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PA AG Josh Shapiro. Photo: AL DÍA Archives
El fiscal general de PA, Josh Shapiro, se reunió con AL DÍA el lunes 18 de abril para hablar de algunos de los temas más urgentes de su campaña. Foto: AL DÍA Archives.

Josh Shapiro habla de la violencia, la educación, y más en su candidatura para gobernador

El candidato demócrata a la gobernación habló con AL DÍA la semana pasada, y comentó algunos de los temas más urgentes de la campaña.

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El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, está solo en el lado demócrata en la carrera de 2022 para gobernador de la mancomunidad.

Shapiro, que se especuló como la opción del Partido Demócrata de Pensilvania para gobernador mucho antes de su anuncio oficial de campaña en octubre de 2021, ha visto crecer sustancialmente su perfil político en los últimos 17 años.

Comenzó en 2005 como miembro de la Cámara de Representantes de Pensilvania por el distrito 153 del condado de Montgomery, y sirvió hasta 2011, cuando fue elegido comisario del condado de Montgomery. A partir de ahí, Shapiro pasó a ganar la carrera en 2016 para ser el nuevo Fiscal General de Pensilvania, donde sirve hasta el día de hoy.

A pesar de la falta de competencia inmediata, Shapiro todavía ha estado activo en salir a la carretera a través de Pensilvania junto a su candidato seleccionado a vicegobernador Austin Davis para difundir la palabra.

El lunes 18 de abril, Shapiro se reunió virtualmente con AL DÍA para hablar de algunos de los temas más urgentes de la campaña de 2022.

Lucha contra la violencia armada

Comenzó con la violencia por armas de fuego, que ha alcanzado niveles récord en Filadelfia y en todo el país a raíz de la actual pandemia de COVID-19.

Shapiro calificó los niveles de violencia de "inaceptables" y presentó un triple enfoque para combatir el problema.

El primer aspecto era la responsabilidad, y citó su historial como Fiscal General en la detención de traficantes de drogas y armas como lo que seguirá haciendo si fuese elegido gobernador. Mas específicamente en Filadelfia, Shapiro lanzó una iniciativa en Kensington en mayo de 2020 para combatir el flujo de drogas ilegales en la comunidad.

"Si coges un arma, si la usas, si traficas con drogas, tienes que rendir cuentas, y tienes que ser perseguido con todo el peso de la ley", dijo a AL DÍA.

No sólo en Filadelfia y Pensilvania, sino en todo el país, los departamentos de policía han luchado con la moral y la contratación desde el asesinato de George Floyd en mayo de 2020 por Derek Chauvin. La tragedia de Floyd fue lo que encendió el debate a través de los defensores de todo el país exigiendo cambios en la forma en que la policía interactúa con las personas y las comunidades de color. 

Pero para el conjunto de las fuerzas del orden, la tragedia ha tenido el efecto contrario, ya que los agentes se marchan en masa y los grupos de contratación se agotan. En Filadelfia, debido a la escasez de personal, el departamento de policía ha cambiado recientemente su requisito de residencia para los nuevos agentes. Ahora, los agentes tienen seis meses después de ser contratados para mudarse a la ciudad, en lugar de tener que haber vivido en ella un año antes de ser contratados.

Para Shapiro, el efecto de no tener suficientes agentes es que no hay agentes en las comunidades que hacen que los residentes se sientan seguros y que puedan crean conexiones valiosas.

"Si contratamos a más policías y financiamos más policías, habrá más oportunidades para que un agente de policía salga de su coche patrulla, recorra el barrio, conozca a los niños del vecindario, asista a las reuniones de la comunidad local, construya más confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad", dijo.

El tercer aspecto para combatir la crisis es que el Estado haga más para combatir algunos de los otros problemas subyacentes que contribuyen al aumento de la violencia con armas de fuego.

"Sencillamente, no hacemos lo suficiente para abordar la pobreza sistémica", dijo Shapiro.

Ese aspecto sistémico afecta a todo, desde la educación y el desarrollo de la mano de obra, hasta los recursos que existen para las personas que se enfrentan a problemas de salud mental y a la adicción a las drogas y el alcohol.

Más financiación y replanteamiento de la escuela

En cuanto a la educación, Shapiro cree que el Estado lleva mucho tiempo sin cumplir su mandato constitucional de financiar adecuadamente sus escuelas, incluido el Distrito Escolar de Filadelfia.

Desde 2016, Pensilvania ha utilizado su Fórmula de Financiación Justa para determinar cómo dividir la financiación de la educación estatal. La fórmula tiene en cuenta cosas como la cantidad de estudiantes en un distrito, cuántos de ellos viven en la pobreza, el ingreso medio de los hogares a los que sirve y la capacidad de un distrito para generar ingresos fiscales, entre otros factores. Shapiro cree que, en general, se debería poner más dinero a disposición de los distritos necesitados a través de la Fórmula de Financiación Justa.

En segundo lugar, dijo que quiere poner un consejero de salud mental en cada escuela en toda la Commonwealth para ayudar a los estudiantes a trabajar a través de algunos de los problemas de salud mental que traen a la escuela. 

Para la violencia armada en particular, AL DÍA ha encontrado que la salud mental es un factor importante, ya que los niños temen por su seguridad al salir de sus casas, o no tienen ninguna seguridad en absoluto dentro o fuera de la casa, y llevan el trauma a la escuela y su día a día. 

En tercer lugar, Shapiro dijo que el Estado debe eliminar las pruebas estandarizadas como forma de medir los logros de los estudiantes en la escuela.

"No mide el éxito de un estudiante y no ayuda a los profesores a enseñar", dijo.

En su lugar, Shapiro dijo que hay que poner más énfasis en la enseñanza de las artes, las ciencias y las humanidades, junto con la formación profesional, técnica e informática.

"Para que los estudiantes puedan alcanzar sus objetivos, sus sueños, sus metas, y no alguna meta o sueño u objetivo establecido por algún burócrata en Harrisburg en el Departamento de Educación", dijo.

Apoyo a la diversidad de las pequeñas empresas

Más allá de la escuela, Shapiro también habló de la necesidad de seguir haciendo cosas para apoyar financieramente a los habitantes de Pensilvania en el largo camino hacia la recuperación de COVID-19, especialmente cuando la preocupación por la inflación es galopante.

En ese sentido, Shapiro dio a conocer un plan de impuestos y recorte de gastos en tres partes que recortará el impuesto estatal a los teléfonos celulares, ampliará su programa de reembolso de alquileres e impuestos a la propiedad, e implementará un reembolso de gasolina dependiendo de la cantidad de autos que uno posea.

También hizo hincapié en el apoyo a más empresas negras y marrones en todo el Estado a través de su poder de contratación. Según mencionan algunas de las últimas cifras de gasto, sólo el 11% de todos los contratos estatales fueron a parar a pequeñas empresas diversas (propiedad de negros, marrones, mujeres o veteranos).

"Pensilvania tiene que utilizar su poder de compra para promover a los propietarios de negocios negros y marrones en Filadelfia y en toda la Commonwealth para darles la oportunidad de empezar a acumular una riqueza generacional, darles la oportunidad de proporcionar bienes y servicios a la Commonwealth, para que puedan contratar a más personas, para que puedan fortalecer a esas familias en esos barrios", dijo Shapiro.

¿Cerrar Berks?

El último tema sobre el que habló Shapiro fue el esfuerzo en curso para cerrar el Centro de Detención del Condado de Berks, que está siendo liderado por la Coalición Shut Down Berks junto con una serie de otras organizaciones de derechos de los inmigrantes. 

El Centro de Detención del Condado de Berks ha reabierto sus puertas como centro de acogida de mujeres inmigrantes a principios de este año. A principios de 2021, el centro liberó a todas las familias que albergaba y tenía planes iniciales de cerrar antes de que los comisionados del condado de Berks llegaran a un acuerdo con el ICE. 

Ese acuerdo también es objeto de una posible demanda porque se hizo sin la participación del público. En junio de 2021, un juez dictaminó que el caso podría seguir continuar su proceso contra los comisionados.

Shapiro citó su esfuerzo como AG para exigir el fin de la detención de familias en la instalación y las peleas anteriores con la administración Trump para defender a los inmigrantes en el Estado. 

Sin embargo, también dijo que como Gobernador, no había mucho que pudiera hacer más que ser un defensor porque el acuerdo que se hizo fue entre el condado y el gobierno federal.

"Creo que lo que esto hace es resaltar la necesidad, de nuevo, de una solución federal cuando se trata de la inmigración", dijo Shapiro. "Necesitamos una reforma migratoria integral que salga de Washington. Es una de las pocas acciones requeridas de nuestros funcionarios federales electos, y sin embargo han fracasado en hacerlo durante múltiples administraciones."