos, y- en el caso de Ramírez, por ejemplo- graduarse en la escuela de derecho y pasar el examen Bar,” insiste Jesse Gabriel, mencionado un dato que no puede pasar desapercibido:  

Según estimaciones del Cato Institute,  un think tank de derechas, los DACA aportaran cerca de $280 millones a la economía americana en la próxima década.