El pasado 19 de marzo,  Juan Manuel Martínez, un inmigrante mexicano de 19 años residente en Salinas, California, fue detenido por agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) y encerrado en un centro de detención en el Norte de California acusado de pertenecer a una “banda” criminal.

Juan Manuel Martínez es un beneficiario del programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), el programa instaurado por el presidente Barack Obama en 2012  para proteger el estatus de los inmigrantes que llegaron al país de forma ilegal con menos de 16 años antes de junio de 2007. Aunque la Administración Trump todavía no ha dejado clara cuál será su política de inmigración con los beneficiarios del DACA, conocidos popularmente como DREAMers, las detenciones esporádicas de Dreamers y las continuas redadas llevadas a cabo por el ICE en las comunidades inmigrantes de todo el país en los últimos cinco meses han conseguido crear un escenario de miedo.

En Estados Unidos hay más de 750,000 inmigrantes indocumentados con derecho a vivir y trabajar en el país gracias a los beneficios del DACA, las tres cuartas partes de origen mexicano, según un informe del Pew Research Center.  California, con más de 216,000 beneficiarios de DACA, se sitúa  a la cabeza del país, seguido de Texas (120,642) y Illinois (41,256).

Según informa el diario local Monterey Herald, Juan Manuel Martínez fue detenido el pasado 19 de marzo cerca de la cárcel del condado de Monterrey, donde había ido a acompañar a un amigo que quería visitar a un preso. El joven fue acusado por la policía de querer entrar drogas en la cárcel, aunque el mismo día se verificó que no era cierto. No obstante, las fuerzas del ICE alargaron su orden de arresto, acusándolo de pertenecer a una banda juvenil y, por tanto, con posibilidad de haber cometido algún crimen.

Una de las condiciones para ser beneficiario del DACA es no cargar con ninguna condena penal grave o haber cometido un crimen. (La otra es estar matriculado en un instituto de secundaria o tener el graduado de secundaria o equivalente).

La realidad es que Martínez trabajaba como empleado del campo durante dos años,  cultivando lechuga y espinacas.

Finalmente, gracias a la presión de sus abogados, Martínez fue puesto en libertad por un juez de inmigración el pasado 3 de mayo. Tras casi dos meses encarcelado de forma injusta,  Martínez sufre varios síntomas traumáticos: “apenas habla, no puede dormir, casi no come”,  informaron sus familiares en una rueda de prensa. El joven se niega a aparecer en público para contestar las preguntas.