Familias inmigrantes que actualmente se encuentran detenidas o recientemente fueron recluidas en Berks County Residential Center (BCRC), presentaron una petición para poder ser parte de la batalla legal sobre la revocación de la licencia operacional del centro.

“Creemos que es esencial que sus voces sean escuchadas en este proceso. También exigimos la liberación inmediata de las familias”, dijo John D’Elia, miembro del programa de servicios legales de Villanova, “Farmworker Legal Aid Clinic”.

El pasado 30 de enero el Departamento de Servicios Humanos anunció que la concesión de la licencia de operaciones de BCRC se vencería el 21 de febrero y que se no sería renovada.

Sin embargo, el Departamento de Servicios Sociales de Pensilvania permitió que el centro permanezca abierto debido a que éste inició un proceso de apelación para poder renovar su licencia.

“En primer lugar, estamos de acuerdo con la decisión del Estado de revocar la licencia debido a que el gobierno estatal simplemente no concede licencias al condado para alojar a niños y familias”, dijo D’Elia. “Creemos que existen conductas negligentes en el funcionamiento de las instalaciones”.

Desde hace un año la campaña “Shut Down Berks” (clausuren Berks), se ha encargado de denunciar condiciones abusivas que enfrentan familias inmigrantes que recluidas en las instalaciones.

Los miembros de esta campaña incluyen a Detention Watch Network; GALAEI; Juntos; #Not1More; Make the Road Pennsylvania; Migrant Power Movement; PICC; UUPlan y We Belong Together.

Durante una conferencia de prensa el pasado 16 de marzo, miembros de la campaña reportaron que recientemente se reportó el caso de una menor de cuatro años que contrajo Shigella en las instalaciones, enfermedad infecciosa que causa vómitos y diarrea.

“También hay evidencia de casos no tratados de diarrea y hongos, que se prolongaron durante semanas o meses sin tratamiento, a pesar de que los menores visitaron el centro médico”, dijo D’Elia.

“En base a la información que tenemos no sabemos si el centro de detención ha tomado medidas para evitar una mayor propagación de esta enfermedad, asegurando que los niños tengan acceso a instalaciones dónde puedan lavarse las manos, desinfectando los baños y las áreas de preparación de alimentos”, dijo Katherine Yun, médico pediatra y miembro de la junta del Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition.

Este caso es uno de varios incidentes reportados por Human Rights First, organización independiente de acción y defensa, que en febrero publicó un reporte sobre varias cuestiones de salud médica sin resolver en las instalaciones del centro.

Una de las problemáticas que más resaltaron es que ningún miembro de personal de enfermería o trabajador/a social habla español, el primer idioma de la gran mayoría de las personas detenidas.

“La atención oportuna de un médico, enfermera o asistente de médico son importantes para el diagnóstico precoz de enfermedades como la Shigella. La comunicación es absolutamente la base de una diagnosis y un tratamiento preciso”, dijo Yun.

"Exigimos al Departamento de Salud y al Centro para el Control de Enfermedades investigar de inmediato las condiciones médicas dentro de Berks. Un brote de Shigella es muy peligroso para las familias, pero especialmente para los niños", dijo Erika Almiron, directora de Juntos. "Este tipo de negligencia es también una enorme responsabilidad para el condado y el estado; en otros lugares del país en las que se ha producido un brote de Shigella, familias afectadas han presentado demandas por millones de dólares. Recomendamos encarecidamente que se investigue al centro y su clausura inmediata dado este nuevo desarrollo".

De acuerdo con D'Elia, la petición se encuentra actualmente ante la Oficina de Audiencia y Apelaciones en el sistema del Departamento de Recursos Humanos de Pensilvania, y por el momento están a la espera para saber si les concederán poder intervenir en el caso.