El pasado martes 4 de agosto el mundo entero veía con estremecimiento cómo una onda expansiva, producto de una explosión en el puerto de Beirut, se llevaba todo por delante.

Lo que se reportó inicialmente como una detonación dentro de un almacén de fuegos artificiales, se vio en imágenes como un hongo anaranjado que devoró varios bloques de edificios, en medio de lo que parecía un terremoto.

No fue sino hasta última hora de la tarde que el Ministerio de Salud reportó más de 70 personas muertas y al menos 3.000 muertos en lo que describen como “la peor carnicería que ha sufrido la ciudad en más de una década.”

Según reportes de periodistas en el terreno, los heridos se desplazaban entre escombros hacia los hospitales cercados por el control de la pandemia del coronavirus, mientras miles de manifestantes se concentraban en la Plaza de los Mártires, no lejos del lugar de la explosión, llenos de ira por lo que calificaron inmediatamente como otro gesto más de la negligencia del gobierno libanés.

Desde mediados del 2006, el Líbano ha vivido una profunda crisis política típica de los gobiernos de la región, donde la fragmentación ideológica y partidista dejó incluso al país sin presidente durante un período en el 2007.

En un país donde el grupo islámico – y frecuentemente calificado de terrorista – Hezbollah domina gran parte de la dinámica política,  la violencia ha estado a la orden del día.

Tan sólo en el 2008, más de 100 personas murieron por enfrentamientos entre el grupo islámico y la oposición, y el oeste de Beirut se ha transformado en territorio de nadie.

Según explicó la BBC, el origen de la presencia de Hezbollah en el Líbano se remonta a la ocupación israelí del territorio a principios de los años ochenta, donde Irán colaboró con la formación de grupos de resistencia.

Una vez Israel se retirara en el 2000, el grupo se rehusó a desarmarse y fortaleció su ala militar, llegando al parlamento y adquiriendo poder de veto en el gabinete.

Desde entonces, se le ha acusado de ser el responsable de múltiples actos violentos, incluido el asesinato de Rafic Hariri, magnate empresario y ex Primer Ministro del Líbano entre 1992 y 1998, y entre el 2000 y el 2004, quien murió cuando una furgoneta estalló al lado de su comitiva en febrero del 2005.

Aunque la firma del Acuerdo de Doha el 21 de mayo de 2008 puso fin a los conflictos, la situación se sentía como una bomba de tiempo – casi literalmente.

Aunado a ello, la posición geográfica del Líbano le ha transformado en el receptáculo de más de un millón de refugiados sirios y palestinos desplazados de los conflictos colindantes, cuya situación ha sido un agravante para los pactos políticos internos.

La distribución del poder político en el Líbano es poco conocida a nivel internacional. Según reportaba The Economist en octubre del 2019, el sistema político sectario del país establecido tras el acuerdo de Taif de 1989, y que otorga autoridad política a los partidos dependiendo de su afiliación religiosa, ha permitido el abuso y la explotación de las posiciones de poder.

Entre 18 sectas religiosas islámicas, 12 cristianas, una drusa y una judía, el poder se ha concentrado siempre en las primeras, sin permitir la justa representación de sus ciudadanos.

En octubre del 2019, la población civil libanesa tomó las calles, inicialmente, por el aumento de impuestos sobre la gasolina, el tabaco y las llamadas a través de aplicaciones como WhatsApp, y que rápidamente se transformaron en un grito impugnador contra el sistema histórico de gobierno.

Entre un desempleo crítico, la corrupción endémica y la falta de separación de los poderes del estado, el país se cansó de haber vivido durante décadas sin servicios básicos ni representación en las mesas de discusión.

Aunque el Primer Ministro Saad Hariri renunció al puesto, y aunque el ex Ministro de Educación Hassan Diab ha sido encargado con la formación de un nuevo gabinete, las protestas no se han calmado.

Especialmente porque Diab fue nombrado con el apoyo de Hezbollah, un gesto considerado por todos como “más de lo mismo”.

Aunque se desconocen muchos detalles de la explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut, los funcionarios del gobierno reportaron que se debía a la concentración de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un componente frecuentemente utilizado para la manufacturación de fertilizantes y bombas, según explicó el New York Times.

Pero el pasado violento del ala religiosa del gobierno hace a muchos creer que tiene más que ver con una manera de controlar el descontento social.

Aunque Hezbollah declaró no tener nada que ver en el asunto, la ira de los ciudadanos al ver su capital destrozada ha hecho que las protestas en las calles se intensifiquen, llevando a Diab a renunciar al cargo el lunes 10 de agosto.

En una alocución nacional, Diab anunció que su gobierno se retiraba del puesto tras la explosión que calificó de “desastre sin medida”, según reportó CNN.

Diab reprendió a la élite política gobernante del Líbano por fomentar “un aparato de corrupción más grande que el Estado”.

"Hemos luchado valientemente y con dignidad", dijo, refiriéndose a los miembros de su gabinete. "Entre nosotros y el cambio es una gran y poderosa barrera".

Diab comparó la explosión del martes con un "terremoto que sacudió el país" que llevó a su gobierno a renunciar. "Hemos decidido estar con el pueblo", dijo.

Tres ministros del gabinete ya habían renunciado, junto con siete miembros del parlamento.