La represión política del gobierno venezolano ha calado también en los hogares.  Así lo denuncia la organización Amnistía Internacional (AI) en un informe en el que denuncia la campaña del gobierno de Nicolas Maduro de llevar a cabo allanamientos ilegales de viviendas de todas aquellas personas que sean sospechosas de ser disidentes del régimen.  

El informe de AI alerta que entre abril y julio de 2017 – los meses más conflictos, en los que más de 100 personas perdieron la vida en protestas callejeras- se llevaron al menos 47 allanamientos ilegales de morada, en el que las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas de personas presuntamente críticas con el régimen, o que habían participado en alguna protesta anti-Maduro en la calle, con el fin de intimidarlas.  

“En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

El informe, titulado “Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela”, desvela cómo las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el gobierno han irrumpido violentamente en los hogares de personas intimidándolas y disuadiéndolas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.

“Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población”, constató en el comunicado Guevara-Rosas.

Tras haber entrado en el interior de la vivienda, las fuerzas del orden preguntaban por “los jóvenes que estaban protestando”, explica AI, según el artículo publicado por La Vanguardia. “Abran, abran, que llegó el coco”, dijeron a una mujer residente en Miranda, en el norte de Venezuela.

El comunicado de AI insiste en que este tipo de allanamientos son “absolutamente ilegales” según el derecho internacional y la propia Constitución de Venezuela.