Las medidas “estrella” de la Administración Trump contra los inmigrantes han sido la característica fundamental del gobierno desde su inauguración. Entre un veto migratorio contra personas provenientes de países de mayoría musulmana, la suspensión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la política de Tolerancia Cero, este gobierno puede fácilmente pasar a la historia como uno de los más racistas en la historia contemporánea de Los Estados Unidos.

Una de las medidas de las que menos se habla últimamente es la de la suspensión del programa federal de Estatus de Protección Temporal a inmigrantes centroamericanos y sudaneses.

Conocido como TPS, el programa permitía a inmigrantes que huían de desastres naturales o crisis políticas obtener un estatus de residencia que contemplaba permiso laboral y una estadía prolongada, pero no permitía una vía hacia la ciudadanía.

Bajo este programa, cientos de miles de personas han residido por años en el país, transformándose en inversionistas, trabajadores y padres de niños ciudadanos estadounidenses.

La Administración Trump inició su gesta suspendiendo el TPS para alrededor de 200.000 salvadoreños, 2.500 nicaragüenses, 45.000 haitianos, 9.000 nepaleses y 50.000 hondureños, a quienes se les otorgó un “plazo de gracia” de un año para “poner sus asuntos en orden” y abandonar el país.

Posteriormente, también suspendió el programa para ciudadanos provenientes de Sudán.

El Departamento de Seguridad Nacional argumentaba en el momento que “el programa había sido erróneamente extendido durante años, y que las condiciones de esos cuatro países ahora son adecuadas para que miles de sus residentes regresen a sus hogares”, según reportó USA Today.

Sin embargo, el juez distrital Edward Chen dictaminó que “la administración pudo haber sorteado las directrices para el establecimiento de normas federales, haber impuesto presión política indebida sobre los empleados e incluso violar la Cláusula de Protección Igualitaria al basar su decisión ‘en animus contra inmigrantes no blancos y no europeos”.

La respuesta de Chen fue consecuencia de una demanda colectiva de inmigrantes y familiares de inmigrantes que fue introducida durante el mes de marzo y que alegaba que el gobierno “había suspendido las protecciones como resultado de una agenda predeterminada que violaba la ley”, explicó CNN.

El juez ha sentenciado que la evidencia introducida sostiene que la Administración “puede haber violado la Constitución a la hora de suspender el TPS” al implementar e intentar justificar “un resultado preestablecido deseado por la Casa Blanca”.

Por su parte el gobierno ha decidido pelear la decisión de la corte distrital asegurando que “refuta completamente la noción de que la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional haya hecho nada impropio”.

Mientras tanto, los ciudadanos de los cuatro países involucrados en la demanda pueden permanecer en el país mientras la disputa se mantenga en pie, pues es probable que llegue a la Corte Suprema durante los próximos meses.