En los últimos días de un periodo de sesiones del Congreso (éste, el 117º), las dos cámaras suelen tener prisa por aprobar la legislación pendiente, sobre todo en caso de que una o ambas cambien de poder el año siguiente.

El resultado es que se aprueban muchas cosas, y algunos proyectos vitales pueden pasar desapercibidos para los medios de comunicación. Otra forma creativa de insuflar vida a una legislación aparentemente muerta es incluirla como parte de otra más amplia que sí se apruebe.

Esto último es lo que ha ocurrido con la recientemente aprobada Ley de Seguridad y Privacidad Daniel Anderl, que tras ser aprobada por el Senado como parte de la Ley de Autorización y Defensa Nacional (NDAA) de 2023, se dirigirá a la mesa del presidente Joe Biden para su firma final en los próximos días.

Presentado en el Senado por el senador de Nueva Jersey Bob Menéndez y en la Cámara por la representante de Nueva Jersey Mikie Sherrill, el proyecto de ley lleva el nombre de Daniel Anderl, el hijo de 20 años de la jueza federal de Nueva Jersey Esther Salas.

El 19 de julio de 2020, un antiguo litigante en la sala de Salas apareció llamando a su puerta. Cuando su hijo Daniel respondió, el individuo le disparó a él y al marido de Salas, Mark Anderl. Mientras que Mark resultó herido de gravedad, Daniel murió a causa de sus heridas. El agresor fue hallado muerto al día siguiente, 20 de julio, de una herida de bala autoinfligida. 

El individuo había encontrado la dirección de Salas utilizando información pública encontrada en Internet. El asesinato de Daniel desencadenó un gran debate en las semanas siguientes sobre la necesidad de hacer pública esa información y el peligro que suponía para jueces como Salas.

Un año después del asesinato de Daniel, Menéndez y Sherrill presentaron el proyecto de ley en el Congreso. Prohíbe a los organismos federales y a las empresas privadas hacer pública determinada información personal de los jueces federales y sus familiares directos. La legislación también obliga a los organismos a eliminar la información personal previa solicitud por escrito del juez federal afectado. Los intermediarios tampoco podrán comprar o vender la información, y se establecerán programas a nivel local y estatal para proteger la privacidad de los jueces.

Para los legisladores impulsores del proyecto de ley -Menéndez, Sherrill y otros copatrocinadores como el senador Cory Booker- su aprobación definitiva el 15 de diciembre de 2022 significa el cumplimiento de una promesa que hicieron a la juez Salas tras la tragedia.

"Juramos actuar con rapidez y no dejar de luchar hasta que aprobáramos una ley que rindiera homenaje al legado de Daniel protegiendo a los jueces y a sus familias de futuras amenazas. Con la aprobación hoy en el Senado de la Ley de Seguridad y Privacidad Judicial Daniel Anderl, hemos cumplido nuestra promesa", rezaba una declaración conjunta de Menéndez, Sherrill y Booker.

Al final, fue Sherrill quien consiguió que el proyecto de ley se incluyera en la NDAA de 2023, según anunció su oficina el 8 de diciembre. También destacó cómo esta ley, y la recientemente aprobada Ley de Paridad Policial del Tribunal Supremo de 2022, contribuirán en gran medida a proteger a los jueces y a sus familias dentro y fuera de la sala del tribunal. 

La Ley de Paridad Policial en el Tribunal Supremo, una ley mucho más controvertida, se aprobó en respuesta a las protestas que se produjeron ante los domicilios de los jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. tras la anulación del caso Roe contra Wade. 

"Este proyecto de ley de sentido común garantizará la privacidad y la seguridad de todos los jueces federales, así como de sus familias, mientras trabajan para proteger el Estado de Derecho y nuestra Constitución", dijo Sherrill sobre la Ley Daniel Anderl de Seguridad y Privacidad Judicial.

La juez Salas también emitió su propia declaración el viernes 16 de diciembre, aplaudiendo la aprobación por el Congreso del proyecto de ley en honor a su difunto hijo.

"Quiero dar las gracias al Congreso por honrar la memoria de mi hijo Daniel y por ayudar a proteger a mis hermanos y hermanas en la judicatura", dijo Salas. "Los jueces, y sus familias, no deben vivir con miedo por hacer el trabajo que han jurado hacer. Como nación y como pueblo, no podemos aceptar esto".