Los cancilleres de la región acuden divididos a su primera reunión sobre la situación venezolana, una convocatoria aprobada por 19 de los 35 Estados americanos y que provocó que Venezuela solicitara la salida de la OEA el 28 de abril.

Aunque la retirada no será efectiva hasta 2019, Venezuela ha dejado de asistir a la organización, por lo que se espera que, salvo sorpresa de última hora, hoy deje de nuevo su sillón vacío.

Así, la región debatirá en el Salón de las Américas de la OEA en Washington denuncias y propuestas dirigidas al Gobierno venezolano sabiendo que este rechaza cualquier mediación del organismo y toda crítica sobre el estado de la democracia en el país.

Para la toma de decisiones en la reunión, como aprobar una declaración o resolución, se necesitan dos tercios de los Estados representados, es decir, 22 votos si, como se espera, asisten 33.

Por el momento, se han acreditado 22 delegaciones, de las cuales 18 han indicado que les representará su canciller, pero fuentes diplomáticas señalaron a Efe que es normal que algunas misiones no se inscriban hasta el mismo día del encuentro.

Sobre la mesa hay tres proyectos de declaración de distintos grupos de países y las reuniones preparatorias continúan para tratar de acercar posiciones antes de la sesión privada que comienza a las 13.00 (18.00 GMT) y la plenaria abierta de las 14.00 (19.00 GMT).

El grupo impulsor del encuentro -liderado por países como México, EEUU, Perú y Canadá- promueve una declaración que pide a Maduro "el cese" de la Asamblea Constituyente "en la forma en que está concebida actualmente", la liberación de los "presos políticos" y un calendario electoral con observación internacional.

Además, llama a la suspensión de "todo enjuiciamiento de civiles por tribunales militares", a iniciar un nuevo proceso de diálogo entre Gobierno y oposición y "al cese inmediato de los actos de violencia" que provengan "de cualquiera de las partes".

También exhorta al Gobierno venezolano a que "busque asistencia humanitaria internacional" y le ofrece crear "un grupo de apoyo" para proveer esa ayuda junto con los organismos especializados.

Asimismo, plantea "establecer un grupo u otro mecanismo de facilitación para apoyar un nuevo proceso de diálogo" y "promover la implementación oportuna de los compromisos que asuman las partes".

Por otro lado, los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) presentaron el martes un proyecto que no incluye la mayoría de las demandas del texto del grupo de Perú, lo que ha desanimado a algunas delegaciones, indicaron a Efe fuentes diplomáticas.

En lo que sí coinciden los dos borradores es en pedir el cese de la violencia a todas las partes, un nuevo proceso de diálogo, la creación de un grupo que lo acompañe y en la invitación a Venezuela a reconsiderar su decisión de dejar la OEA.

Antigua y Barbuda, que pertenece al Caricom y votó en contra de la reunión, presentó días antes un proyecto de declaración crítico con Maduro al pedir la "cancelación" de la Constituyente, la liberación de los "presos políticos" y un calendario electoral.

Además, ofrece a Venezuela un "grupo de contacto" para facilitar un nuevo proceso de diálogo que esté conformado por "personas aceptables para el Gobierno y la Asamblea Nacional provenientes del hemisferio y de otras regiones".

Incorpora, asimismo, una denuncia indirecta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al indicar que "solo el Consejo Permanente está autorizado a hacer declaraciones sobre los asuntos internos de los Estados miembros".

Ninguna de estas propuestas es de consenso, por lo que será difícil redactar un texto que recabe los 22 votos necesarios o, si Venezuela da la sorpresa y asiste, los 23.

Una opción que se baraja, aunque no tendría la fuerza de una decisión aprobada en la OEA, es que algunos países publiquen una declaración por su cuenta, como han hecho en otras ocasiones.

Lo que no se votará en ningún caso es suspender a Venezuela, algo que solo puede hacerse en una Asamblea General convocada bajo la Carta Democrática Interamericana, una opción que incluso los Estados críticos con Maduro solo consideran un "último recurso" y que perdió fuerza cuando Caracas anunció su retirada de la OEA.