El 2008 ha sido un año sangriento en Puerto Rico, donde el pasado fin de semana sumaron 802 asesinatos perpetrados en la isla, la cifra más alta desde 1996, cuando fueron 868.

Con unos cuatro millones de habitantes, en el Estado Libre Asociado a EEUU se producen más de dos asesinatos cada día y hasta el pasado domingo la Policía había informado de 802. Ochenta más que para la misma fecha del 2007.

Según las autoridades, en torno al 80 por ciento de estos asesinatos están relacionados con el trasiego de drogas.

Si hasta a mediados de la década de 1990 se producían principalmente en los municipios metropolitanos de San Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo y el sureño Ponce, desde entonces se observan en toda la isla.

La tendencia que sí se mantiene a lo largo del tiempo es que la mayoría de las víctimas son hombres de entre 20 y 30 años.

La cifra de asesinatos se había mantenido por debajo de los 800 después de que en 1996 fueron 868, en 1995 se produjeron 864 y en 1993 y 1994 se alcanzaron las cifras más altas de los últimos 50 años, con 954 y 995 casos, respectivamente.

Para tratar de paliar esta situación, la Comisión para la Prevención de la Violencia (COPREVI) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) lleva a cabo la campaña "Seamos instrumentos de paz" con el objetivo de "concienciar sobre la importancia de que todos asumamos un rol activo" ante el problema.

"Estadísticas, estudios e investigaciones presentan cifras alarmantes de los efectos nocivos de la violencia", indicó el rector del recinto de Cayey (centro) de la UPR, Ram S. Lamba, quien aseguró que "con esta campaña pasamos de la prevención a la acción".

La campaña de COPREVI, entidad cívica creada por orden ejecutiva en 2004 con "la visión de que la violencia es un problema de salud pública que debe analizarse desde una perspectiva ecológica", consiste en una serie de anuncios de televisión y prensa que utilizan como ejemplo a Mahatma Gandhi y la madre Teresa de Calcuta.

"Ya no sólo estamos llevando un mensaje de prevención. Con estos anuncios estamos invitando a la acción utilizando como modelos a seres humanos que han trabajado para mejorar la calidad de vida en sus países", explicó Lamba.

Otras personalidades, aunque más locales, que aparecen en la campaña de COPREVI son Sor Isolina Ferré, "quien dejó un legado de servicio a los más necesitados en los centros que llevan su nombre", y José Vargas Vidot, director de Iniciativa Comunitaria, "que brinda servicios a sectores marginados como drogadictos y prostitutas".

La campaña de exhortación a la paz incluye la convocatoria a vestir una camisa blanca el próximo 19 de enero como muestra de apoyo y la próxima publicación de una revista dedicada a resaltar los esfuerzos de individuos y empresas que se destaquen como "constructores de paz".

"Todos tenemos la responsabilidad de aportar a la construcción de la paz. Por eso, hemos querido convertirnos en ente aglutinador de los esfuerzos que sabemos que están realizando diversos sectores para alcanzar nuestra meta", sostuvo el director de COPREVI, Samuel Figueroa.

Entretanto, la visión pública del problema de la violencia comienza a cambiar y el propio superintendente de la Policía, Pedro Toledo, reconoce que no es algo que se pueda corregir simplemente aumentando el número de agentes y señala que se debe realizar un análisis "serio" con participación de todos los sectores sociales.

Cada vez surgen en Puerto Rico más voces que reclaman una revisión del tradicional sistema exclusivamente punitivo contra los delincuentes.

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación puertorriqueño, Miguel Pereira, ha implantado un novedoso programa contra la adicción en las cárceles basado en la administración de metadona que está teniendo buenos resultados.

En la página de Internet de COPREVI, www.coprevi.org, se pueden encontrar folletos educativos para ayudar a la resolución de conflictos, reducir la ira y prevenir desde la familia hábitos que en el futuro pueden provocar situaciones de violencia.

También se ofrecen en ese portal conferencias de expertos que abogan por soluciones preventivas y de rehabilitación y que cuestionan la perspectiva estrictamente jurídico policial porque, afirman, la violencia es un problema de salud pública que se puede afrontar desde múltiples ángulos.