Venezuela: 50 días de protestas y 46 muertos
El movimiento opositor venezolano no ha tenido descanso, cumpliéndose el día sábado cincuenta movilizaciones multitudinarias en contra del gobierno de Nicolás…
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Pasados 50 días desde que el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyera las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, las manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro no han cesado en todo el territorio Venezolano.
Entre marchas multitudinarias, el cierre de vías principales e intervenciones públicas por parte de los ciudadanos, el pueblo venezolano - bajo la organización de la Mesa de la Unidad Democrática – ha tomado las calles casi todos los días para alzar la voz en contra del desabastecimiento nacional de alimentos y medicamentos, la inflación descontrolada y la inseguridad, reclamando en principio unas elecciones regionales pospuestas indefinidamente por el gobierno y posteriormente decantando en la solicitud irrevocable de unas elecciones generales para un cambio de gobierno definitivo.
Desde el día 29 de marzo, las demostraciones de descontento no han cesado en el país, organizándose movilizaciones prácticamente todos los días a través de todo el territorio venezolano.
Con una convocatoria nacional, el movimiento opositor Mesa de la Unidad Democrática ha logrado organizar al pueblo venezolano para llevar a cabo marchas, “plantones” y tomas por lo menos dos veces por semana, y la iniciativa se ha vuelto un fenómeno nacional, donde desde estudiantes de bachillerato hasta personas de la tercera edad han tomado las calles para hacer saber al gobierno que ya no cuenta con el respaldo de la mayoría del pueblo.
La respuesta por parte del presidente Nicolás Maduro ha sido la autorización del uso de armamento anti-motín por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las fuerzas policiales – que cuentan con gases lacrimógenos, balas de goma y tanquetas de agua a presión – para evitar el desplazamiento de cualquier marcha así como cualquier concentración de manifestantes.
Asimismo, el Presidente Nicolás Maduro, ante la presión de la gente en las calles, resolvió convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución de Hugo Chávez Frías de 1999, pero su planteamiento sugiere una Constituyente “gremial”, donde sólo algunas personas podrían votar, violando rotundamente la Carta Magna que pretende desmantelar.
- Acorralado por la presión en las calles, Nicolás Maduro convoca una Asamblea Nacional Constituyente.
El resultado ha sido una confrontación que representa la más desequilibrada guerra civil. Por una parte, los manifestantes, cuentan con escudos hechos en casa y piedras, frente a una contraparte armada hasta los dientes.
El saldo de muertes por golpes horizontales de bombas lacrimógenas y balas ha sido de 46 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos a nivel nacional, según reporta El Universal.
El descontento se ha generalizado al punto de destrucción de monumentos chavistas, obstrucción continua de las vías y la toma masiva de las calles, sin descanso alguno.
Al mismo tiempo, los representantes diplomáticos de la oposición han recurrido a la Organización de los Estados Americanos, a gobiernos extranjeros y a la Organización de las Naciones Unidas, para hacer llegar documentación que registra la incapacidad del gobierno para resolver la crisis económica, la represión inhumana de los manifestantes y las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos que ahora colman las cárceles del país, a pesar del intento del gobierno de impedirlo al anular el pasaporte de algunos mensajeros, como el gobernador Henrique Capriles Radonski.
Gobiernos internacionales – incluyendo la gran mayoría de los países latinoamericanos, España y Canadá – se han manifestado en apoyo al pueblo venezolano y recomendando elecciones generales inmediatas para solventar la crisis.
Por su parte, el Gobierno de Los Estados Unidos ha nombrado una comisión para investigar a los cabecillas del gobierno venezolano por presuntos nexos con el narcotráfico internacional y por abuso de poder.
El día 03 de mayo, el Senado estadounidense impuso sanciones a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, y anunció la investigación del vicepresidente Tareck El Aissami por narcotráfico.
Desde una marcha multitudinaria de mujeres el día 6 de mayo, la salida de los “abuelos” a la calle el viernes 12 de mayo, la marcha de los músicos el domingo 07 de mayo y la salida del día de ayer de todos los representantes del gremio médico y de salud a las calles en reclamo por la falta de insumos básicos, cada estrato social y cada comunidad ha hecho de la lucha una batalla personal.
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Pero la respuesta del gobierno ha sido la misma en todos los casos: incluso las personas mayores fueron agredidas con bombas lacrimógenas, y la represión pareciera no ceder.
Durante la semana pasada, múltiples denuncias han surgido por el allanamiento ilegal de residencias por parte de agentes de la GNB, y el descontrol de los llamados “Colectivos Bolivarianos” – un movimiento paramilitar armado y amparado por el eslogan del difunto Hugo Chávez Frías – han dejado claro que el gobierno no cederá ante ningún reclamo.
La herramienta principal de la oposición venezolana han sido los medios de comunicación independientes – pues el país cuenta con la más arraigada censura en los medios nacionales – y las redes sociales, a través de las cuales se han diseminado toda clase de imágenes y vídeos que no son transmitidos por cadena nacional.
Asimismo, y bajo su propio riesgo, la prensa internacional ha acudido a cubrir las manifestaciones, siendo a veces víctima de hurtos, maltratos y humillaciones por parte de las fuerzas oficiales, quienes cada vez más atentan contra camarógrafos y reporteros, según reportó el Comité de Protección Periodística (Committee to Protect Journalists) el día 12 de abril.
El descontento general se ha detonado y las manifestaciones son ahora a nivel nacional y sin convocatoria abierta. Tan sólo el día de ayer, cuando se planteaba una marcha por la salud por parte de los gremios médicos, el “epicentro” de las protestas se trasladó a la ciudad de Barinas, provincia natal del difunto Hugo Chávez, según reportó El País.
El saldo del día de ayer fueron dos muertes por heridas de balas y la destrucción de la casa natal de Chávez, según reportaba el día de ayer el ABC de España.
Asimismo, y según diversos testimonios, “francotiradores vestidos de civil disparaban contra los manifestantes en la sede de una dependencia de la empresa estatal de petróleo, PDVSA, en un barrio industrial de la capital”, según continúa el reporte.
Según aseguraron los dirigentes opositores la situación nacional actual implica que la población se ha apegado al artículo 350 de la Constitución nacional que ampara el “derecho a la desobediencia social”, y que las movilizaciones sociales no se detendrán hasta que haya un cambio de gobierno.
Por su parte, el gobierno venezolano ha atribuido las muertes y la desestabilización social a la oposición, asegurando que el gobierno es la “vía de la paz” contra “la violencia y el fascismo”.
Se espera que la comunidad que apoya al gobierno se movilice el día de hoy en la capital del país.
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