“Bad Hombres”, “violadores”, “traficantes”, y muchos otros calificativos han sido utilizados tanto por el presidente como por la Administración Trump en general para calificar a los inmigrantes de fuentes del mal, en un empeño por argumentar sus radicales medidas anti-inmigratorias.

En estados como Texas – donde Trump ganó con el 52.2% de los votos y donde el racismo y la xenofobia son el pan de cada día -  la realidad de los ciudadanos inmigrantes es radicalmente distinta a lo que el gobierno y la extrema derecha pretenden vender.

Según un estudio publicado por el Cato Institute (organización de investigación en políticas públicas), durante el 2015 en Texas “las condenas penales y las tasas de arresto de inmigrantes estuvieron bastante por debajo de las de los estadounidenses nativos”, lo que contradice las posturas de la Orden Ejecutiva presidencial y del Fiscal General Jeff Sessions cuando impulsaron las medidas agresivas de detención y arresto de inmigrantes argumentando que eran “importantes fuentes de crimen”.

El estudio utilizó los datos del Texas Department of Public Safety (DPS) para comparar los números de condenas y arrestos de inmigrantes legales e indocumentados por una variedad de hasta 46 tipos distintos de crímenes en el estado de Texas entre el 1ero de enero del 2011 y el 15 de noviembre del 2017, y las cifras de condenas y arrestos en la población de nativos bajo los mismos rangos.

Paradójicamente, el Cato Institute tuvo acceso a esta información debido a que las agencias de seguridad de Texas cooperan con las autoridades federales en el Departamento de Seguridad Nacional cruzando información biométrica que permite una mirada más objetiva a la criminalidad de acuerdo al estatus migratorio.

En el 2015, existían 22.797.819 ciudadanos nativos en Texas (83% de la población), 1.758.199 ciudadanos indocumentados (6,4%) y 2.913.096 (10,4%) inmigrantes residentes con documentación legal. Con esas cifras – y su respectiva evolución durante los dos últimos años – el grupo de investigadores determinó que la tasa de condena por homicidio en la comunidad indocumentada está 25% por debajo de la tasa de los estadounidenses nativos, al igual que la tasa de condenas (11,5%) y la de crímenes sexuales (79%).

Si bien los inmigrantes indocumentados suelen ser arrestados por crímenes de apuestas, secuestros, robos y vagabundeo, esos crímenes tan sólo sumaron el 0.18% de todas las condenas durante el 2015 en Texas.

De manera más general, en el espectro total de condenas, los inmigrantes indocumentados estuvieron 56% por debajo de la tasa de ciudadanos nativos, y los inmigrantes residentes estuvieron 85% por debajo.

“Eso nos indica que esta no es una población que cometa muchos crímenes”, dijo el analista Alex Nowrasteh al Dallas News. “Si es cierto en Texas, tiene que ser cierto en gran parte de Estados Unidos”.

Estas cifras demuestran que los alegatos gubernamentales – en especial en un estado fronterizo con Mexico y con preponderancia republicana – están abiertamente viciados por el prejuicio y el racismo, y no sostienen cifras científicas determinadas a la hora de hacer del ciudadano inmigrante (con documentos o sin ellos) su chivo expiatorio.