Han pasado poco más 50 días desde que Donald Trump pronunció aquel histórico discurso del que probablemente solo se recuerde la frase “From this day forward, it’s going to be only America first” (De ahora en adelante solo será Estados Unidos primero). Y así, como sucede con el clima -que una cosa es la temperatura y otra muy diferente la sensación térmica-, la presidencia de Trump ha impuesto uno de zozobra pese a su promesa de mejores días para Estados Unidos: “Make America great again”.

Y no es para menos. Desde el 20 de enero no ha pasado un solo día sin que la Casa Blanca no sea fuente frenética de escándalos, burlas o malas noticias para inmigrantes, mujeres, ambientalistas, indígenas, afrodescendientes y pobres en general.

Tantas han sido las noticias que no es fácil recordarlas todas en orden cronológico. Quizá por esa razón es que la propia Casa Blanca dio a conocer el pasado 10 de marzo un listado de las acciones más significativas del presidente en su afán de cumplir a cualquier costo todo lo que prometió en campaña.

En el comunicado, publicado en la página oficial de la Casa Blanca, se despliega un listado de acciones presidenciales en temas como la creación de empleos, la flexibilización de regulaciones federales, el congelamiento de la contratación gubernamental, la anulación y sustitución del Obamacare, el incremento del gasto en las carteras de Defensa y Seguridad Nacional, entre otras.

El aparente afán de la Administración Trump por mostrar resultados llama la atención, sobre todo porque al leer el listado lo que se ve es un compendio de acciones sin mayores detalles. Por ejemplo no está claro aún si los memorandos presidenciales firmados por Trump tienen poder legal para derogar las órdenes ejecutivas del gobierno Obama: un detalle de forma, pero lo suficientemente importante para incomodar. 

El documento empieza refiriéndose a un supuesto “salto” en la creación de empleo, y se basa en decisiones del presidente que no han estado exentas de controversia, como el retiro de EE.UU. del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés), o la reactivación de los proyectos petroleros de Keystone XL y Dakota Access, ambos rechazados por su predecesor y por miles de activistas, entre ellos la tribu indígena Sioux de Standing Rock. Cabe mencionar que ninguno de los memorandos presidenciales especifica cuántos empleos se crearán a partir de las decisiones, pero enfatizan que las obras deberán hacerse con equipos y mano de obra estadounidense. 

Sobre este “salto” hacia la creación de puestos de trabajo vale la pena recordar que Obama dejó la Casa Blanca con un saldo de 2 millones de empleos creados durante su gobierno. Según el Departamento de Trabajo, el índice de desempleo este mes se mantiene en 4,7 por ciento, como lo dejó la administración anterior; y el país completó 105 semanas con un registro de solicitudes de subsidio de desempleo  por debajo de las 300.000 (el 11 de marzo iban en 241.000). En la actualidad 2,3 millones de personas tienen acceso a esta ayuda. 

Entre otras acciones destacadas están los pasos dados para reducir la injerencia federal en la economía, el comercio interno y el tamaño del gobierno. La semana pasada se conoció el proyecto de plan presupuestal en el que se ve un fuerte recorte en las carteras de Ambiente, Salud y Trabajo. Aunque el plan es apenas una propuesta, se prevé el recorte o desaparición de muchas agencias y entidades estatales que dependen de fondos federales y cuya misión es atender a población vulnerable del país.

A la orden ejecutiva del 25 de enero, en la que se da vía libre a la construcción del muro en la frontera con México, se suman los 54 mil millones de dólares que el gobierno planea inyectar a las carteras de Defensa y Seguridad Nacional bajo el pretexto de una supuesta amenaza inmigrante. Estas medidas han generado el rechazo de organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), que desde muy temprano ha desplegado un entramado de movilizaciones a lo largo y ancho del país llamadas a resistir la ‘Era de Trump’. 

En este sentido, “ciudades Santuario” como Filadelfia también han expresado sus reservas frente al efecto de las políticas federales en sus juridiscciones. Basta darle un repaso a las manifestaciones que han tenido lugar desde el 21 de enero.

Y no es para menos, desde que el magnate puso un pie en la Casa Blanca, el clima social y político del país se ha enrarecido a tal punto que hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha mostrado preopcupada a propósito de las medidas adoptadas por el gobierno en cuanto a migración, medio ambiente y derechos de la comunidad LGBTI.

Un clima cuyo pronóstico promete más nubes negras sobre las vidas de millones de personas.