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La condición de colonia de Puerto Rico sigue generando injusticia. Fotos: Unsplash
La condición de colonia de Puerto Rico sigue generando injusticia. Fotos: Unsplash

El Tribunal Supremo de EE.UU. permite al Congreso negar las prestaciones a los puertorriqueños ancianos y discapacitados que viven en la isla

Se trata de otro caso en el que los casos insulares, a menudo olvidados, salen a relucir, ya que el estatus colonial de la isla sale a relucir.

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El jueves 21 de abril, los puertorriqueños en la isla y en el Congreso criticaron un fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que determinó que es constitucional negar las prestaciones federales a los ciudadanos estadounidenses ancianos y discapacitados que viven en la isla, aunque pueden acceder a estas prestaciones si se trasladan al continente.

El alto tribunal dictaminó que el Congreso puede excluir a los residentes de Puerto Rico de algunas prestaciones federales por discapacidad a las que pueden acceder los que viven en los Estados.

El caso giraba en torno a la Seguridad de Ingreso Suplementario que está disponible para quienes viven en los estados y son mayores de 65 años, ciegos o discapacitados. Pero los residentes puertorriqueños y los de otros territorios de Estados Unidos están excluidos de recibir los fondos. 

El caso involucró a Joe Luis-Vaello-Madero, que nació en la isla en 1954, pero vivió en Nueva York desde 1985 hasta 2013. Tras sufrir un derrame cerebral en 2012, Vaello-Madero cumplía los requisitos para recibir los pagos por discapacidad y se le depositaban directamente en su cuenta corriente. 

Pero cuando regresó a Puerto Rico al año siguiente, Vaello-Madero siguió aceptando los pagos hasta que el gobierno estadounidense se dio cuenta de que estaba viviendo fuera de los Estados Unidos. Entonces se le comunicó que sus beneficios finalizarían y que debía al gobierno 28.081 dólares en concepto de pagos atrasados.

El abogado de Vaello-Madero dijo que el programa pretendía sustituir "un mosaico desigual de programas" para personas discapacitadas, de modo que pudieran vivir con dignidad. Pero argumentó que no está garantizado para todos los estadounidenses, ya que excluye a los puertorriqueños por su raza.

La opinión de 8-1 fue escrita por el juez Brett Kavanaugh.

"Al concebir los programas de impuestos y beneficios, es razonable que el Congreso tenga en cuenta el equilibrio general de los beneficios y las cargas de los residentes de Puerto Rico. Al hacerlo, el Congreso no necesita realizar una comparación dólar a dólar de cómo se aplican sus programas de impuestos y beneficios en los Estados en comparación con los Territorios, ya sea a nivel individual o colectivo", escribió Kavanaugh.

Kavanuagh dijo que, aunque los residentes puertorriqueños suelen estar exentos de la mayoría de los impuestos federales sobre la renta, las donaciones, el patrimonio y los impuestos especiales, tienen derecho a la Seguridad Social y a Medicare. 

La jueza Sonia Sotomayor, cuyos padres nacieron en Puerto Rico, escribió en la única opinión disidente "la igualdad de trato de los ciudadanos no debe dejarse a los caprichos del proceso político." 

Sotomayor añadió que, dado que los residentes puertorriqueños no tienen representación de voto en el Congreso, no pueden depender de sus representantes para aliviar las disparidades que sufren los ciudadanos residentes en Puerto Rico por el "trato desigual del Congreso." 

La Administración Biden defendió la decisión, diciendo que la mayoría de los puertorriqueños están exentos de impuestos federales, por lo que el Congreso podría tener en cuenta esa reducida contribución a la hora de excluirlos de algunas prestaciones por discapacidad. 

Sotomayor fue muy crítica con este argumento, y calificó la decisión de la mayoría de "irracional". 

"No hay ninguna base racional para que el Congreso trate a los ciudadanos necesitados que viven en cualquier lugar de los Estados Unidos de forma tan diferente a los demás", dijo, y señaló que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno estima que más de 300.000 residentes de Puerto Rico habrían podido acogerse a la prestación.

Sotomayor argumentó que, aunque los isleños suelen estar exentos de pagar algunos impuestos federales, eso no crea una base racional para distinguir a los residentes puertorriqueños de los demás en el caso que nos ocupa. 

También advirtió que esta decisión podría tener "repercusiones dramáticas", porque si el Congreso puede excluir a los ciudadanos de los programas de la red de seguridad debido a la insuficiencia del pago de impuestos, podrían fácilmente dirigirse a los residentes de los estados que pagan menos al Tesoro Federal que otros estados. 

Los puertorriqueños sí pagan impuestos federales sobre la nómina y ayudan a financiar Medicare y la Seguridad Social, contribuyendo con más de 4.000 millones de dólares anuales en impuestos federales a los Estados Unidos.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, fustigó el fallo del Tribunal Supremo en un comunicado en español, en el que subrayó además que el "estatus territorial de Puerto Rico es discriminatorio para los ciudadanos estadounidenses en la isla", ya que "permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros". 

"Es evidente que nuestra gente, en particular los más vulnerables, sufren las consecuencias de este trato desigual", dijo Pierluisi.

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