Argumentando un “plan golpista de la derecha y amenazas imperialistas”, el presidente designado evocó al difunto Hugo Chávez, asegurando que “hice lo que haría el presidente Hugo Chávez, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para encarar esta situación”.

“Como jefe de Estado constitucional, de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo, en un proceso popular constituyente, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente”, agregó.

Según la Constitución de 1999, en su artículo 347, “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

Si bien la Constitución expresa de manera clara que la Asamblea Constituyente debe ser elegida a través del voto secreto, directo y universal de toda la ciudadanía, quienes escogerían a los constituyentes, sin distinción de clase, partido o preferencia política.

Sin entrar en detalles sobre el proceso de elección de los constituyentes, Maduro explicó que la Constituyente estaría formada por 500 miembros elegidos por “voto del pueblo”, y de los cuales “unos 200 o 250 serán electos por la base de la clase obrera”.

Asimismo explicó que los pensionados tendrán “por primera vez en la historia sus constituyentes elegidos directamente por ellos”. De la misma manera, tanto indígenas, estudiantes y comunas tendrían sus representantes dentro de la comisión que reformará la constitución.

Paradójicamente, Maduro pidió “buscar a los mejores candidatos para tener una mayoría arrasadora del pueblo chavista”: “Será una Constituyente ciudadana, popular, obrera. Una constituyente chavista. He convocado una Constituyente ciudadana, no una Constituyente de partidos ni élites”.

Sin determinar fechas ni mecanismos específicos para llevar a cabo la reforma constitucional, Nicolás Maduro designó una Comisión presidencial para convocar a un “diálogo nacional” que activaría la Asamblea. Tal comisión estará conformada por personajes únicamente partidarios del oficialismo, como Cilia Flores, Aristóbulo Istúriz, Herman Escar´á, Isaías Rodríguez, Earle Herrera, Delcy Rodríguez, Iris Varela, Nohelí Pocaterra y Francisco Ameliach, sin tomar en cuenta representantes de la mayoría opositora del país.

Durante el año 2015, Nicolás Maduro habría anunciado la aprobación de un Parlamento Comunal, frente a la victoria opositora en las elecciones parlamentarias, que demostraron el fuerte descontento de la ciudadanía y su apoyo a un posible cambio dentro del sistema gubernamental.

Un Parlamento Comunal pretendía desconocer la Asamblea Nacional opositora, creando “un poder que le permita al pueblo disponer de recursos, jefaturas, toma de decisiones, leyes, forma de vida”. En otras palabras, pasar por encima de la Asamblea elegida por los venezolanos, y continuar el gobierno absolutista del oficialismo.

Desde el régimen de Hugo Chávez, quienes se inscribieran en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) podían formar parte de al menos 45.000 consejos comunales, constituidos actualmente por un tercio de los venezolanos, que obtienen beneficios como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que distribuyen alimentos a quienes apoyan al gobierno, en una época donde la escasez de alimentos y medicinas tiene a Venezuela en el centro de la peor crisis humanitaria de su historia.

El dirigente opositor y Presidente de la Asamblea Nacional – elegida por voto universal y de mayoría opositora – Julio Borges, habría advertido en días anteriores de la estrategia que el gobierno guardaba bajo la manga.

Tras el anuncio de Maduro, Borges aseguró que “es la consumación del golpe de Estado continuo de Maduro a la Constitución”.

Para la oposición, la nueva orden gubernamental “mata y asesina el legado de Hugo Chávez a Venezuela, que era la Constitución”. El difunto presidente Hugo Chávez inauguró su mandato en 1999 con la reforma a la Constitución de 1961, y que sometió a voto secreto y universal, a través de un referéndum popular el 25 de abril de 1999. La Constitución de Chávez inauguraba lo que su partido denominó “La Quinta República”, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas, el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cambiando el nombre de la nación a República Bolivariana de Venezuela y aumentando los poderes públicos nacionales de 3 a 5, agregando el Poder Ciudadano y el Poder Electoral.

Según Julio Borges, una constituyente comunal no sería “electa por el pueblo”, anulando los poderes ciudadanos y otorgándole un poder absoluto y dictatorial al Presidente de la República. De esta manera, caería el telón de una supuesta democracia que ha sido denunciada como dictadura por los ciudadanos venezolanos durante los últimos diez años.

Para el Presidente de la Asamblea Nacional, la propuesta de Maduro busca “huir del voto universal, directo y secreto del pueblo que en las calles exige respeto a la Constitución”.

Como parte del desconocimiento a la Constituyente de Maduro, Julio Borges hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a desconocer el gobierno y ponerse del lado del país que ha salido masivamente a las calles, a pesar de la violenta represión del gobierno. “No se hundan con este golpe de Estado, es el momento de la conciencia, rebélense”, concluyó.

Frente a la respuesta del gobierno, la oposición ha organizado el bloqueo de calles y comunidades durante el día de hoy, una sesión de la Asamblea Nacional durante la tarde y una nueva marcha para el miércoles 3 de mayo.