La cuestión es echarle siempre la culpa a alguien.

La Casa Blanca publicó el martes un informe en el que afirmaba que al menos tres de cada cuatro terroristas condenados en suelo estadounidense eran “inmigrantes”, según datos elaborados por el departamento de Justicia y el departamento de Seguridad interior.

Por “inmigrantes” se entiende tanto a personas extraditadas a los EE.UU para ser juzgados como inmigrantes detenidos dentro del país desde que se produjo el 11S.

“Es la cifra del miedo”, destaca el diario español El País. Según el diario español, el dato había sido guardado durante todos estos años por la Administración estadounidense para evitar la xenofobia. Su publicación, en plena negociación migratoria en el Congreso “es un intento tan despiadado como poco sólido de vincular la acogida de extranjeros con el terrorismo", dice El País. 

La publicación del informe responde además a una provisión del ejecutivo de Trump después de que la justicia estadounidense suspendiera su intento de imponer un veto migratorio a refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, en marzo de 2017.  

En medio de las negociaciones legislativas en el Congreso, con demócratas y republicanos enfrentados por temas de migración, Trump ha marcado su objetivo: edefinir la base de la nueva legislación migratoria: “Ya no se trata de recibir sino de seleccionar y expulsar”, observa El País. Este paso implica acabar con el reagrupamiento familiar, reducir a la mitad la entrada de refugiados y acabar con programas de regularización de indocumentados, como el DACA (que beneficia a 700,000 indocumentados que entraron en el país de niños) o el estatuto de protección temporal (TPS) que protege a inmigrantes que huyen de zonas de conflicto o catástrofes naturales. Hasta hoy, Trump ha ordenado eliminar el programa DACA, así como el TPS para 200,000 refugiados salvadoreños y 59,000 haitianos.

La semana pasada, un juez federal de San Francisco ordenó a Trump bloquear la suspensión del programa DACA, al menos hasta que se resuelvan las demandas interpuestas por varios estados y organizaciones en contra de eliminar el permiso temporal a los jóvenes indocumentados. Al menos 200,000 Dreamers, como se conoce popularmente a los beneficiarios del DACA, debían renovar su permiso temporal este año. El DACA, implementado por Barack Obama en 2012, permitía vivir y trabajar en EE. UU de forma legal a todos los inmigrantes que entraron en el país de forma ilegal con menos de 16 años. El permiso se renovaba cada dos años, bajo la condición de no haber cometido ningún crimen. Ahora, el futuro de todos estos jóvenes, en su mayoría de origen mexicano, está en un limbo. Para muchos, ser deportados a su país de origen significa volver a un país que apenas recuerdan y el fin de su carrera académica y laboral.   

El informe revelado por la Casa Blanca ha sido muy criticado en las redes sociales porque no tiene en cuenta los acontecimientos terroristas ocurridos a nivel nacional en 2017. Entre ellos: el ataque cometido por un supremacista blanco en Charlottesville, VA, el pasado verano, contra un grupo de activistas pacíficos, en el que murió una persona y otras 19 resultaron heridas. O la masacre perpetuada por un francotirador americano en Las Vegas, en la que murieron 58 personas y otras 500 resultaron heridas. O la matanza de 26 personas en una iglesia de Sutherland Springs, Texas, por un veterano del ejército.  

Estos incidentes no figuran bajo la clasificación de terrorismo del FBI. 

Pero Trump, como ya repitió a lo largo de su campaña electoral, prefiere criminalizar a inmigrantes de la violencia, el terrorismo y de todos los males de EE.UU, si pudiera.  Su desprecio por los extranjeros y su discurso xenófobo no se le escapan a nadie. La semana pasada, sin ir más lejos, llamó "agujeros de mierda" a países como Haití y algunos países africanos durante un encuentro con congresistas en Washington para hablar sobre la reforma migratoria.