Desde que tomó el control de la red eléctrica de Puerto Rico, LUMA Energy solo ha cometido errores, que van desde un puñado de cortes de energía importantes, un aumento en los precios y protestas en curso por la controversia sobre cómo pudo obtener el control de la energía de la isla. 

La energía de la isla ha sido privatizada, lo que significa que la junta de control y el gobierno de Puerto Rico pueden verse obligados a realizar un eventual aumento de la tarifa eléctrica para satisfacer las demandas de los tenedores de bonos. Muchos clientes ya han informado de que esto está sucediendo.

Luego vino el ciberataque reportado el 10 de junio, conocido como un ataque de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) dirigido al portal del cliente Mi LUMA y la aplicación móvil, según informó El Vocero de Puerto Rico.

El ataque pretendía conseguir que el servicio online no estuviera disponible para los usuarios al abrumarlo con tráfico de múltiples fuentes: 2 millones de visitas por segundo. Como resultado, muchos clientes tuvieron dificultades para acceder a sus portales de LUMA.

Apenas unas horas después del ataque, 800.000 clientes se quedaron sin energía. Un gran incendio en un transformador en una subestación de LUMA que sirve al área metropolitana de San Juan ocurrió poco después de las 6 p.m. del 10 de junio.

La gente se quedó sin electricidad hasta las 8 p.m. del día siguiente, y solo disfrutaron de  un puñado de días antes del próximo apagón.  

En la noche del 15 de junio, LUMA Energy informó que tres unidades fallaron inesperadamente, dejando a miles de personas nuevamente sin electricidad.

LUMA informó inicialmente que aproximadamente 190.000 clientes se quedaron sin electricidad. Posteriormente actualizaron la suma a más de 330.000.

El director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efrán Paredes, confirmó a Radio Isla que los recientes problemas con el sistema eléctrico de la isla tenían que ver con la transmisión y distribución de energía bajo LUMA.

“Es responsabilidad de LUMA Energy atender esa situación”, dijo, destacando que no se trataba de un tema de generación de energía, que está bajo su su competencia.

Por si los cortes masivos de energía no fueran suficientes, LUMA también alertó recientemente a los clientes sobre un posible fraude telefónico. Los estafadores se identifican a sí mismos como empleados de LUMA para engañar a los clientes desprevenidos para que revelen su información personal.

"Nuestros empleados nunca le pedirán que comparta o exponga sus métodos de pago. Si se realizan cambios en el procedimiento de facturación y cobro, LUMA informará oficialmente a sus clientes", escribió LUMA en un comunicado. "Reiteramos nuestro compromiso de brindar el mejor servicio a nuestros clientes, incluida la seguridad de sus datos".

Si bien esto no es responsabilidad explícita de LUMA, agrega leña al incendio que se inició cuando la entidad se hizo cargo de la transmisión y distribución de energía para la Autoridad de Energía de Puerto Rico (AEE), el principal proveedor de energía para sus 3.3 millones de habitantes, y una de las empresas eléctricas más grandes de EE. UU.

El cambio ha estado lejos de ser perfecto, y la toma de posesión de LUMA ha provocado protestas y reavivado la relación colono-colonizado entre Estados Unidos y Puerto Rico.

Los desastres naturales no son el mayor motivo de preocupación de Puerto Rico. Son las décadas de mala administración de la red eléctrica de Puerto Rico y la incapacidad de su gobierno para cumplir con las regulaciones de los EE. UU. para distribuir los fondos de ayuda designados por el gobierno federal, que llegan con grave retraso. 

Puerto Rico continúa recuperándose lentamente de los huracanes María e Irma hace casi cuatro años. Aunque fueron el factor inicial, una red eléctrica mal administrada fue el motivo principal del apagón de once meses sufrido en 2017.

Se ha reconocido que LUMA heredó este sistema de apagones no resueltos, pero también se ha acordado que debe haber un cambio en la autoridad energética en Puerto Rico por la falta de transparencia, desprecio hacia las necesidades públicas y vínculos con cuestionables oficiales del gobierno.

El acuerdo aprobado por el gobierno de Puerto Rico y una junta de control federal exige que LUMA gaste miles de millones en mejorar su red eléctrica. La mayoría de estos fondos provienen de FEMA. A su vez, LUMA recibirá cientos de millones de dólares por hacerse cargo del sistema.

Para LUMA fue una oportunidad lucrativa, pero la población no se ha convertido en una prioridad.

Este asunto provocó protestas masivas en la isla durante semanas, al quedar claro que LUMA, una organización externa con vínculos inciertos con los funcionarios, estaba llevando a cabo su estrategia.

Si bien la Cámara de Representantes de la isla rechazó unánimemente la demanda de la junta de supervisión (FOMB) en una votación de 43 a 0, Estados Unidos forzó la privatización. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, está a favor de la privatización de la red, pero debe tenerse en cuenta que solía trabajar para FOMB.

Hasta el momento, las protestas no han cesado: 

El 3 de junio, un grupo de mujeres bloqueó una carretera principal de acceso al área metropolitana de Cataño para solidarizarse con los empleados de la AEE, pero fueron recibidas de inmediato por la policía antidisturbios.

Los empleados estatales de la AEE también se han beneficiado del acuerdo con LUMA. Fueron trasladados a la firma privada en virtud de acuerdos con el gobierno y sus agencias con poca representación a lo largo del proceso.

El 4 de junio, los manifestantes bloquearon la entrada a una instalación de LUMA Energy en la Central Eléctrica Palo Seco de la AEE en Toa Baja.

El 11 de junio, organizaciones civiles puertorriqueñas, puertorriqueños en la diáspora y otros aliados se manifestaron en la ciudad de Nueva York, exigiendo que el gobierno de Puerto Rico ponga fin a su contrato con LUMA Energy.

En respuesta, los funcionarios del gobierno han instado a la gente a tener paciencia, ya que LUMA heredó una red eléctrica en mal estado, con una infraestructura obsoleta.

Entonces, ¿qué pasará a continuación?

La propia Cámara de Representantes de Puerto Rico votó en contra de la privatización. Estas protestas son contra las libertades tomadas a pesar de la voluntad del pueblo.

Los manifestantes exigen la derogación de PROMESA, la ley de la era de Obama que impuso el FOMB de Puerto Rico, y raíz de muchos de los problemas de la isla vinculados a la corrupción.