El 3 de abril, la ciudad de Filadelfia y el fiscal general Josh Shapiro se sumaron a la coalición nacional que ha interpuesto una demanda judicial en una corte federal del Distrito sur de Nueva York para bloquear el intento de la administración Trump de agregar en el cuestionario del censo de 2020 una pregunta sobre ciudadanía. 

“Ningún residente debería tener miedo a participar en el recuento del censo por miedo a ser deportado. Esto resultaría en un conteo no representativo de nuestra población”, dijo el alcalde Jim Kenney en un comunicado, el martes pasado. “Estoy muy preocupado por las consecuencias que tendría esta medida en la financiación que recibimos del gobierno federal, además de afectar la justa representación de nuestros residentes en los diferentes niveles del gobierno”. 

La demanda, liderada por el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, ha sido interpuesta por una coalición formada por 17 fiscales generales, seis ciudades –Chicago, Nueva York, Providence, San Francisco, Seattle y Filadelfia–, y la bipartidista Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos. 

“A primera vista, esta iniciativa de la administración Trump parece inofensiva, pero la evidencia demuestra que agregar una pregunta sobre ciudadanía reducirá la participación en el censo, resultando en un recuento del censo incorrecto, que perjudicará a Pensilvania”, declaró en un comunicado el fiscal general Josh Shapiro. “La Constitución de los Estados Unidos exige un conteo completo de todos los residentes, sean ciudadanos o no. Es vital que el Censo 2020 sea llevado a cabo de forma correcta y precisa, de acuerdo con la ley, para que Pensilvania obtenga la representación y los recursos federales que le pertocan”. 

La demanda aborda el efecto más temido que tendría la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía en el censo: que disminuirá la cantidad de personas que participarán en lo que debería ser un recuento de “todas las personas” que residen en el país, según lo especificado por la Constitución de los EE. UU. Si se confirma el temor, resultaría en una subestimación de la población y una severa falta de fondos para servicios y recursos gubernamentales, incluidos los fondos asignados para infraestructura, Medicaid y otros,  en todas aquellas áreas donde reside un mayor número de inmigrantes indocumentados. 

El recuento del censo también determina el número de escaños en la Cámara de Representantes de cada estado, lo que significa que los distritos con más población inmigrante quedarían infrarrepresentados y cualquier redistribución de distritos legislativos estatales y del Congreso sería sesgada. 

Kenney y Shapiro publicaron recientemente un artículo de opinión sobre este tema en el Philadelphia Inquirer, citando los impactos negativos que la pregunta sobre ciudadanía en el censo tendría en Pensilvania, donde los no ciudadanos representan alrededor del 3.3 por ciento de la población del estado, así como en la ciudad de Filadelfia, donde los no ciudadanos pagan aproximadamente 6 mil millones de dólares al año en impuestos. 

La última vez que se incluyó una pregunta sobre ciudadanía en el censo fue en 1950, pero la administración Trump, en el momento de anunciar que agregaría la pregunta sobre el censo 2020, el pasado 27 de marzo, justificó que ayudaría a proteger los derechos de voto. 

Los Demócratas en el gobierno estatal y federal, sin embargo, no están de acuerdo y afirman que la administración Trump está modificando el censo para servir a fines políticos, ya que una menor participación en el censo en los estados que acogen a inmigrantes resultaría en que esos estados recibirán menos fondos y reconocimiento político. 

Actualmente, la Oficina del Censo de los EE. UU. declara que el censo decenal debe incluir a residentes documentados e indocumentados de los EE. UU.