El pasado martes el país entero se vio sorprendido ante la sentencia de un juez de origen hispano que permitirá a la Administración Trump sortear varios obstáculos en su campaña por construir su prometido muro fronterizo.

El Juez Distrital Gonzalo Curiel emitió una sentencia de 100 páginas que permitirá al gobierno eludir varias leyes medioambientales y otras regulaciones para comenzar la construcción, según informó CNN.

Si bien la sentencia favorable no implica la construcción inmediata del muro – pues aún deben definirse las estrategias de financiamiento – el Departamento de Seguridad Nacional ya posee varios prototipos que serán visitados durante los próximos meses por el Presidente Trump.

La decisión de Curiel rechaza los alegatos del estado de California y de varios grupos activistas quienes denunciaban en su demanda el severo efecto medioambiental que tendría la construcción del muro en la zona, especialmente en el trayecto que afectaría una reserva natural.

Según explicó NBC San Diego, “la demanda argumentaba que la administración abusaba de las exenciones legales que requerían revisiones medioambientales y otras antes de que la construcción pueda comenzar”.

Para Curiel, sin embargo,  el Departamento de Seguridad Nacional no habría actuado más allá de su jurisdicción al autorizar la construcción de los prototipos de muro en la frontera entre Tijuana y San Diego, citando una ley del 2005 que otorgaba al Departamento “amplios poderes para esquivar decenas de leyes que requerían revisiones medioambientales, incluyendo la National Environmental Policy Act, Clean Air Act y la Endangered Species Act”, según continúa el medio.

La decisión de este juez de origen hispano ha sido fuertemente criticada por quienes consideran que su juicio debería estar orientado hacia la comunidad Latina. En su sentencia, Curiel defendió su postura argumentando:

“Como el compañero también originario de Indiana, el juez presidente Roberts observó al hablar de un caso rodeado de desacuerdos políticos: ‘Las cortes están investidas con la autoridad de interpretar las leyes; nosotros no poseemos la experticia o la prerrogativa de hacer juicios políticos. Esas decisiones están confiadas en nuestros líderes nacionales electos, quienes pueden ser sacados del puesto si el pueblo está en desacuerdo con ellos. No es nuestro trabajo proteger a la gente de las consecuencias de sus decisiones políticas”.

Esta respuesta es también inesperada considerando la trayectoria de la relación entre Curiel y el Presidente Trump, quien durante su campaña del 2016 acusó al juez de emitir sentencias “sesgadas” e “injustas”, cuando durante el mes de junio Curiel supervisaba las demandas en contra del proyecto universitario del magnate en San Diego.

“Todo el mundo lo dice, pero tengo un juez que odia a Donald Trump. Lo odia. Lo odia. Su nombre es Gonzalo Curiel, y no está haciendo las cosas bien,” decía Trump en un mitin de campaña en San Diego durante el 2016.

Para el entonces candidato, Curiel utilizaba sus recursos como juez en revancha por su campaña anti-Latina. Por su parte, el juez nunca emitió comentarios al respecto, pero su nueva sentencia a favor del muro de Trump – y su guiño a su nativismo en Indiana – parecen querer demostrarle al Presidente su profesionalismo y que, cuando de justicia se trata, Estados Unidos sigue sin distinguir origen o raza.