Hace dos semanas el panorama pintaba muy distinto para el guatemalteco Manuel Portillo, cuando mostraba un entusiasmo hacia la posibilidad de presentar su testimonio en el juicio por genocidio contra el ex general José Efraín Ríos Montt. 

Después de haber residido por 20 años en Filadelfia, siempre se mantuvo activo a través de organizaciones de su país natal buscando la forma de denunciar la impunidad en Guatemala.

"Este juicio es algo crucial, mucha gente no tiene la fe ni la esperanza de que esta justicia tardía signifique gran cosa, pero creo que sí significa algo para la recuperación y el fortalecimiento de la democracia en Guatemala", declaró Portillo.

Ríos Montt y su antiguo jefe de inteligencia, José Rodríguez, se habían presentado frente a un tribunal desde el pasado 19 de marzo por el asesinato de 1.771 indígenas ixiles entre 1982 y 1983, según la denuncia de la fiscalía.

Durante cinco semanas, más de cien víctimas de masacres, asesinatos, desplazamientos, violaciones masivas, bombardeos, quema de pertenencias y robo de niños habían dado testimonio frente al tribunal.

"A una señora que estaba embarazada (los soldados) le sacaron el bebé y lo estrellaron en un palo. Yo lo vi directamente", relató Utuy, un indígena ixil de 70 años.

"Le abrieron el pecho, le sacaron el corazón. No sé si con cuchillo o machete", relató durante su testimonio Francisco Velasco sobre la forma en que los soldados asesinaron a su hija de 12 años.

Luego de testimonios desgarradores, un proceso judicial accidentado y una fuerte campaña que asegura que en Guatemala "no hubo genocidio", el pasado 18 de abril la jueza Carol Patricia Flores anunció un borrón y cuenta nueva que eliminaría horas de testimonios contundentes.

De acuerdo con la jueza, los testimonios tenían que ser anulados por razones de procedimiento y era probable retomar el proceso en la fase intermedia, lo cual significaba retroceder todo lo actuado de regreso a noviembre del 2011. 

"Esto demuesta que no se puede hacer justicia en Guatemala, este es el punto donde ya no confías en tu gobierno. Mis familiares que fallecieron durante el conflicto armado son una deuda grande que todavía tiene el gobierno con nosotros", dijo Genaro, residente de origen maya que ha estado en Filadelfia desde 1996.

Este guatemalteco de 47 años vivió en carne propia los años más cruentos del conflicto armado. Su padre era del área Q'anjob'al y su madre de la zona Quiché. 

"Yo fui parte de esos horrores. A los 17 años fui obligado a formar parte de las patrullas de autodefensa civil que Ríos Montt coordinó a nivel nacional sin saber cual era su verdadero objetivo", dijo Genaro.

El guatemalteco contó que esta era una supuesta táctica contra la guerrilla.  "Nosotros eramos obligados a cuidar parte de la carrera y a inspeccionar cada vehículo que circulaba. Todo aquel que no tuviera sus documentos era considerado un sospechoso que era investigado y detenido".

Varias mujeres escucharon el 2 de abril los testimonios de  mujeres indígenas violadas, durante el juicio contra el exgeneral golpista guatemalteco José Efraín Ríos Mont. EFE

A pesar de la situación crítica logró estudiar para convertirse en instructor de tejidos en la escuela noctura, pero ante la falta de futuro alguno y una lucha constante no le quedo más que abandonar su país en 1989.

"Es importante que haya justicia y que esto no vuelva a suceder. Hay que despertar nuestras conciencias dormidas y debemos ver con los ojos abiertos para en nuestra sociedad por fin haya paz", dijo Genaro.

'En Guatemala siempre habrá quienes niegan lo que pasó'

La noticia por parte de la jueza Flores cayó como balde de agua fría a las cientos de organizaciones de derechos humanos que han apelado a favor de las víctimas, y no se diga a los miles de familiares y personas afectadas por el conflicto armado en el país centroamericano.

Uno de los seguidores del juicio que no quedo sorprendido ante la repentina suspensión, es el autor de origen guatemalteco David Unger, cuyo trabajo siempre ha sido inspirado por su país natal. 

"La suspensión del juicio es una táctica normal en el sistema de Guatemala, es una estrategia para asustar a la gente. Para muchas de las víctimas les fue muy difícil poder hablar, llorar y descargar ese dolor, y enfrentar eso fue un peso enorme", dijo Unger.

El autor agregó que eliminar los testimonios tambíen será una barrera en el proceso del juicio, ya que la mayoría de la gente que testificó no vive en la Ciudad de Guatemala, y tendrán que regresar al tribunal en caso de ser llamados de nuevo.

"Así podrían desanimar a las víctimas y enviarles un mensaje de que sus testimonios no tiene valor. Mucha gente está muy contenta por este juicio porque es la primera vez en ese país que han llevado a un ex general acusado por genocidio hasta el tribunal, pero yo sospecho mucho de Guatemala, especialmente de la gente que está en el poder, porque siempre meten mano para evitar algún resultado", agregó Unger.

Por otra parte, también hay quienes confían más en el peso de las evidencias para alcanzar justicia.

"El caso está en las manos de la Corte de Constitucionalidad (CC) y estoy segura de que el juicio va a continuar. Las víctimas que han esperado más de 30 años merecen ser escuchados y merecen un veredicto, de lo contrario significaría que lo que ocurrió  fue legal y por lo tanto no quedaría más que concluir que podría ocurrir otra vez", dijo la antropóloga chilena Beatriz Manz, en entrevista telefónica con AL DÍA.

Esta profesora de la Universidad de Berkley rindió su testimonio durante el juicio el pasado 8 de abril, en el que explicó cómo documentó los desplazamientos humanos en las áreas de Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, dos de los tres municipios de Quiché. 

"Yo he estado yendo a Guatemala desde 1973. En 1982 viajé a la selva Lacandona, en el estado mexicano de Chiapas, donde había miles de refugiados guatemaltecos. Solo en ese año unas 36.000 personas huyeron del país y quedaron bajo el cuidado de las Naciones Unidas y la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar)", explicó la antropóloga.

Manz fue llamada a testificar por su amplia experiencia profesional y personal en las áreas de las poblaciones ixiles. Explicó que su testimonio ocupa una categoría muy particular porque además de poder interpretar el conflicto por el lado antropológico, su investigación sobre los desplazamientos llegó hasta donde nadie más había logrado.

"En marzo de 1983 subí muy arriba a las montañas de Guatemala, en la zona ixil, porque sabía que algo muy serio estaba ocurriendo con la población y yo quería documentar eso. Los pobladores no podían salir hacia México porque estaban cercados por los militares, la situación era crítica para ellos. Yo fui un testigo visual de todo esto", explicó Manz.

Durante su testimonio también citó documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que explicaban que el Ejército de Guatemala había determinado que la población ixil simpatizaba con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) —una de las organizaciones del movimiento insurgente– y que, por lo tanto, "se podía esperar que el Ejército actuaría contra la población civil, de la misma manera que lo hacía contra los guerrilleros". 

Una mujer invidente toca un acordeón frente a imágenes de víctimas del conflicto armado en Guatemala (1960-1996), en una calle del centro histórico de Ciudad de Guatemala. Se calcula que durante el conflicto armado hubo entre 40.000 y 50.000 desaparecidos.

Agregó que las condiciones de vida de la comunidad ixil eran infrahumanas, y que al llegar a México se encontraban desnutridos, con infecciones y enfermedades.

El trabajo profesional de la antropóloga ha estado en gran parte enfocado en las comunidades mayas de Guatemala. Desde entonces ha escrito columnas de opinión para The New York Times y otros periódicos, e incluso dio su testimonio ante el Congreso de EE.UU. para abogar  contra la ayuda militar y económica estadounidense a Guatemala.

"Nunca me imaginé que iba a llegar el día en que formara parte en un caso tan histórico y menos que iba a estar en una corte con Ríos Montt a mi izquierda", dijo Manz. "Uno de mis primeros libros se llama 'Refugiados de una guerra oculta', porque así fue, oculta. Mi último libro se llama, 'Paraíso en cenizas', toda una documentación que yo estaba acumulando y que imagine que así iba a quedar, con los cuerpos debajo de esas cenizas. Esta oportunidad ha sido extraordinaria".

Para el escritor estadounidense de origen guatemalteco, Francisco Goldman, a pesar de los recientes desarrollos en el juicio, el proceso apenas si esta comenzando y aun hay mucha evidencia por mostrar.

"Cuando estás en el sistema de justicia de Guatemala es como un juego de ruleta, hay muchos jueces muy valientes y honrados, pero también los hay muy corruptos. Yo lo viví con el caso del obispo Gerardi durante nueve años, en los que tuvimos muchas derrotas. La gente no se debe desesperar con esto", dijo Goldman en entrevista para AL DÍA.

Al igual que Manz, el trabajo de Goldman ha estado forjado por la guerra sucia en Guatemala. Nacido en Boston (MA), de madre guatemalteca y padre estadounidense, llegó al país centroamericano en 1979 con Fernando Romeo Lucas García en el poder.

"Un poco antes de las masacres, ese año es famosísimo porque fue uno de los más sangrientos en la Ciudad de Guatemala. Yo llegué como un graduado universitario inocente, había crecido en una burbuja emocional e intelectual y nada me había preparado para una experiencia así", dijo Goldman.

Al poco tiempo de haber llegado al país centroamericano, su vida cambiaría para siempre al visitar una morgue de la ciudad.

"Yo estaba viviendo con unos tíos en una casa clásica de clase media con muros muy altos que aislaban de toda la realidad. Una estudiante de medicina me invitó a sus prácticas en la morgue, me dijo que todos los días les llegaban tantos cuerpos que a veces los apilaban como leños", contó el escritor.

Hubiera sido fácil para el recién llegado decir que no, pero algo lo instó a aceptar la invitación.

"Fue un momento que cambió mi vida. Había muchos cadáveres en los que claramente se veían señales de tortura, algunos tenía partes mutiladas y otros tenían quemaduras de cigarros", dijo Goldman.

En 2007 publicó su libro 'El arte del asesinato político', en el que Goldman reconstruye el asesinato del obispo Juan Gerardi ocurrido el 26 de abril de 1998, con una extensa investigación tanto en el interior como en el exterior de Guatemala. 

Gerardi es reconocido por sus esfuerzos en la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra durante el Gobierno del presidente Álvaro Arzú (1996-2000), y fue él quien tuvo la idea del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que había dirigido y cuyo primer resultado fueron los cuatro tomos de 'Guatemala, nunca más'.

"Este fue un asesinato realizado como una obra teatral, diseñado para mandar mensajes y confundir a la gente haciéndoles creer que se trataba de un crimen sexual doméstico, pero con un mensaje sobreentendido para los guatemaltecos: que sí te  metes con el ejercito lo vas a pagar", dijo Goldman. "Esta fue una batalla larguísima y no fue hasta el 2001 que por primera vez en el país se logró condenar a oficiales del ejercito por haber participado en un asesinato de estado".

Para Goldman este caso fue un gran avance para el sistema de justicia, y de cierta manera, fue un proceso que sirvió como antecedente para actual juicio contra Ríos Montt. Agregó que se deben esperar muchos tropezones en el camino al veredicto, porque siempre habrá voces que protegen lo establecido por el sistema militarizado.

"En Guatemala siempre vas a tener roces muy reaccionarios que quieren negar que todo esto sucedió por un montón de razones. Simplemente no quieren reconocer que mientras que ellos vivieron vidas, dentro de lo que cabe, tranquilas y prósperas, en su nombre se estaban cometiendo crímenes de este carácter que se puede comparar con los Nazis y con Ruanda, ellos saben cómo la verdad va a manchar el nombre del país", explicó el autor. 

Una mujer representó simbólicamente a la justicia en una protesta el 20 de abril, en donde cientos de víctimas de la represión militar que vivió Guatemala se manifestaron para exigir a la Corte de Constitucionalidad agilizar fallos contra Ríos Montt.

Una de esas personas con roces raccionarios es el actual presidente de Guatemala, el ex militar Otto Pérez Molina, quien el 4 de abril fue implicado como partícipe de las masacres perpetuadas entre 1982 y 1983.

"Aquí, como en toda guerra, hubo actos que no son justificables, pero de ahí a decir que hubo genocidio, es una diferencia muy grande", insistió Pérez Molina.

Y es que ni los 60 cuerpos encontrados en una de las fosas exhumadas, que incluían a dos bebés no nacidos y 18 menores de entre 0 y 3 años, ni los 1.490 cuerpos encontrados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) dan suficiente evidencia para aquellos que aseguran que 'no hubo genocidio'.

Hasta el cierre de esta edición, tanto la ONU como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) han exigido a las autoridades guatemaltecas que reanuden el juicio, cuya decisión aun continúa en manos de la CC.

"Claro que este proceso va a continuar, estamos hablando de 1.771 personas que fueron masacradas. La evidencia está ahí y las víctimas no son fantasmas, son personas reales e indefensas, habían niños, ancianos, gente que no estaba armada y que fueron asesinadas", dijo Manz.

Para la antropóloga en cuestiones de justicia más vale tarde que nunca. "Hoy ya no hay excusas, ahora todo el mundo está al tanto de la situación, la gente tiene que pronunciarse contra esta injusticia y este silencio", concluyó.