Cinco personas -funcionarios de migración del gobierno, un detenido o guardias de seguridad privados- fueron detenidas el pasado jueves 30 de marzo y se enfrentan a cargos por homicidio y lesiones en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez que se cobró 39 vidas e hirió a más de 29 personas el lunes 27 de marzo. 

Esto se produjo después de que las autoridades mexicanas emitieran seis órdenes de detención contra los presuntos implicados en el incendio, entre los que se encuentran tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dos guardias de seguridad contratados y un migrante acusado de provocar el incendio, según la fiscal federal mexicana Sara Irene Herrerías, que dirige la investigación. 

La Secretaria de Seguridad Pública Federal de México, Rosa Icela Rodríguez, dijo que 27 migrantes seguían hospitalizados en estado grave o crítico. Otro migrante ha sido dado de alta. 

El inmigrante acusado de provocar el incendio sufrió heridas leves y ya ha sido dado de alta del hospital, y con toda probabilidad es uno de los cinco detenidos. 

Las víctimas -casi todas procedentes de Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador- fueron trasladadas al centro y detenidas después de que los residentes se quejaran de que había gente pidiendo dinero en la calle. 

Icela Rodríguez dijo el miércoles pasado que las autoridades estaban investigando al menos a ocho personas por posible mala conducta y que la tragedia se investigaría como homicidio, después de que el día anterior aparecieran imágenes de seguridad en las que se veía a funcionarios alejándose del incendio justo cuando empezaba a crecer, dejando atrás a los inmigrantes. 

El humo llenó rápidamente la sala segundos después de que los guardias abandonaran el encuadre, y la grabación se cortó poco después. No estaba claro si esos guardias tenían llaves de las puertas de las celdas.

Ese mismo miércoles, 29 de marzo, se presentó una denuncia ante los investigadores federales de la Procuraduría General de la República en la que se acusaba al principal funcionario de inmigración del estado de ordenar a los trabajadores que no se liberara a los detenidos a pesar de tener conocimiento del incendio. 

Presentada por el abogado Jorge Vázquez Campbell, la denuncia alega que el contralmirante retirado de la Marina, Salvador González Guerrero, delegado estatal del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, "dio la orden mediante una llamada telefónica de que bajo ninguna circunstancia se liberara a los migrantes 'albergados' dentro del lugar donde se originó el incendio".

De acuerdo con Herrerías, la investigación llegará hasta el equipo directivo de las instalaciones para determinar qué acciones o descuidos son sancionables por la ley. 

En cuanto a la orden de detención contra el único inmigrante que, al parecer, formaba parte del grupo de detenidos que provocó inicialmente el incendio, prendió fuego a los colchones supuestamente en protesta por enterarse de que iban a ser deportados. 

Según Campbell, uno de sus clientes le contó que uno de los detenidos pidió a un guardia un cigarrillo y un mechero antes de que cinco migrantes detenidos ese día empezaran a protestar.

"Los funcionarios se burlaron de ellos, se irritaron y entonces dos de ellos prendieron fuego a un colchón", dijo. 

Fue entonces, según Campbell, cuando los agentes federales se pusieron en contacto con González para alertarle de la situación cuando González supuestamente ordenó y "les dijo que no hicieran nada y que bajo ninguna circunstancia les dejaran salir".

Hasta el momento de la publicación, no ha aparecido ninguna prueba en relación con esa acusación. 

En cuanto a los dos guardias de seguridad privada contratados por la agencia, Rodríguez dijo que la empresa de seguridad privada involucrada, identificada como Grupo de Seguridad Privada CAMSA, tenía un contrato federal para proporcionar seguridad en las instalaciones de inmigración en 23 estados. 

Rodríguez dijo que el gobierno mexicano encontró varias irregularidades en CAMSA y que su contrato con las autoridades migratorias sería rescindido, su permiso de operación revocado y enfrentaría una multa. 

Y ahora, 48 agentes federales se harán cargo de la seguridad en instalaciones para migrantes como la de Ciudad Juárez y la del estado mexicano de Chihuahua, la más grande de México. 

Además de investigar la cadena de mando en el centro, así como el propio incendio, los investigadores también estudiarán varios factores que condujeron a la tragedia, entre ellos cómo se inició el fuego, por qué se utilizan colchones de espuma en este tipo de instalaciones, ya que son extremadamente inflamables, por qué no se abrió la puerta y dónde se encontraban las llaves, que al parecer se perdieron. 

Las autoridades mexicanas también declinaron una oferta estadounidense de tratar a los heridos en hospitales del otro lado de la frontera, en El Paso (Texas), quizá una oferta de culpabilidad por no abordar el sistema de inmigración y aplicar y mantener las políticas estadounidenses que crean bucles para los solicitantes de asilo. 

Las políticas estadounidenses, que han evolucionado para permitir que los funcionarios mexicanos reúnan regularmente a la mayoría de los hombres y los detengan en instalaciones nunca pensadas para albergar a migrantes, incluido el centro en cuestión de Juárez, y que también obligan a miles de desplazados a algunas de las ciudades fronterizas más peligrosas del país, abandonándolos en la práctica a su suerte para que intenten cruzar de nuevo, donde son objeto de secuestro, extorsión y violencia.

Los refugios desbordados de Juárez también han puesto a prueba el frágil sistema existente, incapaz de hacer frente a la afluencia de recién llegados, por si su vida no fuera ya lo bastante dura. 

En cuanto a la tragedia en sí, no es la peor, ni la única. 

Desde 2010, ha habido más de 12 casos trágicos, con dos ya en 2023.

Texas, marzo de 2023:

Dos migrantes murieron asfixiados mientras viajaban en un tren de mercancías, y unos 15 más necesitaron atención médica. 

Febrero de 2023:

Un autobús que transportaba inmigrantes procedentes de Venezuela, Colombia y Centroamérica se estrelló en el estado mexicano de Puebla, en el centro del país, causando 17 muertos. 

Septiembre de 2022:

Nueve migrantes murieron al intentar cruzar el río Grande. 

Junio de 2022:

Cincuenta y tres migrantes procedentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador murieron en el interior de un remolque de tractor en Texas en un verano sofocante; se trata del incidente de tráfico de migrantes más mortífero registrado en Estados Unidos.

Diciembre de 2021:

Cincuenta y cinco personas murieron al chocar un camión que transportaba a unos 166 migrantes en el estado de Chiapas, al sur de México. 

Septiembre de 2021 y febrero de 2020:

Cuatro inmigrantes cubanos murieron al volcar la furgoneta en la que viajaban en una carretera del estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, según informaron los medios de comunicación mexicanos y las autoridades estatales. 

Agosto de 2021:

Una treintena de personas se estrellaron en Texas a varios kilómetros de un puesto de control de la Patrulla Fronteriza estadounidense, causando 10 muertos.

Marzo de 2021:

Trece migrantes de México y Guatemala murieron cuando un vehículo repleto de 25 personas chocó con un tractor-remolque a pocos kilómetros al norte de la frontera. 

Junio de 2019:

Siete migrantes, entre ellos una mujer, dos bebés y un niño de corta edad, murieron a causa del calor extremo del verano y la deshidratación tras cruzar la frontera mexicana con Texas. 

Agosto de 2013:

Unos seis migrantes murieron al descarrilar un tren de carga en el estado de Tabasco. 

2010:

Setenta y dos migrantes procedentes de Centroamérica fueron asesinados en la zona de San Fernando, en el norteño estado de Tamaulipas.