El capitán Frank Milillo, del distrito 3 de la policía de Filadelfia, instó a reportar cualquier caso de abuso o detención ilegal por parte de la policía y recordó que las quejas pueden ser entabladas de manera anónima. Archivo particular

Miembros de la comunidad inmigrante del sur de Filadelfia se reunieron el pasado 9 de febrero con funcionarios de la ciudad y del Departamento de Policía de Filadelfia para hablar sobre la relación entre estos y la comunidad latina.

Algunos asistentes hablaron sobre lo que consideran son casos de perfil racial y hostigamiento en su comunidad.

Carlos dijo que ha sido detenido sin razón en dos ocasiones por el mismo oficial mientras conducía su automóvil en el sur de Filadelfia.

Por su parte, Juana contó que en el 2011 tuvo un accidente de bicicleta luego de que otro conductor de bicicleta la chocó, y que la policía lo dejó ir sin investigar lo ocurrido. Debido al accidente, ella ha sufrido problemas de salud en su dentadura, que hasta la fecha le han costado $7.000.

Otro testimonio particularmente alarmante fue el de Miriam, quien reportó que fue interceptada por tres patrullas en el norte de Filadelfia, y uno de ellos le apuntó con una pistola y la acusó de llevar consigo drogas, aunque luego de registrar su vehículo no encontraron nada. 

Entre los funcionarios locales estuvo presente el nuevo capitán del distrito 3 de la policía, Frank Milillo.

Tras escuchar los testimonios, Milillo dijo que estos no son problema exclusivos de la comunidad hispana. 

"Sin importar en que área de la ciudad he trabajado, ya sea en comunidades afroamericanas o asiáticas, tienen los mismos asuntos", dijo MIlillo. 

Por otra parte agregó que los oficiales de la policía no tienen porque preguntar a personas con las que entran en contacto sobre su estatus migratorio.

"Queremos asegurarnos que las personas en la ciudad puedan reportar crímenes a nosotros sin temor de ser deportados", dijo Milillo. 

Por otra parte, instó a reportar cualquier caso de abuso o detención ilegal por parte de la policía y recordó que las quejas pueden ser entabladas de manera anónima aunque recomendó no hacerlo para facilitar su investigación y seguimiento. 

El evento se llevó a cabo en preámbulo a una conferencia de prensa previo al cierre de esta edición en la que se preveía que miembros del Concejo de la Ciudad, entre ellos María Quiñones-Sánchez, del Distrito Siete y James Kenney, del Distrito Uno, instarían a la ciudad a dejar de honrar los llamados 'ICE detainers' o 'immigration holds', por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y a colaborar con organizaciones proinmigrantes para establecer una política para crear una nueva política local. 

"Hacemos un llamado al alcalde Nutter para aprobar una orden ejecutiva para terminar el cumplimiento de los 'ICE holds', independientemente del estatus de inmigración, estatus económico, país de origen, estatus marital, identificación de género, e historial con el sistema legal criminal", lee un comunicado de Juntos.

El procedimiento conocido como "immigration detainer" o "immigration hold" es una petición por parte de inmigración a agencias locales de seguridad pública, a través del cual piden detener a individuos bajo su custodia por periodos de hasta 48 horas adicionales para comprobar su estatus migratorio y facilitar su transferencia a ICE.

Los llamados 'detainers' son parte del programa conocido como "Comunidades Seguras", a través del cual jurisdicciones locales comparten huellas digitales de personas arrestadas o bajo custodia con el FBI, y este envía automáticamente la información a ICE. 

Aunque el programa se enfoca en criminales, personas que representan una amenaza pública, e inmigrantes que han violado las leyes de inmigración en repetidas ocasiones, ha despertado críticas por su alcance indiscriminado y ha llevado a la deportación a personas que están lejos de representar una amenaza seria a la seguridad pública.  

Entre ellos se encuentran inmigrantes que entran en contacto con la ley, por ejemplo, tras ser detenidos por una falta menor de tráfico u otro tipo aunque esta no resulte en que se les presenten cargos.

Los activistas argumentan que las peticiones de detenciones de inmigrantes por parte de inmigración representan un gasto adicional de recursos para la policía que podrían ser utilizados en sus funciones regulares.

Por otra parte, una amenaza para la seguridad pública ya que algunos miembros de la comunidad inmigrante se pueden negar a reportar crímenes y cooperar con la policía por temor a la deportación. 

La organización lleva ya un par de años luchando por la comunidad inmigrante en la región de Filadelfia.

En la localidad de Norristown, unas 20 millas al noroeste de Filadelfia, ya se han anotado varias victorias.

En el 2013 lograron poner un alto a la colaboración entre agentes de la policía y de la Oficina de Inmigración de Aduanas (ICE) en retenes de tráfico.

Por otra parte, en enero pasado, el jefe de la policía de Norristown se comprometió a dejar de honrar las peticiones de detención de inmigrantes por parte de ICE y se dispone a redactar la política para hacer frente a esta colaboración.

Diversas ciudades, condados y estados a través de la nación ya se han negando a honrar las peticiones de detención de ICE o han establecido una serie de guías para dicho proceso.

Aun está por verse si Filadelfia será la próxima ciudad en unirse a esta creciente lista. A la espera de una reforma migratoria integral, los activistas proinmigrates no se darán por vencido. 

"Los inmigrantes deben tener un lugar en la mesa de negociación de la administración de Nutter para expresar cómo los 'ICE holds' devastan a nuestras familias y comunidades cada día y para crear una política mejor", dijo Blanca Pacheco, de New Sanctuary Movement. "Tenemos que terminar esta relación tóxica entre la policía e ICE".