Después de dos años de batallas legales por incluir la pregunta de ciudadanía en el Censo, el presidente Donald Trump finalmente ha logrado excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo.

En un memorándum presidencial firmado el pasado martes, Trump argumentó que su medida era una manera de “entender mejor la constitución”.

"Por consiguiente, he determinado que el respeto a la ley y la protección de la integridad del proceso democrático justifican la exclusión de los extranjeros ilegales de la base de reparto, en la medida en que sea factible y en la máxima medida de la discreción del Presidente bajo la ley", dice la orden.

Según explicó el Washington Post, el memorándum busca derribar un sistema vigente desde que comenzó el conteo decenal en 1790, y en el que todas las personas que residen en el país deben ser contadas para el reparto de número de representantes en el Congreso, así como los fondos federales.

Esta es la continuación de un esfuerzo iniciado desde la inauguración presidencial, cuando, entre un veto a la inmigración musulmana y la delineación de una agenda anti-inmigrante para el resto del período, el gobierno decidió un año después incorporar la pregunta de ciudadanía en el Censo.

Sin embargo, el hecho de que se trate de un memorándum presidencial implica que nada está escrito en piedra, y que puede ser disputado en las cortes.

"El memorándum de hoy terminará en el basurero de la historia como otro ejemplo del inquietante abrazo de Donald Trump al nacionalismo blanco", dijo Thomas Saenz, presidente y consejero general del Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), en un comunicado. "MALDEF estará en los tribunales para detener este último ejemplo de acción ejecutiva descaradamente inconstitucional de una presidencia fallida".

Dale Ho, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo que el "último intento de Trump de armar el censo para un ataque a las comunidades de inmigrantes será declarado inconstitucional". Lo veremos en la corte, y ganaremos, de nuevo".

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James (D), que dirigió una demanda multiestatal contra la cuestión, también dijo que impugnará el memorando en los tribunales.

Para cualquiera que haya seguido de cerca la política estadounidense en los últimos años, es previsible que una decisión como esta por parte de la administración Trump terminará estancada en los tribunales.

Pero considerando que el Censo 2020 ya está en marcha y que, según los reportes del gobierno, un 62.2% del país ya ha respondido, a pesar de la inestabilidad del país entre la pandemia y el descontento social en las calles, la meta de excluir a los inmigrantes del conteo no ha sido tan difícil.

Según reportó CNN, a pesar de los esfuerzos de organizaciones comunitarias y grupos de defensa de los inmigrantes en el país, quienes han dedicado meses a la divulgación y a convencer a los inmigrantes de que participen, la reticencia se ha hecho sentir.

En pocas palabras, se trata de un juego de suma cero para estas comunidades: mientras el gobierno les amenaza con estrategias vacías, el miedo es más fuerte, y su ausencia en la participación sencillamente puede perpetuar la escasez de fondos para infraestructura en sus distritos, así como su representación en las mesas de discusión política.