Inmigrantes con serios problemas
mentales han permanecido detenidos sin que el sistema se ocupe de
evaluar su estado mental, argumenta una demanda colectiva presentada
en Los Ángeles por varios grupos de defensa civil.

Según Public Counsel, La Unión Americana de Libertades Civil del
sur de California (ACLU/SC) y Sullivan & Cromwell, organizaciones
que presentaron el lunes la primera demanda colectiva nacional de
ese tipo, uno de los inmigrantes representados estuvo cerca de cinco
años en el sistema carcelario sin que hubiera un caso pendiente
contra él y sin la posibilidad de buscar su libertad, debido a sus
limitaciones.

"En nuestro sistema de inmigración existe un gran vacío de
procedimientos que permitan atender a estas personas con
limitaciones mentales", afirmó la abogada Talia Inlender, del
Public Counsel.

Inlender, que forma parte del grupo de abogados que presentó la
demanda, aseguró que la falta de un tratamiento justo a los
detenidos con problemas mentales, "arruina la vida no sólo de los
detenidos sino de sus familias".

La demanda surgió por el caso de José Franco-González, un
mexicano de 29 años que sufre de retardo mental, cuyos padres son
residentes legales y quien tiene pendiente una petición que le
permitiría solicitar un permiso de residencia permanente.

El inmigrante fue condenado por asalto con un arma mortal y
cumplió un año en la cárcel, por haber lanzado una piedra durante
una pelea entre pandillas rivales, señaló Inlender.

La representante de Public Counsel dijo que Franco, "fue
simplemente olvidado por un sistema que no tiene un mecanismo para
lidiar con personas que sufren de problemas mentales.
Desafortunadamente su caso no es el único".

Su caso deportación se cerró en 2006 y desde entonces,
Franco-González estuvo "olvidado y trasladado a través de un sistema
de cárceles, hospitales psiquiátricos y centros de detenciones", sin
que su situación fuera resuelta, argumentó la demanda.

La abogada de Public Counsel explicó que su organización logró la
libertad de Franco-González en marzo, tras interponer un recurso de
"hábeas corpus" demostrando que se encontraba detenido injustamente.

Otro de los casos que movió a las organizaciones a presentar la
demanda colectiva fue la detención de Guillermo Gómez-Sánchez, de 48
años, quien estuvo más de cuatro años privado de la libertad, aunque
su caso fue suspendido en 2005.

Gómez-Sánchez -un residente legal diagnosticado con esquizofrenia
paranoide- cumplió un año de una sentencia de dos tras una condena
de asalto en 2004, por un forcejeo luego de tomar algunos tomates
sin permiso.

La demanda colectiva -que representa inicialmente seis casos de
inmigrantes de California y Washington- pide que una corte federal
de distrito ordene al Gobierno la creación de un sistema que
determine cuáles inmigrantes carecen de competencia mental para
representarse a sí mismos.

Las cortes de inmigración y sus instalaciones de detención
carecen de sistemas para asegurar que los derechos de las personas
con graves problemas mentales sean protegidos, afirma la demanda.

Por tratarse de casos en proceso legal, las autoridades de
Inmigración no hicieron ningún comentario, aunque en un comunicado
ratificaron su política de "continuar mejorando el sistema de
tratamiento de los indocumentados", anunciado como un programa de
reforma hace un año.

Reportes de ACLU/SC calculan que entre 2 y 5 por ciento de los
detenidos en la nación por autoridades de inmigración -7.000 a
19.000- personas pueden tener serias limitaciones mentales.

Según resaltó Michael Steinberg, socio de Sullivan & Cromwell,
"ignorar las necesidades de quienes sufren enfermedades mentales lo
único que logra es degradar nuestro sistema de justicia".