Si en algún momento dudaste del infierno que viven los Centroamericanos en el día a día en casa, tan sólo échale un ojo a lo que estan dispuestos a enfrentar una vez llegan a Estados Unidos con tal de no tener que volver a su calvario cotidiano.

Aunado a los miles de kilómetros que deben recorrer – como contrabando, en transportes improvisados o incluso a pie – los inmigrantes reducen sus vidas a una mochila y una meta inamovible: sobrevivir.

Pero llegar a la frontera, distinto a lo que pueden haber soñado en algún momento, es un infierno en sí mismo.

La Administración del Presidente Donald Trump ha decidido hacer mil veces más complicado el procedimiento de solicitud de asilo en el país, rehusándose a recibir más inmigrantes, cueste lo que cueste.

“Un sistema hostil”, como le describe Jenny Jarvie en su artículo para Los Angeles Times, “les obliga a languidecer en centros de detención lejanos, sin esperanza de libertad condicional, escaso acceso a abogados y, en última instancia, pocas posibilidades de ganar sus casos”.

Cientos de personas permanecen estancadas en campamentos improvisados o centros de detención cuya infraestructura ha sobrepasado con creces sus límites.

A principios del mes de mayo, la Associated Press calculó un aproximado de 13.000 inmigrantes que esperan del otro lado de la frontera para solicitar asilo, y quienes han ido construyendo refugios en los límites geográficos impuestos por la ley.

Las nuevas pautas administrativas aplicadas por el gobierno de Trump ha obligado a Inmigración y Aduanas a repetir la misma frase: no hay suficiente espacio ni personal para procesarlos a todos.

Los pocos “afortunados” que logran pasar los puntos de entrada y solicitar formalmente la protección del gobierno estadounidense, corren el riesgo de terminar hacinados junto a cientos más, quienes toman turnos para subirse en un inodoro y poder respirar aire fresco.

Así lo describió el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional en un informe sobre las condiciones de los centros de procesamiento en la zona de El Paso, quien resaltó el “hacinamiento peligroso” y las “condiciones insalubres” a las que están sometidos los inmigrantes.

En centros con capacidades máximas para 125 inmigrantes, el informe del Departamento contabilizó entre 750 y 900 detenidos, quienes “estaban parados en los retretes de las celdas para hacer espacio y poder respirar”.

Este escenario se repite en varios de los centros de detención, en especial después de que ICE decidiera reubicar a los inmigrantes en prisiones con contratos privados en regiones como Louisiana, Alabama, Arkansas y Tennessee, donde varios solicitantes de asilo se encuentran atascados sin opción a libertad condicional.

Según explicó Laura Rivera, abogada del Southern Poverty Law Center y quien encabezó una demanda colectiva contra las medidas del gobierno, funcionarios de Inmigración y Aduanas realizan “revisiones falsas de libertad condicional” aún cuando han demostrado tener un temor creíble de persecución, violando así la ley federal y sus derechos humanos.

Estos cientos de inmigrantes no fueron detenidos cometiendo crímenes; estos inmigrantes no han violado la ley; de hecho, se han presentado voluntariamente y según los requerimientos del Departamento de Seguridad Nacional en los puertos de entrada del país, y no cuentan con antecedentes que pudieran obligar a Estados Unidos a tratarles como si fueran delincuentes hasta que se demuestre lo contrario.

Incluyendo los niños que llegan al país sin acompañante, quienes a partir del 30 de este mes no tendrán derecho a presentar sus casos ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

Al final, el gobierno prefiere el maltrato como disuasión y los incoherentes golpes económicos contra los países de la región, con tal de no ponerse en los zapatos del otro.