Después de casi 20 años de Revolución Bolivariana en Venezuela, el régimen del país aún insiste en disimular la represión política.

Tras el anuncio de la muerte de Fernando Albán Salazar, concejal del Área Metropolitana de Caracas por el partido opositor Primero Justicia, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el gobierno ha asegurado que se trató de un “suicidio”.

Albán había sido detenido durante el fin de semana en el aeropuerto internacional Simón Bolívar cuando regresaba de Estados Unidos, bajo acusaciones de haber participado en el atentado fallido con drones contra el presidente Nicolás Maduro cometido el pasado 4 de agosto, según reportó el diario español El País.

El gobierno, en voz del ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, declaró que “en el momento en que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones y la caída le ocasionó la muerte”.

Pero el partido opositor al que pertenecía Albán refutó las declaraciones del gobierno y aseguró que se trataba de otro homicidio político por parte del régimen.

“Con profundo dolor y sed de justicia nos dirigimos al pueblo de Venezuela, especialmente a los justicieros de todo el país, para informar que el concejal Fernando Albán murió asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro en el Sebin de Plaza Venezuela”, aseguró en un comunicado.

La muerte del concejal forma parte de una escalada de tensiones en el país tras la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos y por los países de la región durante la Asamblea General de las Naciones Unidas por la grave crisis que vive Venezuela y que ha obligado a miles de personas a desplazarse a los países vecinos.

Sin embargo, la mano de hierro del régimen se ha reforzado durante los últimos años haciendo desaparecer la oposición, cuyos miembros se encuentran exiliados en su mayoría.

Según ellos, “más de 100 venezolanos que se oponen a Maduro se encuentran detenidos como ‘presos políticos’, algunos desde hace más de cuatro años, con poco acceso al mundo exterior y con sus derechos legales pisoteados con frecuencia”, explicó CBS News.

La credibilidad del régimen ante la comunidad internacional es cada vez más escasa. Es por ello que las Naciones Unidas han exigido a los funcionarios venezolanos “llevar a cabo una investigación independiente y transparente” de la muerte de Albán, después de que las versiones de los representantes del gobierno de Maduro no coincidieran y ante las acusaciones de asesinato político.

Desde el 2014, las protestas masivas contra el gobierno de Nicolás Maduro han dejado una larga lista de jóvenes asesinados y desaparecidos que, para quienes tienen algo de memoria histórica, recuerda las dictaduras que dominaron el Cono Sur durante los años 70.