Tras la decisión inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia de anular la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, el pueblo venezolano ha tomado las calles del país para radicalizar la protesta y denunciar la urgencia de unas nuevas elecciones.

Como retaliación, la Contraloría General “ha sancionado esta semana a Capriles con el pago de una multa de diez dólares por haber reconducido el presupuesto del Estado Miranda”. Capriles, que ejerce la función de gobernador del Estado, ha interpretado la medida como un “intento de inhabilitación política”, según el diario El País.