La batalla legal por las medidas migratorias del presidente Barack Obama llegó a la Corte de Nueva Orleans el viernes pasado, donde el Gobierno defendió su competencia para regular a cinco millones de indocumentados y la coalición de 26 estados, liderada por Texas, argumentó que es un abuso de poder.

Ese mismo día el alcalde de Filadelfia Michael Nutter se unió a distintos grupos locales pro-inmigración en un llamado a favor a las acciones en materia de inmigración de Obama. "Las medidas del presidente fortalecen el control de la inmigración indocumentada y crea un camino hacia la ciudadanía que anima a los inmigrantes a integrarse plenamente en su comunidad," dijo Nutter. "En diciembre pasado me uní a distintos alcaldes a través del país en expresar nuestro apoyo total a la acción ejecutiva del presidente".

"Si bien dichas acciones no son una solución permanente, son pasos importantes para apoyar el bienestar, la integración y el éxito de los inmigrantes en todo Estados Unidos", dijo Nutter en rueda de prensa el pasado 17 de abril. "Es mi más sincera esperanza, que yo conozco es compartida por otros alcaldes, defensores e inmigrantes por igual, que el Tribunal de Apelaciones restablecerá la ejecución de la acción ejecutiva del presidente Obama".

Desde el pasado 17 de febrero las medidas del presidente fueron bloqueadas por un mandato judicial emitido por el Juez distrital de EE.UU., Andrew Hanen de Brownsville, Texas (como parte de una demanda entablada por 26 estados que se oponen a la acción del presidente).

Como resultado, la ampliación de la Acción Diferida (DACA), que tenía que entrar en vigor el 18 de febrero, y la implementación de la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), cuyo inicio estaba previsto para mayo, fueron suspendidas.

Los dos programas, anunciados en noviembre por Obama, con la oposición del Congreso, dominado por los republicanos, pretenden regularizar a cinco millones y medio de indocumentados.

“Las medidas migratorias del presidente Obama permitirían que millones de inmigrantes solicitarán un alivio a la deportación, obtuvieran autorización para trabajar y licencias de conducir. Es imperativo que aquellos que califican para esta protección obtengan un acceso rápido, así como ampliar el programa de ayuda para incluir a más miembros de nuestra comunidad”, declaró la organización de South Philly, Juntos, a través de un comunicado.

Durante la rueda de prensa Maria Elena Quito,  cuyo esposo Pablo Quito fue deportado el 20 de marzo este año, presentó su testimonio.

Quito, quien es madre de dos hijos estadounidenses, declaró que su esposo fue arrestado bajo la Operación "Cross Check" realizada por la Oficina de Inmigración y Aduana (ICE). "De las más de 10 mil personas que detuvieron, casi la mitad eran personas con delitos menores, eran padres y madres de familia que estuvieron por muchos años en este país".

"No sólo necesitamos que DACA y DAPA sea aprobado, también necesitamos un proceso que sea justo para todos en la comunidad. Si este es el país que representa la libertad, la igualdad de los seres humanos, la realidad es que la libertad no existe. Si mi marido habría tenido estatus legal nuestra situación habría sido diferente", dijo Quito.