A la espera de una primera audiencia pública para analizar el controversial impuesto a bebidas azucaradas (soda tax) propuesto por el alcalde Jim Kenney, miembros de su gabinete proveyeron este lunes nuevos detalles sobre los posibles resultados de ser aprobado.

Según reportó Citified, la comisionada adjunta de ingresos Marisa Waxman declaró a los medios que la compra de bebidas azucaradas disminuiría de 61.288.194 galones en 2016 a 27.775.402 galones en 2017, o lo que es igual a 55  por ciento menos.

Waxman agregó que aún no se sabe si la disminución de la compra se deberá a que los compradores consumirán menos bebidas azucaradas, o porque decidirán comprar las bebidas afuera de Filadelfia.

Autoridades municipales indicaron que de ser aprobado, el impuesto a los refrescos generará $400 millones durante un período de cinco años. “En este momento no puedo imponer ningún otro impuesto con el fin de pagar inversiones que no hemos hecho en 50 años”, declaró el alcalde a AL DÍA.

Kenney propuso el ‘soda tax’ con el propósito de financiar la expansión de pre-K, la construcción de escuelas comunitarias, así como la reconstrucción de infraestructuras por diferentes puntos de la ciudad.

Desde que hiciera pública su propuesta de presupuesto para la ciudad, el alcalde ha apoyado ciegamente su plan como la mejor opción disponible.

“Creemos que hemos establecido un caso muy claro, que sin este plan, no podemos abordar los problemas sistémicos. Este impuesto se invertirá directamente en los barrios más necesitados”, dijo Kenney.

Pero también desde un inicio su propuesta contó con un amplio grupo de opositores que consideran que la aprobación de este nuevo impuesto traerá consecuencias negativas para los negocios locales, y que puede dañar los esfuerzos de la ciudad por ampliar el acceso a alimentos en barrios pobres.

Entre ellos se encuentra la coalición “No Philly Grocery Tax”, conformada por negociantes y líderes comunitarios.

"Nuestro mercado es un pilar en la comunidad y opera en márgenes muy pequeños", dijo Enerolina Rodríguez, propietaria de la tienda “Rodriguez Grocery” en el norte de Filadelfia. "Dos cosas malas pueden suceder: Por un lado no serán capaces de pagar los precios  altos, o por otro, los precios altos les impedirán comprar otros productos. Mi negocio no va a ser capaz de absorber estas pérdidas. Este impuesto es injusto para los pequeños negocios como el mío, y para familias trabajadoras que realizan sus compras con nosotros”.

Por otro lado están los distribuidores, embotelladores y grupos como la Asociación de Comerciantes de Alimentos de Pensilvania (Pennsylvania Food Merchants Association), organización que representa a unos 3.200 negocios de alimentos, mismos que según la asociación, emplean a 150.000 trabajadores a través del estado.

“Nosotros sí esperamos que en caso de que este impuesto se apruebe, los consumidores se verán obligados a comprar productos fuera de Filadelfia. Vamos a asegurarnos que el alcalde Kenney y los miembros del Concejo de Filadelfia sean conscientes de los efectos negativos del 'impuesto a bebidas azucaradas', a consumidores, minoristas y a la industria de bebidas”, dijo Dave McCorkle, presidente y CEO de PFMA.

Del otro lado del debate están aquellos que sí apoyan la implementación del impuesto, entre ellos, FOP Lodge 5, la Asociación Cultural Dominicana, Philadelphia NOW, the Maternity Care Coalition, así como líderes del Distrito Escolar de Filadelfia.

"La comunidad dominicana en Filadelfia será bien servida por el plan del alcalde Kenney para aumentar el acceso a educación Pre-k y fortalecer nuestro vecindario y escuelas públicas”, dijo Facundo Knight, de la Asociación Cultural Dominicana. “Ningún impuesto es perfecto, pero los programas que este impuesto apoyará tendrán un mucho mayor peso a cualquier impacto negativo".

Por ahora la aprobación del ‘soda tax’ está en manos del Concejo de Filadelfia y aún está por verse qué tan fuerte es su apoyo en la cámara de los concejales.

“Una de las cosas que he aprendido en mis ocho años como miembro del concejo es que somos muy reflexivos. Absolutamente deseamos darle al alcalde su primer presupuesto y absolutamente queremos analizar las fuentes de ingresos”, dijo la concejal del Distrito Siete María Quiñones-Sánchez.

“Creo que para nosotros uno de los puntos a analizar es si este impuesto es legal”, dijo Quiñones. “Tengo una empresa embotelladora de Coca-Cola en mi distrito. Queremos ser muy cuidadosos de no enfocarnos solo en una industria. Creo que la discusión pública es muy importante”.
Una primera audiencia pública para discutir el ‘soda tax’ está programada para el próximo 11 de mayo.