Arizona se convirtió el viernes en el primer estado en EEUU en criminalizar la presencia de indocumentados y otorgar funciones migratorias a policías locales al aprobar la ley estatal más severa en la nación contra la inmigración ilegal.

Con su firma, la gobernadora Jan Brewer promulgó la iniciativa SB1070, la cual ha desatado un intenso debate a nivel nacional en torno al tema migratorio.

La mandataria republicana aseguró que pese a las fuertes críticas en contra de la medida, ésta no violará los derechos civiles de los residentes de Arizona.

"Esta ley será aplicada por igual, sin importar la raza, el color de piel o el acento de las personas", sostuvo Brewer durante una conferencia de prensa después de promulgar la legislación en la sede del Departamento de Transporte estatal en Phoenix.

Calificó su decisión como un "paso más" para proteger a Arizona y afirmó que la ley se convertirá en un nueva herramienta para atajar un problema que el Gobierno federal ha fallado en resolver.

La ley 1070 convierte en delito menor la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado, otorga a los departamentos policíacos la autoridad de cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable" de que se encuentra ilegalmente en el país.

También contempla penalizaciones a quienes transporten o den trabajo a un indocumentado y otorga el derecho a cualquier persona de demandar a los departamentos policíacos, agencias estatales o ciudades que no apliquen las nuevas regulaciones.

Brewer prometió que las agencias del orden estatales y locales tendrán un nuevo entrenamiento que incluirá lo que es y lo que no es una "sospecha razonable" de que una persona se encuentre de manera ilegal en el país.

Añadió que en los próximos días emitirá una orden ejecutiva para que la implementación de la ley 1070 forme parte del entrenamiento de los departamentos policíacos en el estado y enfatizó que en Arizona no se "tolerará" el perfil racial.

"La violencia generada por el tráfico de drogas y de humanos en la frontera es un tema crítico para la gente de nuestro estado, no hay ninguna prioridad más alta que la de proteger a los ciudadanos de Arizona", señaló la mandataria, para quien el estado no puede sacrificar su seguridad ante las acciones de los carteles de la droga mexicanos.

"En Arizona hemos tenido mucha paciencia esperando que Washington actúe, no podemos esperar más, la falta de acción del Gobierno federal ha creado una inaceptable y peligrosa situación", aseveró.

Aclaró que su firma representa su apoyo a favor de la aplicación de las leyes, tanto en contra de la inmigración ilegal como en contra del perfil racial y que para ello trabajó durante semanas con el Legislativo estatal para fortalecer la protección a los derechos civiles.

La nueva ley estatal convierte también en un delito menor si un extranjero no trae consigo sus documentos migratorios al momento de ser detenido por las autoridades, algo que de acuerdo con Brewer también contemplan las leyes federales de inmigración.

Actualmente en el estado de Arizona, donde según cifras oficiales viven 460.000 indocumentados, hay 170 agencias del orden, las cuales en conjunto cuentan con más de 16.000 agentes.

Durante su discurso, Brewer abrió la puerta para que se presenten posibles modificaciones para mejorar la nueva ley estatal antes de que termine el presente año.

La mandataria pidió que la aplicación de la ley sea la correcta ya que aseguró que los ojos del país están puestos en Arizona y muchas personas están apostando por su fracaso.

Brewer dijo estar al tanto de las posibles demandas en contra de la nueva ley estatal, pero manifestó que ésta cumple con las leyes federales por lo que espera sobreviva a cualquier reto legal.

La ley 1070 entrará en vigor 90 días después de que el Legislativo estatal finalice su presente sesión, lo que podría ocurrir a finales de mayo.